El 10 de noviembre de 2018, Franco Silvestri (26) junto a Malcom Vittón (33), Sebastián Berra (31), César Ezequiel Jones (31) viajaban a Buenos Aires para ver a su club amado, Boca Juniors, en el superclásico contra River, cuando fueron embestidos de frente por una camioneta manejada por Francisco Lucesole, quien manejaba alcoholizado y con casi el triple del permitido en sangre. Desde entonces, las familias realizan un duro peregrinaje por Justicia y ahora, cinco años más tarde, temen que el cuádruple homicidio quede impune por la falta de acción del Poder Judicial.

Por el cuádruple asesinato se abrió una causa que, pese a haber pasado más de 1.800 días, todavía no llegó a la instancia de juicio oral. Consultado por este panorama, Carlos Silvestri, padre de Franco, lamentó por AM750 la falta de compromiso de parte de los jueces y fiscales y adviritó que la causa podría quedar en la nada.

“A cinco años de la tragedia todavía estamos transitando las instancias judiciales para obtener algo de consuelo. Nunca vamos a alcanzar justicia sabiendo que el marco normativo contempla como máximo hasta seis años de cárcel y que para eso tienen que estar dados todos los agravantes, cosa que no se han podido demostrar todos acá”, señaló entrevistado por Víctor Hugo Morales.

Además, enumeró con enojo todas las instancias que agravarían la falta de justicia: “Si lo condenan, le darían cinco años. Y sabemos que el Código Procesal Penal establece que si el condenado se arrepiente, le restan seis meses, y si se porta bien, otros seis, y si lee la biblia, otros seis, y si hace un curso de bonsai, otros seis. En dos años va a estar de vuelta libre como ahora”.

Silvestri, que desde el trágico accidente participó de mesas debates y paneles destinados a concientizar e impulsar proyectos de alcohol cero al volante, enfatizó que incluso “ahora Lucesole tiene una licencia de conducir y sigue manejando libremente “cuando estamos cumpliendo el quinto año de cadena perpetua de dolor”.

Sobre el estado de la causa judicial, lamentó la lentitud en el proceso y contó un momento repudiable en la que, a razón de un pedido de probation, fueron mercantilizados en sus duelos de una manera “bizarra”.

“Tuvimos que sufrir una instancia muy bizarra. Porque viajamos con mi esposa a estar presentes en esa apelación y fuimos testigos de un mercadeo entre la fiscal y la defensa, poniéndole precio a la muerte de nuestros hijos”, inició el relato.

Y añadió: “El defensor ofrecía un millón de pesos por cada uno y 400 horas de servicio social y la fiscal decía que la oferta era poca. Encima de sufrir la pérdida de nuestro único ser amado, teníamos que ser testigos de esa infamia que nos obliga el sistema judicial”.