Amnistía Internacional (AI) le pidió al gobierno de Colombia tomar medidas urgentes para evitar los atentados contra líderes de derechos humanos, que en los últimos tres años se cobraron la vida de más de 600 personas según el relevamiento realizado por ONGs.
Para la organización internacional de derechos humanos, las autoridades colombianas “fallaron” al no adoptar acciones para proteger a los dirigentes comunitarios.
"Amnistía Internacional ha recibido innumerables denuncias de personas defensoras de derechos humanos en Colombia que sufren ataques y amenazas por la labor que desempeñan", expresó la directora para las Américas de AI, Ana Piquer.
Piquer agregó que entre 2020 y 2023 han observado que "las autoridades han fallado en adoptar acciones estatales para garantizar la protección colectiva de personas que defienden los derechos humanos, en particular, quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en distintas zonas del país".
Cifras preocupantes
AI recopiló las cifras que entidades estatales y ONG publicaron sobre los asesinatos de defensores de derechos humanos.
Según el Programa Somos Defensores, por ejemplo, 199 líderes sociales fueron asesinados en 2020, 139 en 2021 y 197 en 2022.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) documentó hasta septiembre de este año el asesinato de 127 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Diferencias entre el gobierno de Duque y Petro
Desde AI manifestaron que durante el gobierno de Iván Duque, que fue presidente entre 2018 y 2022, el Ejecutivo adoptó "medidas contraproducentes" para proteger a los defensores además de resistirse a cumplir los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz, firmado por el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016.
Luego, sostuvieron, el gobierno del presidente Gustavo Petro mostró "intenciones de cambiar la situación" pero se "pudo verificar que la violencia contra personas defensoras de derechos humanos continuó durante su mandato".
"Las autoridades colombianas deben adoptar medidas de protección colectiva para abordar las causas estructurales del riesgo en que están inmersas las personas defensoras y sus comunidades, especialmente en los casos de aquellas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente", expresó Piquer.
