El 22 de abril de 1978, la patota de la Comisaría de Berazategui cazó a Raúl Aguirre, a quien torturó y obligó a darles lo que buscaban: a su medio hermano, Horacio Wenceslao Orué. Con Aguirre destrozado, lo fueron a buscar esa misma noche a una casa en Rafael Calzada. Era la casa de la tía de ambos, Marcelina Juani, quien vivía allí junto a sus hijos Marcelo y Ariel, de 9 y 14 años, y le había dado alojamiento a Horacio. Ella y sus hijos fueron secuestrados; Horacio, asesinado y escondido su cuerpo en un cementerio del conurbano. De Raúl no se supo más nada. El operativo quedó registrado en los archivos de la Policía bonaerense, con nombre y apellido de por lo menos siete efectivos que participaron. De todos ellos, solo uno llega vivo y en condiciones al juicio oral que por estos hechos comenzará este jueves: el policía bonaerense retirado Juan Humberto Keller. El ministro bonaerense de facto Jaime Lamont Smart lo acompañará en el banquillo de los acusados.

Finalmente, y tras el apuro que la Cámara de Casación imprimió al expediente en junio pasado, el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, integrado por la jueza Karina Yabor y sus colegas Ricardo Basílico y Andrés Basso, dará comienzo a este juicio de lesa humanidad al mediodía de este jueves. La investigación sobre este caso culminó en la justicia federal de Lomas de Zamora en octubre de 2020. Entonces, la fiscal Cecilia Incardona solicitó al juez Juan Pablo Augé que envíe a juicio oral a Keller, a Smart, al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, que por entonces seguía vivo, y a Héctor Amado, oficial subinspector de la Bonaerense retirado, procesados por el homicidio de Orué, los secuestros y las torturas sufridas por Aguirre, Juani y sus hijos y el robo de sus pertenencias –tras el operativo, la patota desvalijó la casa–. En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal solicitó, también, “la extracción de testimonios a fin de proseguir la investigación respecto de Ángel Salvatore”, otro bonaerense involucrado.

Un año antes, por impulso de Incardona, se había logrado la detención de Amado y Keller, así como de los policías retirados de la Comisaría de Berazategui Juan Domingo Salerno y Carlos Alberto González y ya se buscaba a Salvatore. Salerno falleció antes de ser juzgado, Amado y González fueron apartados del proceso por cuestiones de salud, Salerno todavía no fue encontrado. El resto de los bonaerenses implicados en el operativo ya habían fallecido cuando el expediente recobró impulso. La instrucción había involucrado a Miguel Angel “Nazi” Wolk, bonaernese retirado que actualmente juzgado por los crímenes del Pozo de Banfield, centro clandestino que dirigió durante la última dictadura, aunque la Cámara Federal de Apelaciones platense consideró que su procesamiento, en el que había avanzado Augé, no contaba con elementos que lo respaldaran. En el auto de elevación a juicio fiscal, Incardona solicitó su sobreseimiento.

Un operativo registrado

El plan sistemático de secuestros, torturas y exterminio desplegado durante la última dictadura cívico militar fue clandestino y por lo tanto, difícil de reconstruir a la luz de la justicia y la verdad. Sin embargo, algunos operativos criminales desarrollados por las fuerzas militares y de seguridad quedaron registrados en sus propios laberintos burocráticos.

El legajo 11555 sección 903 de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) cuenta la versión genocida del operativo de Rafael Calzada que tuvo a Horacio Orué, su medio hermano, su tía y sus primos como víctimas y a la patota de la Comisaría de Berazategui como victimarios. La carpeta está fechada en el 25 de abril de 1978 y contiene un breve comunicado emitido por la Unidad Regional La Plata que cuenta que el día 22 de abril de 1978, personal policial efectuó un procedimiento en Berazategui que derivó en la detención de “cuatro N.N. masculinos, uno de los cuales indicó un ‘aguantadero’ en Rafael Calzada, lugar al que concurrieron. Allí se originó un enfrentamiento armado resultando abatido un (1) N.N. masculino y detenido un (1) N.N. femenino”, es decir Orué y Juani.

El documento también contiene un memorándum en el que el comisario de Berazategui Rodolfo Ricardo Cuartucci nombra a la patota que participó del reviente: junto con Amado, Keller, Salerno, Salvatore y González menciona a Rogelio Meza, Inocencio Saucedo, Eustaquio Ávila, Julio Héctor Santillán. Todos ejercían al momento de los hechos bajo el mando de Cuartucci, quien resume en el memo la versión de siempre de la dictadura: intento de detención, tiroteo, asesinato. En el documento también figura que por orden de las autoridades militares del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada el cuerpo de Orué “debía ser inhumado de acuerdo a la práctica”. La “práctica” era inhumar los cadáveres sin identificar. A Orué le tocó el cementerio de Calzada como destino, la familia supo con el tiempo.

Los testimonios

Marcelina Juani denunció su secuestro y el de sus hijos Marcelo y Ariel, ante la Conadep en 1984. Entonces, contó que todo sucedió el 22 de abril de 1978 entre las 21.30 y las 22.00. Que le tocaron timbre en su casa tres hombres que se identificaron como “Inspector de calle Meza y otro Salerno”, que la obligaron a “permanecer tirada en el jardín de su vivienda en compañía de sus dos hijos menores de edad, lapso durante el cual escuchó un tiroteo a

cuya finalización le fue informado que su sobrino Horacio había fallecido”. Marcelina y sus hijos fueron llevados a la comisaría de Berazategui, donde funcionó un centro clandestino de detención. “Están ahí por terroristas”, recordó entonces que le dijeron. También mencionó que allí oyó la voz de su sobrino Raúl Aguirre, a quien no vio nunca más. Por último, testimonió que quedó en libertad a mediados de mayo siguiente, que Cuartucci le pidió “disculpas”, pero que le advirtió que “no volviera por su casa por lo menos en dos años”. Había sido saqueada: “botines de guerra”, definió el comisario.

Marcelo, que tenía 14 años cuando fue secuestrado, sumó su testimonio décadas después, cuando se reabrió la investigación sobre los hechos en Lomas de Zamora. Ariel, que era un pequeño de 9 cuando la patota ingresó a su casa armas y granadas en mano, falleció a principios de la década de los 90.

El hombre relató que la patota irrumpió en la casa al grito de “Policía, abrí la puerta” mientras él, su hermano y su primo, Orué, miraban dibujitos animados en el living. Orué, que dormía en una habitación al fondo de la casa, intentó huir. Marcelo abrió: dos personas de civil se le pusieron enfrente. Una tenía un arma en la mano, la otra una granada, detrás había más que gritaban “¿cuántos son?, ¿cuantos son? Tirale una granada, así salen todos o se mueren adentro”. El entonces adolescente de 14 años agarró la granada mientras “le decía llorando que sólo estaban ahí su hermanito y su madre”, reproduce el auto de elevación a juicio fiscal. Lo que siguió es el asesinado de Orué y el secuestro de Marcelo, su hermano y su mamá, previo a recibir amenazas y golpes en su casa, durante el operativo, y la libertad, días después.