Wenance, la fintech de Alejandro Muszak logró de la Justicia Civil el concurso preventivo que le permite volver a ofrecer créditos en el mercado. La empresa, que dejó tirados a 8 mil inversores, algunos de los cuales perdieron los ahorros de una vida de trabajo, es una muestra de cómo funciona un sistema financiero con regulaciones insuficientes y un aviso de lo que podría ocurrir en caso de liberación total de las operaciones financieras, como propone el candidato presidencial Javier Milei.

La Cámara Civil y Comercial de San Isidro habilitó finalmente el concurso preventivo de acreedores de la empresa Wenance, que dejó de cumplir sus obligaciones el primer día hábil del pasado mes de julio. El pedido había sido rechazado por la jueza de primera instancia, tanto por motivos formales como por entender que se trata de una entidad financiera y lo que correspondía era la intervención del Banco Central de la República Argentina para su liquidación.

Frente a esta objeción, los abogados de Wenance se ampararon en la Ley de Entidades Financieras, que data de la última dictadura cívico militar y que incorpora la figura de “entidades de crédito no financieras”. Para la jueza Gabriela Paladín, Wenance era una entidad financiera de hecho. La Cámara contradijo a Paladín y habilitó el concurso. La duda entre los involucrados en el expediente era si Paladín se haría cargo del concurso o se excusaría por su evidente desacuerdo.

El concurso le permite a Muszak evitar embargos e inhibiciones, plantear propuestas de reestructuración y salir nuevamente al mercado a ofrecer créditos. “Con un balance más grueso, puedo armar mejores propuestas de pago”, declaró a Buenos Aires/12.

Milton Kees es abogado, neuquino, docente de la Universidad Nacional del Comahue, y autor del único libro existente sobre liquidación de fideicomisos financieros. Por esa obra, desde julio no para de sonarle el teléfono. Hoy representa a más de 300 de los 8 mil damnificados argentinos. Tiene una posición muy crítica del fideicomiso privado como figura y cree que el control estatal es indispensable.

El submundo de las cuevas, las crypto y las fintech, lejos de los controles públicos, es un campo fértil para estafas. Wenance es paradigmática, pero no es la única. En los últimos meses, FXWinning dejó de pagar a sus inversores en distintos países de la región, como Perú, México y Colombia. Este tipo de empresas cumple un papel fundamental en el financiamiento de la campaña presidencial de Javier Milei, que semanas atrás, tras declarar contra el peso e intntar causar una corrida bancaria, se defendió con una conferencia de prensa desde la financiera que maneja la familia de Ramiro Marra, uno de sus principales laderos, que fue candidato a Jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza. 

“Los fideicomisos privados no tienen ningún control estatal y dejan al inversor en una posición de vulnerabilidad, es como si yo vendiera títulos en el patio de mi casa", explica Kees. "El inversor es el experto que juega en la bolsa, pero también es, como en este caso, el empleado de comercio que tomó un préstamo para entregárselo a Muszak; i hubiera control estatal, las alarmas saltan antes y el fraude no llega a este volumen”, resume en diálogo con Buenos Aires/12.

Cronología

Wenance prestaba dinero por internet a sectores no bancarizados a altas tasas de interés. “Les damos la oportunidad a esos sectores de regresar al sistema, de reconstruir su scoring, y eso obviamente tiene un precio”, decía Muszak en 2017 y 2018, cuando explicaba su negocio en foros sectoriales. De esa época, sumó varias demandas de organizaciones de derecho del consumidor, en representación de los tomadores de crédito, por usura y estafa.

Este año, abrió un nuevo frente de conflicto con los inversores, que colocaban su dinero para que Wenance lo prestara. Son 8 mil en Argentina, casi mil en Uruguay y un número aún indeterminado en España. En julio el financista alegó un “aumento de la mora por la crisis económica” y entró en cesación de pagos.

Wenance tomaba fondos bajo dos figuras, la de mutuos y la de fideicomiso financiero. En este último caso, intervenía Promotora Fiduciaria, en el rol de sociedad fiduciaria o controlante. Se trata de una empresa familiar, habilitada para tal fin por la Comisión Nacional de Valores, dirigida por Julio Abancens.

Abancens declaró en el expediente que, tras realizar los controles exhaustivos que, de haber realizado a tiempo hubieran impedido llegar a este punto, encontró que Muzak revendía el mismo crédito a los inversores hasta seis veces. De comprobarse los dichos de Abancens, se confirmaría que se trató de un gran esquema Ponzi, donde los dividendos no provienen de la administración del patrimonio sino de los aportes de capital de nuevos inversores.

Promotora Fiduciaria cumplía el mismo rol también en los emprendimientos inmobiliarios de Muszak, bajo la firma Avilis. Hasta allí se extiende el combate entre ambos, en este caso, por el control de Garda Olleros, un desarrollo de más de 20 millones de dólares en Olleros y Alvarez Thomas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Abancens intentó desplazar a Muszak pero sufrió un revés en la asamblea con el resto de los inversores.

La causa penal en Argentina está en manos de la jueza subrogante Paula Verónica González, que le otorgó la eximición de prisión, y la fiscal Mónica Cuñarro. Los querellantes de Uruguay reclamaron al fiscal el pedido de extradición, mientras que aquí todavía pesa sobre Muszak la prohibición de salir del país.

Allanamiento

El pasado 19 de octubre, por orden de la jueza González, se allanaron cajas de seguridad de Muszak en la sede central del banco BBVA. Allí, entre otra documentación relevante, se secuestró una cesión de acciones de la firma “Créditos al Río”, de los señores Jorge Federico López y Pedro Luis Viggiano hacia el propio Muszak.

Ese contrato, nunca inscripto, “prueba que Muszak estaba de ambos lados del mostrador” y que “Abancens no podía ignorarlo, por lo que debe ser citado como imputado y no como testigo”, según afirman los abogados de los querellantes.