La Justicia detuvo anteanoche a cuatro padres de alumnos sospechados de realizar amenazas de bomba en contra de colegios secundarios de Rosario. El fiscal de la Unidad de Cibercrimen, Gustavo Ponce Asahad ordenó los arrestos en el marco de la investigación por el delito de intimidación pública, vinculado a una ola de llamadas anónimas sobre establecimientos educativos.
Los detenidos son dos hombres y dos mujeres, todos padres de alumnos de colegios que figuran como titulares de los teléfonos celulares con los que presuntamente se realizaron las falsas amenazas. La Policía de Investigaciones ‑PDI‑ secuestró celulares y otros elementos en siete allanamientos.
El director de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Darío Chávez, relató "que los allanamientos se hicieron en un horario en que las familias estaban cenando en sus casas". "Obviamente no se utilizaron los grupos de irrupción de la policía. No se derribó ninguna puerta. Pero la situación de estar una familia sentada alrededor de una mesa a la hora de la cena y tener que llevarse demorado al titular de la línea, que pudo ser el papá o la mamá que estaban en esa cena y que los chicos reconocieran que utilizaron el teléfono, es una situación que no la quiere vivir nadie", señaló Chávez. Para el funcionario "es el momento para que los chicos reflexionen sobre lo que están haciendo y que piensen muy bien antes de actuar porque causan un tremendo cimbronazo familiar", dijo. Y añadió que "ninguno de los padres detenidos tiene historias de conflictos con la ley. De golpe tienen que atravesar todo esto por la travesura o picardías de los chicos, que tienen que reflexionar".
La ley castiga este delito con 2 a 6 años de prisión.
