El Memorándum de Entendimiento con Irán tuvo aprobación del Congreso. Fue ley. Nunca entró en vigencia porque el parlamento iraní no lo refrendó. Tampoco fue creada, por ende, su “comisión de la verdad”, que revisaría documentación de la causa AMIA. Jamás fueron levantadas ni alteradas las alertas rojas que pesan sobre los iraníes acusados del atentado. No existió intercambio comercial de grano por petróleo. A pesar de todo esto, el fiscal Gerardo Pollicita afirma que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex Canciller Héctor Timerman encubrieron a los sospechosos o por lo menos generaron las herramientas legales para intentar lograr su impunidad. Es más, afirma que serían autores del delito de encubrimiento agravado, al definir al ataque terrorista como un delito de lesa humanidad. Pidió que sean indagados, que se les inhiban todos sus bienes, se les quite el pasaporte y no puedan salir del país. Pollicita resucitó así la denuncia que hizo Alberto Nisman cuatro días antes de morir, pero le agregó algunos elementos de su cosecha, como un relato de supuestas negociaciones que define como secretas (aunque eran públicas), y multiplicó la lista de imputados, para incluir ahora al ex número 2 de la Agencia Federal de Inteligencia y ex secretario del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena, la ex funcionaria de Cancilleria  Susana Ruiz Cerutti y la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona. Reflotó también las escuchas que había presentado Nisman con diálogos telefónicos entre personajes secundarios, como Luis D’Elía y Jorge Yussuf Khalil, que pretendían algún tipo de injerencia en la relación con Irán y ante el Gobierno pero no conseguían nada.

El punto de partida de Pollicita es la última moda en Comodoro Py: tratar como un delito a las políticas de gobierno. En este caso dice que existió un viraje en la posición del Poder Ejecutivo frente a la causa AMIA. Su planteo es que Néstor Kirchner nunca quiso un acercamiento con Irán y rechazaba sus propuestas. Que colaboraba sin interferir con la investigación e incluía en todo a los familiares de las víctimas. Pero cuestiona que con la ex presidenta comenzaron los acercamientos desde que introdujo la posibilidad de enjuiciar a los iraníes en un tercer país. Ella lo dijo en la ONU pero para Pollicita es lindante con el delito. Se basa en testimonios de los ex cancilleres de Kirchner, Rafael Bielsa y Jorge Taiana. Ambos, igual que Timerman habían analizado la opción del “tercer país”. Lo que surge en sus declaraciones es que el presidente se negaba a dialogar con Irán si no se hablaba de AMIA. “No se puede hablar de nada si no había colaboración judicial”, declaró Taiana, según cita el fiscal. Lo que sucedía es que los iraníes querían hablar de comercio, pero no del atentado. Con Timerman sí aceptaron tratar el tema y habilitar la indagatoria de sus sospechosos con el mecanismo del Memorándum. Pero según el fiscal se cambió la política para “avanzar en la ejecución de un plan de encubrimiento.”

Pollicita, como decía Nisman, sostiene que el memorándum se diseñó para asegurar la impunidad a los sospechosos iraníes. Dice que el objetivo era que  finalmente “se brindarían los instrumentos adecuados” para que esas alertas “fueran removidas, suspendidas o morigeradas”. También que se plasmaba un acuerdo de intercambio de granos por petróleo, aunque es sabido que el petróleo iraní es incompatible con refinerías argentinas por su carga de azufre. No existió ni una cosa ni la otra. Sobre las alertas, en tres oportunidades el ex secretario de Interpol afirmó, incluso por escrito, que el gobierno argentino nunca quiso modificarlas. El juez federal Claudio Bonadio rechazó todos los pedidos para que Noble testifique.

Cuando el fiscal se refiere a una etapa de negociaciones secretas, alude a una supuesta reunión reservada de Timerman con el canciller iraní Alí Akbar Salehi en Alepo cuando viajó a Siria en enero de 2011 para tener un encuentro con el presidente Bashar Al Assad. El viaje fue público y también la reunión con el mandatario. Pero a través de su abogado, Alejandro Rúa, el ex canciller siempre negó una reunión en Alepo con su par iraní. Pollicita la toma como un hecho en base al testimonio del ex embajador argentino en Siria, Roberto Ahuad quien, curiosamente, no sólo no dijo eso sino que lo desmintió en Radio Mitre. Lo que había declarado era que otros funcionarios le habían comentado sobre un supuesto encuentro. El viaje no fue secreto, la reunión con el canciller iraní en Alepo nadie la vio y Timerman la niega. Pero para Pollicita es un hecho.

El fiscal se apoya también en la segunda declaración testimonial del ex jefe de operaciones de la ex Side, Antonio Stiuso, en la causa sobre la muerte de Nisman. En su primera declaración, Stiuso sabía poco y nada. La segunda duró nueve horas y sirvió para que la causa pase a Comodoro Py. Allí dijo que CFK en determinado momento ordenó que a Nisman no le dieran más información del caso AMIA y que no se buscara más nada que complicara a Irán. Declaró que se lo dijo Francisco Larcher, otro ex agente. Lo que no tuvo en cuenta el fiscal es que cuando Larcher fue a declarar desmintió a Stiuso. Para Pollicita vale igual.  

Las escuchas que recupera el fiscal incluyen conversaciones donde se escucha a Luis D´Elía, el diputado Andrés “Cuervo” Larroque, el operador de la comunidad iraní Jorge Khalil, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche, el ex juez Héctor Yrimia y el falso espía Allan Bogado. Pollicita dice que conformaban una suerte de “diplomacia paralela”, porque mientras le retaceaban información a Nisman, D’Elia se reunía con funcionarios de la Casa Rosada para avanzar en acuerdos con Irán. Eran canales “de comunicación y negociación, no oficiales, como vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con el objetivo criminal planeado”. Pollicita tampoco ponderó que, por ejemplo, Kahlil maldecía a Timerman con frases como “judío de mierda” porque no accedía a lo que él esperaba. Ese grupo que podía tener algún interés afín con los iraníes, no tuvo ninguna injerencia en ninguna política o decisión de gobierno.

Los nuevos imputados que Pollicita quiere citar son Mena, la procuradora Abbona, la consejera legal de Cancillería Ruíz Cerutti, Luciano Tanto Clement, Holger Martinsen, y el ex viceministro Eduardo Zuain. Los imputa por reuniones sobre el Memorándum. En el caso de Mena, por ejemplo, por viajar a Estados Unidos a ver a Noble en Interpol. Era el titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, pero para Pollicita era inapropiada su presencia.

Este expediente fue archivado dos veces por el juez Daniel Rafecas, quien afirmó que no había ningún delito que juzgar, porque nada sucedió, y lo mismo dijo la Cámara Federal (que incluso distinguió que el memorándum podía ser inconstitucional pero no un delito). Con el gobierno de Mauricio Macri la Cámara Federal de Casación Penal mandó a reabrir el caso.