El Ministerio Público Fiscal y las querellas particulares en el juicio que se sigue por la Masacre de Río Luján solicitaron al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín que condene a los policías bonaerenses retirados Hermes Acuña y Samuel Bunge Diamante por su responsabilidad en el homicidio calificado y posterior encubrimiento de Carlos Lagrutta, Carlos Molinas Benuzzi, Carlos Tuda, Luis Bocco y Guillermo Rodríguez --todos ellos militantes de Montoneros. Para Acuña, quien participó del operativo antisubversivo, la fiscal Gabriela Sosti y las querellas de las familias de algunas víctimas pidieron pena de prisión perpetua. Para Bunge Diamante, quien estuvo a cargo del sumario que registró las muertes y evitó su investigación, el pedido fue de seis años de encierro, la máxima para el delito atribuido. Los militantes fueron fusilados en un operativo policial que los sorprendió mientras trasladaban un camión con granos que habían robado en la madrugada del 12 de abril de 1975. Se habían entregado a las fuerzas, y aún así fueron acribillados.

En abril de 1975 Montoneros planificaba un operativo militante: “Desapoderar un camión de transporte de cereal de los que pasaban con frecuencia por la Ruta 9”, apuntó Sosti en la introducción del hecho en juicio desde el 13 de septiembre. A aquella acción, estuvieron abocados las víctimas del debate oral y público, dos sobrevivientes –Alberto Badino y Antonio Fernández– y varies militantes que no actuaron aquella madrugada, pero participaron de la preparación. Sosti culminó su alegato hace dos semanas; en la audiencia de ayer lo hicieron la querella del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (Codesedh) y la que representa a la familia Bocco, una de las víctimas. El análisis y las penas solicitadas descansaron en el alegato fiscal. 

La acción militante

La reconstrucción del operativo militante fue posible gracias al relato de los sobrevivientes Badino y Fernández –ninguno llegó con vida al juicio oral. En su alegato, Sosti se basó en los testimonios que ofrecieron en instancias preliminares, incluso en el juicio por la Megacausa de Campo de Mayo. El grupo de Montoneros planificó detalladamente la acción. Primero robaron dos Ford Falcon, uno verde y otro rojo. Al rojo lo simularon a modo de patrullero, con ayuda de compañeras de los militantes que actuaron la madrugada de abril. Con esos vehículos robaron un camión de girasol que conducía Pedro Ortiz por la Ruta 9, a la altura de Otamendi, y lo desviaron por la Ruta 4. De allí volvieron a desviarse para tomar un camino más oscuro y a resguardo, rumbo a Paraje Río Luján. Allí los emboscó la Policía. Venían en tres autos civiles, con una decena de personal de civil fuertemente armado.

Se tirotearon un rato y los militantes se rindieron cuando vieron que la mayoría estaban heridos. Cesaron los disparos; Badino y Fernández pudieron escapar. El resto no. Cuando los efectivos los tuvieron a mano, los fusilaron. Se concretaba la Masacre del Río Luján.

“La irrupción de la Policía no fue sorpresiva ni fruto del azar: fue producto de la inteligencia de la fuerza. Los militantes estaban fichados, eran perseguidos desde hacía años”, apuntó Sosti durante el alegato transmitido por el canal comunitario La Retaguardia. La fiscal remarcó que el “aparato represor de la policía tuvo un rol protagónico en los tiempos previos” al golpe del 24 de marzo de 1976. Las cinco víctimas y el resto de los militantes estaban “fichados” en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que trabaja en coordinación con el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. “Sabían todo lo que hacían los militantes, el sistema de Inteligencia estaba aceitado”, remarcó la fiscal.

Los acusados

El operativo policial que dio con el robo del camión de girasol estuvo comandado por la Unidad Regional bonaerense de Tigre, cabeza de las 12 comisarías que entonces funcionaban en zona norte. Entre ellas, la de Campana, cuyos funcionarios fueron importantes a la hora de encubrir los hechos. De los 11 policías involucrados, solo dos llegaron a juicio: Hermes Acuña, por entonces oficial subinspector de la Unidad Regional de Tigre, y Samuel Bunge Diamante, oficial principal de la Comisaría de Campana.

El primero participó del operativo. Para él, Sosti solicitó la pena de prisión perpetua. El segundo estuvo a cargo del expediente que recogió sus consecuencias y las encubrió. Tomó nota de los hechos, tomó declaraciones a los policías involucrados, citó autopsias –en las que se aclaraba que los cuerpos de los militantes tenían impactos de bala en la garganta, en las axilas, en el hígado, en la cabeza– y concluyó que las víctimas habían muerto durante el enfrentamiento, hechos que no debían ser investigados. Se lo acusó de dejar de comunicar a la autoridad sobre la comisión de un delito y de falsificación ideológica de documento público, delitos por los que el máximo de la pena prevista es de seis años. Eso solicitó la fiscal.

Los juicios de lesa y el presente

La fiscal se permitió introducir su alegato con una mención a la importancia de los juicios de lesa humanidad en el marco de la discusión política en el país. "Estos juicios atraviesan la historia, nos impulsan a contarla, tal vez hoy más que nunca" para "entender cuáles fueron las razones del genocidio y sus estadíos preparatorios" lo que "debería ser una alerta" que evidencie que lo que sucedió "cada vez que en nuestro país se impulsaron las ideas de rediseño como el que se impuso gracias a ese exterminio".

"Argentina era un país con casi pleno empleo, pujante industria nacional y una red de pymes que daban cuenta de más del 60 por ciento del empleo, vinculado al mercado interno. Todo eso quedó destrozado" tras el terror de la dictadura: "Más de 20 mil fábricas cerraron en dictadura. Recesión, inflación, desnacionalización de la economía, toma de deuda externa, produjeron una transferencia obscena de riqueza de toda la sociedad a sectores monopólicos".

Además, estos debates sirven para "poner en evidencia el peligro extremo de discursos que proponen la eliminación del enemigo, que intoxican el tejido social y habilitan el pasaje de la violencia simbólica a la violencia real". "No deberíamos ser indiferentes", insistió Sosti, en lo que sucede por estos tiempos cuando "se reivindica el genocidio en la Argentina. Esto no debería pasar".

Por último destacó "el rol de la justicia poniendo luz sobre aquellos tiempos de extrema ilegalidad y castigando esa extrema criminalidad, la del Estado contra su pueblo". Aquello "debe seguir siendo un faro, un límite tajante, clasurante, definitivo" a cualquier intento negacionista y apologista del terrorismo de Estado. "En Argentina no hubo una guerra, ni errores ni excesos, hubo un genocidio que aún hace sentir las consecuencias de sus destrozos. Nunca más es nunca más. El pasado está vivo en nuestro presente", concluyó.