El Tribunal Constitucional español suspendió ayer de forma cautelar la convocatoria del referéndum fijado para el 1 de octubre por el gobierno de Cataluña para decidir sobre la independencia de esa región, informaron medios locales. El presidente catalán Carles Puigdemont avisó que organizará la consulta aunque “haya un tsunami de querellas”. 

El alto tribunal admitió a trámite los cuatro recursos interpuestos por el gobierno de Mariano Rajoy contra la convocatoria del plebiscito y contra otras resoluciones adoptadas el miércoles por el Parlamento catalán encaminadas a la celebración de la votación. El Ejecutivo español solicitó al Constitucional la nulidad de estos acuerdos y le pidió que notifique su resolución de forma personal a los miembros del gobierno catalán, a responsables relacionados con la consulta soberanista y a los alcaldes catalanes. “Esa consulta no se va a celebrar en ningún caso”, dijo previamente Rajoy en una intervención ante los medios. “La convocatoria supone un claro e intolerable acto de desobediencia a nuestras instituciones democráticas”, añadió.

El Constitucional acordó apercibir personalmente a los 947 alcaldes catalanes, a al menos 62 altos cargos de la Generalitat, a los responsables de los Mossos (policía) y a los medios públicos catalanes, entre otros, a quienes les recuerda el deber de obedecer la prohibición de no participar en la organización del referéndum. Y se les avisa de que, en caso de no acatar la prohibición, se enfrentan a responsabilidades incluso penales. El tribunal acordó también la notificación personal de la resolución a todos ellos y les recuerda su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. Sin embargo, no hizo caso a la petición del Ejecutivo español de deducir testimonio (abrir la vía penal) contra Puigdemont, y los consejeros firmantes de la convocatoria.

El presidente del gobierno catalán aseguró en una entrevista al canal catalán TV3 que no teme las resoluciones del Constitucional y que mantiene los preparativos de la consulta. “Ante un tsunami de querellas habrá un tsunami de democracia”, destacó. El Ejecutivo de Puigdemont firmó en la noche del miércoles el decreto de convocatoria del referéndum tras una tensa sesión en el Parlamento de la región en la que se aprobó, gracias a la mayoría de los partidos independentistas, una ley concebida para dar cobertura legal a la consulta, lo que abrió una crisis institucional sin precedentes.

Rajoy, quien considera el referéndum ilegal, destacó que la imagen de lo que ocurrió en el Parlament (Parlamento catalán) a ojos de Europa y todo el mundo es uno de los mayores golpes que recibieron las instituciones. “No sigan por ese camino, no liquiden sus propias instituciones, renuncien a poner por las bravas aquello que no consiguen en una libertad democrática” subrayó Rajoy, apelando de forma directa a los independentistas.

Finalmente, el dirigente conservador afirmó que comparte la inquietud de la gente porque nunca asistieron a un ataque igual al pacto de convivencia. Sin embargo, pidió a los catalanes que no asistan a esto como algo alejado, porque se está hablando de su futuro y su convivencia. “Les debe preocupar, pero pueden mantener la confianza en sus instituciones y su democracia. Nadie va a vacilar para cumplir su deber. Se hará con serenidad y con dignidad”, afirmó.

Desde el frente judicial y en línea con Rajoy, el fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, anunció dos querellas criminales por la convocatoria a la consulta, una contra Carles Puigdemont y todo su gobierno, y otra contra los diputados que permitieron que se admitiera a trámite la ley que pretende amparar la iniciativa. En una comparecencia sin preguntas, Maza explicó que también dio órdenes a las fiscalías de los tribunales de Cataluña para que, con auxilio de las fuerzas de seguridad, se investiguen las actuaciones dirigidas a la celebración del referéndum en Cataluña por ser constitutivas de delitos de desobediencia,prevaricaton prevaricato y malversación. Estos delitos podrían conllevar a la suspensión e inhabilitación de los dirigentes políticos implicados en la iniciativa considerada ilegal.

El Parlamento Europeo (PE), en tanto, a través de su presidente Antonio Tajani, dijo que el referéndum es una acción contra el marco jurídico de la Unión Europea (UE), en una carta publicada ayer en la que subraya que una Cataluña independiente quedaría automáticamente fuera de la UE. “Cualquier acción contra la Constitución de un Estado miembro, es una acción contra el marco jurídico de la UE”, especificó el político italiano en respuesta a una pregunta de la eurodiputada española Beatriz Becerra.