La Legislatura porteña aprobó un convenio entre los gobiernos de Nación y la Ciudad para construir las Torres Catalinas Sur II, en un predio del barrio de La Boca, pese al fuerte rechazo de los vecinos, quienes proponían una Unidad deportiva, educativa y cultural abierta para todo la comunidad. El proyecto votado habilitó una rezonificación especial para levantar edificios que alcancen los 75 metros de altura en un terreno delimitado por el Club Darling, la plaza Maestro Quinquela, una sede de Vialidad Nacional y un depósito de hidrocarburos. En diálogo con PáginaI12, el presidente del Observatorio de la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, explicó que “bajo una lógica economicista se pretende construir torres que potencien el negocio inmobiliario en un barrio dónde no sólo se multiplican los desalojos sino que además está en emergencia urbanística y habitacional en una ley decreta hace diez años”.
En el mediodía de ayer, cuando la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobaba la rezonificación de tierras en La Boca, solo con los votos del interbloque Vamos Juntos, los vecinos del barrio supieron que, a partir de ese instante, su lugar ya no sería igual. Donde proyectaron un predio verde, con actividades sociales y culturales, ahora tendrán torres, autos y tránsito. “Pasamos de una ciudad verde a una ciudad gris. Las Catalinas eran un oasis en medio de la ciudad, donde uno disfrutaba de la plaza, de caminar por el barrio. Incluso, con el proyecto que presentamos, buscamos potenciar creando una Unidad deportiva, cultural y educativa”, indicó Juan Agüero, uno de los vecinos que siguieron la votación en los palcos del auditorio legislativo.
El convenio aprobado, en cambio, dispone un acuerdo entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Gobierno de la Ciudad para que se modifique el convenio urbanístico en el predio ubicado entre las calles Gualeguay, Espósito, Azopardo y las avenidas Brasil e Ingeniero Huergo, y así levantar torres en esa zona con un límite para cada edificio de 75 metros de altura y no más de 30 pisos. “El texto que se votó permite la construcción en un terreno en 150.000 metros cuadrados, un poquito más que toda la urbanización que tiene el barrio de Catalinas desde su fundación”, sostuvo Baldiviezo y agregó que “en ningún momento pensaron el impacto que sufrirá la zona, con una congestión en la estructura de servicios públicos, la red de transporte, entre otras cosas”.
En medio de abucheos de los propios vecinos, el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Agustín Forchieri (PRO), comentó en sesión que “este convenio dará un visto bueno al desarrollo y construcción de las torres Catalinas Sur 2 y como todo proyecto de desarrollo urbano trae como consecuencia la generación de nuevas fuentes de trabajo”. Lo cruzaron rápidamente. “Acá se quiere entregar terrenos para la especulación inmobiliaria, para negocios y no para favorecer fines productivos. Además hay que decir que en ese lugar hay terrenos contaminados que no permiten ser habitados”, contestó la legisladora Laura Marrone.
La referencia de los territorios contaminados es algo que machacan también los residentes. “Nunca escuchamos a los funcionarios del gobierno decir cómo van a sanear los terrenos que pertenecieron en su momento a YPF. Buscaron a toda costa aprobar el convenio, sin importar las consecuencias ambientales”, agregó una vecina, quien prefirió preservar su identidad por temor a represalias. El 7 de agosto el Gobierno de la Ciudad remitió a la Legislatura de la Ciudad el proyecto de ley para habilitar la construcción. Un mes después, el texto fue aprobado.
En 2007, la Legislatura porteña sancionó la Ley 2240 que declara la emergencia urbanística y ambiental en lo referido a vivienda, servicios, equipamiento, espacios verdes y actividades productivas en La Boca. Agüero, con 53 años viviendo en las Catalinas, concluye con una reflexión similar a las de casi todos los vecinos entrevistados. “Vemos cada vez más familias del barrio que reclaman en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad por los desalojos o los incendios de La Boca. Y el Gobierno, en vez de hacerse cargo de esto, creando viviendas sociales, busca alimentar el negocio inmobiliario”.
Informe: Jeremías Batagelj.
