El proyecto sobre libertad religiosa, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, coloca a la actual gobernanza en las antípodas del liberalismo. Es por completo antinómico de aquel texto reverencial “Sobre la libertad” de John Stuart Mill, a quien estoy segura no ha leído buena parte de la membresía del actual elenco gubernamental. El proyecto atrasa los presupuestos liberales de fijación de las dimensiones de competencia del Estado en más de dos siglos y sorprende que haya podido tener la aquiescencia -o la actitud negligente- de quienes profetizan augustamente acerca de las cortapisas a la vida republicana. Este proyecto hace depender los derechos personalísimos ganados -que otorgaron más garantías a las acciones privadas de las gentes quitando las coerciones morales-, para sujetarlos a la arbitrariedad religiosa de quienes se oponen a esos derechos mediante el trámite de la objeción de conciencia.  

Este instituto fue históricamente un recurso del libre albedrío para oponerse a las iniciativas conservadoras de los estados y, ahora, ha cambiado notablemente su sentido. En tren de hacer depender el derecho civil de la sacramentalidad religiosa de los funcionarios estatales podría volverse a etapas anteriores a la laicidad y al civilismo que conquistaron nuestras naciones. ¿Esta propuesta antediluviana no podría re-examinar el matrimonio civil, o los registros  de nacimientos y muertes y hasta los cementerios para devolverlos a las comunidades religiosas? Es muy curioso este retroceso pues hasta la Iglesia Católica adoptó el punto de vista del acuerdo civilista desacralizado. Que sepamos hace mucho tiempo que los sacerdotes sólo casan a las parejas cuando estas muestran la debida evidencia de haber pasado por el Registro Civil. Y el Papa Francisco indicó que no están excluidos quienes se han divorciado gracias a la ley civil y merecen todo el acogimiento.

Este proyecto no es sólo anacrónico en una perspectiva historiográfica, es un grave atentado a las libertadas consagradas por la Constitución y por las leyes ganadas que han incrementado el plexo de los derechos humanos en nuestro país.  No escapa que lo más enojoso para las mentalidades apegadas al orden sacramental es la consagración del matrimonio igualitario y la alteración de la identidad de género. Pero están también en juego los protocolos para atender los abortos no punibles y, desde luego, no se nos escapa que es una ley que se anticipa a la despenalización del aborto.

No se pueden debatir en el Congreso los límites a los derechos humanos conquistados, en todo caso sí su ampliación, de la misma manera que estos no pueden plebiscitarse. Sólo cabe una medida: que el Poder Ejecutivo retire este infausto proyecto.

* La autora es socióloga e historiadora.