Dos días después de cancelar el programa que permite permanecer en EE.UU. a los sin papeles que llegaron al país siendo menores, Donald Trump aseguró ayer a los jóvenes “dreamers” (soñadores) que no deben preocuparse hasta marzo. “Para todos aquellos que están preocupados por su situación durante el período de seis meses, no tienen nada de lo que preocuparse. ¡No habrá acción!”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter. 

Su administración canceló el martes el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Este fue aprobado por Barack Obama en 2012 y desde entonces protegió de la deportación a cerca de 800.000 jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Trump dio, no obstante, una prórroga de seis meses, en los que instó al Congreso a aprobar una solución legislativa para ellos, y su administración aseguró que no va a situarlos como objetivos prioritarios para la expulsión. 

Detrás del tuit de ayer de Trump está la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, según admitió ella

misma ante la prensa. La legisladora, que la víspera se reunió con Trump en la Casa Blanca, habló ayer por teléfono con él y le conminó a lanzar un mensaje tranquilizador sobre los seis meses de prórroga. 

Los beneficiarios de DACA tienen permisos temporales para estar y trabajar en Estados Unidos, los que dejarán de ser renovados según vayan caducando. No obstante, quienes tengan permisos que expiran de aquí al 5 de marzo pueden pedir la renovación antes del 5 de octubre.

En marzo será pues cuando empiecen a caducar los permisos. Será a partir de entonces cuando los “dreamers” (soñadores), como se los conoce popularmente, se enfrenten a la posibilidad de ser deportados si el Congreso no encontró una solución legislativa para ellos. La inmensa mayoría de los estos jóvenes, un 78 por ciento, son de origen mexicano. Muchos carecen ya de lazos con su país de origen, del que tampoco hablan la lengua, lo que hace aún mayor el drama ante una posible expulsión de un país que consideran el propio. Pese a que la cancelación de DACA pudo contentar a votantes que apoyaron a Trump, lo cierto es que dejar sin protección a unos jóvenes que de facto son estadounidenses no satisface tampoco a muchos republicanos.

En la sociedad norteamericana, DACA tiene una amplia aceptación, según diversas encuestas. La pelota, en cualquier caso, está ahora en el campo del Congreso, que debe intentar hallar a contrarreloj un consenso al que fue incapaz de llegar en el pasado. De hecho, esa fue la razón por la que Obama decidió hacer uso de su poder presidencial para proteger a unos jóvenes que definió como “estadounidenses en su corazón, en sus mentes, en todas las formas posibles salvo en una: sobre el papel”.

La noche del mismo día en el que canceló DACA, Trump tuiteó que si el Congreso no aprueba una solución en seis meses, él volverá a “revisar el asunto”. Organizaciones de defensa de los inmigrantes acusan al mandatario de estar mandado mensajes confusos sobre DACA. Los demócratas están ahora presionando a los legisladores republicanos y al propio presidente de cara a la aprobación de una ley que otorgue a los “dreamers” un permiso de residencia. 

Y los propios demócratas están sufriendo la presión de activistas de izquierda que quieren que insistan en una solución que abra también a los “dreamers” la puerta a la nacionalización. El destino de estos jóvenes inmigrantes regresó al Congreso justo cuando mayor es la fractura. En la era Trump, la distancia entre demócratas y republicanos resulta abismal, y las propias filas conservadoras se han vuelto un campo minado. Ni siquiera en sus mayores banderas, como la reforma sanitaria, fueron capaces de lograr el consenso. El propio presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, y figuras tan carismáticas como el senador John McCain se han mostrado partidarios de salvar a los dreamers. Y no están solos. Las fiscalías generales de 16 Estados han salido en defensa de los dreamers y  presentaron una demanda conjunta contra la decisión del presidente Trump de poner fin al programa que impide la deportación de los inmigrantes que llegaron de niños a Estados Unidos. 

En este estado de cosas surgió una vía que la Casa Blanca apoya. Se trataría de sumar la regularización de los dreamers a un endurecimiento de las medidas migratorias, entre ellas más recursos para la persecución de los indocumentados y, sobre todo, fondos para la construcción del muro con México.