Victoria Villarruel presentó a Juan Daniel Amelong como una “víctima del terrorismo” en el debate vicepresidencial con Agustín Rossi. La compañera de fórmula de Javier Milei solo dijo que estaba detenido por lesa humanidad. Omitió decir que Amelong tenía cinco condenas en su haber –tres a prisión perpetua– por secuestros, torturas, asesinatos y robo de bebés y que hasta había prestado una casaquinta familiar para ser usada como campo de concentración. En una entrevista posterior, le consultaron por el prontuario de Amelong, pero la diputada de La Libertad Avanza (LLA) buscó hacerse la desentendida: “Yo no estuve en ninguna de sus causas, con lo cual desconozco su situación procesal”. Amelong –a quien Villarruel busca correr del lugar de victimario– fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentarse como un perseguido político. El organismo rechazó todos sus planteos y ratificó que el Estado argentino tiene la obligación de juzgar y condenar los crímenes de lesa humanidad.

Amelong es una de las caras más conocidas de los juicios en Rosario. Se distingue rápido. Provocador, se presentaba en las audiencias con una vincha que rezaba “legalidad”. Se había dedicado a la abogacía después de dejar el Ejército. En 1975, estuvo en el Operativo Independencia. Durante la dictadura, se desempeñaba en el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, desde donde participó y diseñó secuestros. Su casa, La Intermedia, se usó como centro clandestino de detención, tortura y muerte.

En 1987, Amelong no quería presentarse como una víctima, sino como un soldado victorioso. ”He participado consciente de la guerra contra la subversión y puedo hoy sostener, con absoluta convicción, que me siento tranquilo y honrado por haber cumplido con mi deber”, escribió entonces.

Desde que se reabrieron los juicios por crímenes de lesa humanidad, los represores buscan ser considerados víctimas –ya sea de una agresión de las organizaciones guerrilleras en los ‘70 o de una “persecución judicial” ahora. En ese plan, Amelong fue a la CIDH el 23 de enero de 2012, un año y medio después de que el Tribunal Oral Federal de Rosario le dictara su primera condena a prisión perpetua.

Ante la CIDH, Amelong ensayó una larga serie de excusas: que se violaron sus garantías constitucionales porque lo juzgaron por delitos de lesa humanidad –que no estaban tipificados al momento de la dictadura–, que la pena de prisión perpetua es inconstitucional y que no estaba cómodo con sus condiciones de reclusión. Incluso denunció que no le habían permitido hacer un posgrado en derecho constitucional o un curso sobre gestoría de trámites de automotores.

Después de consultar con la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación contestó que debía rechazarse la pretensión de Amelong. Entre otras cosas, informó que para 2013 la Cámara Federal de Casación ya había confirmado su primera condena y que, al año siguiente, había quedado firme porque la Corte Suprema había rechazado todos los recursos.

En junio de este año, la CIDH resolvió informarle al Estado argentino que había declarado inadmisible el planteo de Amelong e hizo una serie de consideraciones que destierran las impugnaciones que suelen hacer los represores –y que ahora son amplificadas por Villarruel. Recién ahora se conoce la decisión. 

“La Comisión recuerda que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de la sentencia condenatoria”, escribieron desde Washington.

“La prohibición de los delitos de lesa humanidad es una norma de carácter consuetudinario, preexistente a su reconocimiento convencional. Por ende, en tanto los tratados solo tienen una función declarativa respecto de estos crímenes, los Estados tienen la obligación de juzgar y sancionar a los responsables de tales delitos, incluso si estos son cometidos con anterioridad a la vigencia de la Convención Americana o a la tipificación del delito en el ámbito interno”, añadieron los comisionados.

La CIDH, además, destacó que los planteos de Amelong contra sus condiciones de detención se dieron mientras el represor intentaba irse a su casa. Al inicio de la pandemia, insistió con ese pedido. Fiscales y querellantes se sorprendieron porque en 2020 el entonces presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, reenvió un pedido de Amelong al TOF de Rosario en lo que fue visto como un guiño favorable al represor. Esa decisión es una de las que le cuestionan al supremo en el proceso de juicio político. “La Comisión (Interamericana) no logra identificar que, producto de las condiciones de detención, la presunta víctima haya sufrido alguna afectación a sus derechos”, establecieron desde el organismo internacional.

Villarruel está dispuesta a rescatar a Amelong de la nómina de perpetradores. Se reunió con él en prisión en 2016, según publicó El Destape. No era por un interés investigativo –como la candidata a vice de LLA alega–, ya que ya contaba con su testimonio. Lo había obtenido para Los llaman… jóvenes idealistas, el libro que publicó en 2009. De hecho, allí figura que se basó en sus dichos para reconstruir el asesinato de su padre, el ingeniero Raúl Amelong, ocurrido en 1975. El hecho fue atribuido a Montoneros. 

Amelong es un cruzado de la lucha “antisubversiva” y un feroz opositor a la política de juzgamiento. En 2015 publicó el libro Juicios de Venganza con otro conocido de Villarruel, el represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) Alberto González. Cecilia Pando dijo antes de las primarias que González es quien, en realidad, escribió los libros que firmó la número dos de Javier Milei. El "Gato" González está condenado a prisión perpetua por, entre otros crímenes, los secuestros de las Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas --que fueron arrojadas en un vuelo de la muerte.