En el marco del planteo de inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy presentada por el Ministerio de Justicia de la Nación, la Corte Suprema de Justicia le dio un plazo de 60 días al gobierno de Gerardo Morales para presentar pruebas. Luego también permitirá que la demandante presente pruebas.
Sin embargo, a pesar de que está pendiente de resolución este recurso, el Poder Legislativo jujeño avanza con proyectos de ley del Ejecutivo para aplicar aspectos reformados en la nueva Constitución. El constitucionalista y ex juez federal Vicente Casas, que consideró que "la Corte ha dado un paso importantísimo" al correr traslado a la provincia, advirtió sobre la posibilidad de que estas iniciativas sean nulas, si es que la Corte Suprema decide que el texto reformado es inconstitucional.
La notificación de la demanda a la provincia se hizo el pasado 10 de octubre, fue dirigida al gobernador como jefe de la administración pública y al fiscal de Estado, Miguel Rivas. La novedad reavivó la esperanza entre quienes resisten la reforma, aprobada el 20 de junio último, por considerar que avanza sobre derechos, entre ellos los pueblos indígenas.
En agosto último el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, se expidió a favor de la acción y de que sea resuelta por la Corte Suprema. “El fiscal observaba que había gravedad institucional en la demanda y advertía que están en juego las instituciones de la provincia", reseñó Casas.
El planteo de inconstitucionalidad fue interpuesto como acción declarativa, pero el máximo tribunal nacional decidió que se tramite como un proceso ordinario. “Un juicio ordinario común le da la posibilidad a la provincia para que ofrezca pruebas, invoque derecho", que "rebata a la demanda", y luego la actora "podrá presentar pruebas", explicó Casas. “(Con esta decisión) La Corte pone en crisis judicial a la reforma de la Constitución", sostuvo el constitucionalista. "Cuando la Corte admite la demanda y le ordena a la provincia que conteste, (la reforma) está en veremos judicialmente", sujeta a lo que diga la Corte Suprema, añadió.
Inseguridad jurídica
El constitucionalista advirtió que si la Corte llegara a declarar la inconstitucionalidad" de la nueva Constitución de Jujuy, “todos los actos que se realicen siguiendo los lineamientos de la reforma (...) caerían por nulos”, por lo que recomendó "prudencia". Entre estos actos se cuentan proyectos de ley para avanzar en aspectos aprobados en la reforma. Precisamente, hoy se realizará la sexta sesión ordinaria en la Legislatura provincial y está previsto que entre los proyectos del Ejecutivo se trate uno referido al Ministerio Público de la Defensa y otro sobre la creación de la Auditoría Provincial, órgano que con la reforma desplaza la figura del Tribunal de Cuentas.
En este sentido citó como ejemplo el caso del Tribunal de Cuentas, órgano de control de las cuentas públicas de la provincia que con la nueva Constitución fue reemplazado por la Auditoria Provincial. El ex juez invitó a pensar qué pasaría si esta Auditoría auditara las cuentas de octubre 2023, "y en un año la Corte dice inconstitucional la reforma, inmediatamente cae la aprobación de esa auditoría y tiene que ir a lo que era el Tribunal de Cuentas. Es para pensar qué pasos se van a llevar adelante”, advirtió.
Puso otro ejemplo con la figura del fiscal del Superior Tribunal de Justicia que desapareció con la reforma. “Supongamos que se declare la nulidad de la reforma, todo lo realizado por el funcionario que reemplazó al fiscal del STJ cae y entre ellos puede haber acusación penal. Es muy delicado y crea una incertidumbre jurídica que los que tienen la responsabilidad de sancionar leyes deben mirar con atención”, reflexionó Casas, aunque señaló: "Esto no es matemática, es opinable".
El constitucionalista recordó que hay un principio de la Constitución Naciona por el que desde 1853 las provincias administran sus propias instituciones, se rigen por ellas y eligen a sus autoridades sin la intervención del gobierno federal. Añadió que "cuando la Corte le corre traslado de la demanda de inconstitucionalidad a la provincia está respetando aquel principio y está diciendo acá hay algo que tenemos que estudiar de la reforma”.
Y en este aspecto señaló varios artículos contradictorios en el texto de la Constitución reformada. El artículo 5, por el que "la provincia se arroga en la reforma la facultad de legislar sobre la intervención federal, lo que está delegado a la Nación hace más de 150 años". También señaló que "hay duplicidad" en el caso del recurso de habeas data, "que ya estaba en la Constitución Nacional y ahora venimos a descubrir e incorporar en Jujuy y no hacía falta". Asimismo, "La reforma se arroga representación de derecho internacional cuando dice que son varios tratados internacionales de jerarquía constitucional firmado por la Nación, cuando no hace falta decirlo porque son facultades delegadas por las provincias a la Nación”.
El ex juez está avanzando en un texto “Críticas a la Reforma de la Constitución del 2023”, en el que señala las contradicciones de cada artículo reformado, comparando con la Constitución Nacional. “Eso la Corte lo va a ver porque cuando abrió la acción de inconstitucionalidad, dice: aquí hay algo que debemos resolver. Creo que la van a declarar nula”, sostuvo Casas.
De Tribunal de Cuentas a Auditoría
Respecto al proyecto del Ejecutivo jujeño sobre la creación de Auditoría Provincial, la secretaria general de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), Susana Ustárez, ratificó la resistencia a la reforma y los cuestionamientos que vienen señalando desde un comienzo respecto a la modificación del organismo de control de fondos públicos.
Ustárez recordó que el proceso de transformación nacional de auditorías generales de los años 90 terminó en el 92 con la transformación última en Salta. En estos 30 años no hubo otra transformación, en este sentido dijo: "el planteo de inconstitucionalidad es claro, incluso de nulidad del proceso por vicios legales". También señaló el hecho de que el Ejecutivo provincial esté avanzando con el proyecto de ley de la Auditoría aun cuando está pendiente el fallo de la Corte Suprema sobre el planteo de inconstitucionalidad de la reforma.
Sin embargo, señaló que pese a sus objeciones, APOC hizo aportes al proyecto, a pesar de que el oficialismo lo presentó ya cerrado. "Una vez más el Legislativo, al estilo del tratamiento express de la reforma, apura y cierra debate. No consulta a actores del Tribunal, a colegios de profesionales, entre otros, para enriquecer un proyecto. Somos respetuosos de la mayoría pero no tuvimos un debate para un proyecto viable y un control público de calidad", cuestionó.
