Con una veintena de imputados sentados en el banquillo de acusados por delitos de lesa humanidad cometidos contra 69 víctimas, este lunes comienza el juicio oral por la causa “Villazo”. Será la primera vez que se juzgue a civiles en la región por crímenes del terrorismo de estado, previos al 24 de marzo de 1976, por los sucesos ocurridos en Villa Constitución. Lo que se ventilará en los Tribunales Federales de Oroño al 900 son delitos perpetrados a partir de marzo de 1975 contra trabajadores metalúrgicos, como "represalia a la lucha del sindicalismo combativo de la clase obrera", y ciudadanos de la vecina localidad, como parte del plan sistemático que se aplicaría en los años siguientes, durante la última dictadura cívico militar. Se trata de delitos contra la histórica lista Marrón que ganó las elecciones de la UOM Villa Constitución de 1974. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que representa a querellantes en la causa, convoca a acompañar a sobrevivientes, familiares y compañerxs, a partir de las 9.
El debate que comienza este lunes estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario, integrado por Germán Sutter Scheneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci. La acusación, en tanto, estará a cargo del fiscal general Adolfo Villatte, y las querellas. La causa "aborda la responsabilidad del exjefe de personal de la metalúrgica Acindar en la ciudad de Villa Constitución, de un exjefe militar, de 21 expolicías federales y un ex policía santafesino. Se ventilarán 69 casos, de los cuales 11 son homicidios calificados. Los otros delitos imputados son privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados y asociación ilícita, en el marco de la represión desatada a partir del 20 de marzo de 1975 en esa zona industrial, como respuesta a la histórica protesta conocida como "El Villazo".
Según la acusación, los secuestros de las víctimas sucedieron desde el 20 de marzo de 1975, con una gran cantidad de hechos que se extendieron a lo largo de los meses siguientes.
"Luego de años de espera e impunidad, finalmente se comenzará a juzgar a los responsables de la represión ilegal ejercida en 1975 contra obreros de Villa Constitución", expresaron desde APDH sobre una causa histórica en la región, que estuvo durante los últimos diez años en etapa de instrucción. Además, se indicó durante el debate habrá unos 400 testigos.
Federico Pagliero, abogado del equipo jurídico de APDH Rosario, dijo en diálogo con este diario que "este juicio revela nuevos actores en la provincia de Santa Fe, en relación a que va a ser la primera vez que se juzgará a civiles que pertenecieron a la empresa Acindar, es decir que ampliamos la responsabilidad genocida en relación a grupos económicos, empresas que han participado activamente en perpetrar el terror de estado y el genocidio que hemos sufrido. Así también, extendemos la responsabilidad a un gobierno democrático, porque en este caso juzgaremos hechos que fueron perpetrados durante 1975, cuando quien presidía el gobierno nacional era la presidenta María Estela Martínez de Perón", puntualizó.
Al mismo tiempo, sostuvo que se trata de un juicio "histórico para la ciudad de Villa Constitución, para el movimiento obrero y para el juzgamiento del genocidio que sufrió nuestro pueblo". Y ante la fecha de inicio, cercana a las próximas elecciones presidenciales en balotaje, planteó: "En tiempos donde aparecen nuevamente discursos que reivindican el terrorismo de estado, nos debemos remitir a las más de 300 causas judiciales de lesa humanidad con sentencias condenatorias, que transitamos a lo largo nuestra juventud democrática". Es que en las últimas semanas volvió el discurso reivindicador y nagacionista de la fórmula de ultraderecha.
Desde el Sindicato de Prensa de Rosario sumaron: "Después de 48 años de impunidad se juzgan los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la ciudad de Villa Constitución en 1975 y 1976 que tuvieron como objetivo derrotar la lucha sindical de lxs trabajadorxs metalúrgicxs. El operativo 'Serpiente roja del Paraná' fue una prueba piloto del terrorismo de estado en el gobierno de María Estela Martínez de Perón que luego se aplicaría durante la dictadura de forma sistemática". Y destacaron: "Por primera vez en la región, en la causa Villazo serán juzgados los miembros de las fuerzas de seguridad y civiles con responsabilidad en las empresas metalúrgicas del cordón industrial de Villa Constitución".
Imputados
Roberto Pellegrini, exjefe de personal de Acindar; Ricardo Torralvo, era personal jerárquico de la empresa; Bernardo Landa, quien era teniente primero, oficial de Logística del Batallón de Ingenieros de Combate de San Nicolás; Antonio Federico Bossie, quien se desempeñaba como oficial de operaciones e inteligencia del Área Militar 132, con sede en San Nicolás; Roberto Raúl Squiro, Leonardo Dec, Aldo Ramón Gradilone, Carlos Brest, Daniel Vicente Valdes, Ricardo Antonio Burguburu, Juan Carlos Romero, Osvaldo Esteban Petroli, Carmen Amanda Grossoli de Hellaid, Jorge Argentino Coronel, Emilio Hugo Marciniszyn, Roberto Álvarez, Horacio Miguel Nardi, Juan de Jesús Martínez, Jorge Aníbal Lozano Windus, Oscar Roberto Giai, Juan Carlos Faccendini, Oscar Alberto Vessichio, ex policías federales; y Amadeo Chamorro, y exoficial de la guardia rural "Los Pumas" de la policía santafesina. Otros imputados fallecieron.
