El gobierno de Luis Lacalle Pou atraviesa una grave crisis política luego de develarse la connivencia entre altos funcionarios de su gestión y el narcotraficante prófugo Sebastián Marset, fundador del Primer Cartel Uruguayo a quien se le proveyó un pasaporte uruguayo, en tiempo récord, con el objeto de facilitarle la excarcelación de Emiratos Árabes Unidos. Marset fue detenido en Dubái el 10 de septiembre de 2021, cuando pretendía salir de la península arábiga con un pasaporte falso expedido en Paraguay. Tras su arresto, un abogado uruguayo logró motorizar un “trámite urgente” para la gestión de un pasaporte exprés obtenido gracias a la complicidad de la Cancillería y el Ministerio del Interior uruguayo.

Cuando se hizo público, en 2022, que el gobierno de Lacalle Pou proporcionó el salvoconducto para la evasión de Marset, las autoridades gubernamentales se auto exculparon afirmando que desconocían la peligrosidad del narcotraficante. Pero la última semana de octubre de 2023, se filtraron pormenores de la denuncia judicial efectuada por la vicecanciller Carolina Ache. Entre los datos divulgados se ponen en evidencia los intentos de los ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, del Interior, Luis Alberto Heber, y del asesor comunicacional del Lacalle Pou, Roberto Lafluf, por ocultar en forma coordinada y aviesa el conocimiento que poseían respecto del perfil de Marset. En el expediente iniciado con la denuncia de Ache, figuran los pedidos de Bustillo para que Ache “pierda del celular” –teléfono en el que figuraban intercambios ligados a los antecedentes delictivos del narco previos a la concesión de pasaporte–, y la asunción por parte de Lafluf de que procedió a destruir evidencia administrativa comprometedora para el gobierno.

Las filtraciones del expediente provocaron la renuncia del canciller Francisco Bustillo y del ministro del Interior Luis Alberto Heber. Ambos aparecen como el primer eslabón de un escándalo internacional que está siendo investigado en forma paralela en Asunción, La Paz, Bogotá y Montevideo, bajo la interesada observación de la DEA, siempre proclive a controlar la información y condicionar con dichos insumos a los gobiernos del Sur Global. Los antecedentes, la cronología de los hechos y las ramificaciones del dispositivo de corrupción gubernamental uruguayo vuelven a poner en el centro de la agenda regional el vínculo cercano entre las derechas gubernamentales –blindadas por aparatos de comunicación corporativos–, la comercialización de estupefacientes, el lavado de dinero, la compra de voluntades políticas y el crimen organizado.

Marset es un eslabón relevante de una organización delictiva que posee ramificaciones en el Cono Sur. En 2013, con apenas 22 años, fue detenido en el marco de una causa ligada al cargamento de 558 kilogramos de marihuana transportada por Juan Domingo Viveros Cartes, alias “Papacho”, tío del expresidente Horacio Cartes. “Papacho”, también conocido como “señor de los cielos”, fue condenado en Paraguay a ocho años de prisión por tráfico de estupefacientes, en el marco de varias causas en las que se utilizaron pistas de despegue de campos pertenecientes a su sobrino Horacio. Marset, por su parte, permaneció un lustro en el Penal de Libertad, antecedente delictivo que las autoridades del Poder Ejecutivo uruguayo conocían con anterioridad al otorgamiento del pasaporte a principios de 2022.

Los contactos con la familia Cartes llevaron a Marset a Asunción. Para 2020 lideraba el Primer Cartel de Uruguay en alianza con importantes narcos de Argentina, Paraguay y Brasil. Según el jefe de los fiscales antidrogas de Paraguay, Marco Alcaraz, Marset es “una especie de gerente de la hidrovía”, nombre con que se denomina al canal fluvial privatizado desde el que se transportan contenedores de cocaína hacia Europa. Sus contactos en Asunción se entrelazan con Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, jefe del clan Insfrán.

A principios de 2021, Marset se ocultaba bajo los pseudónimos de Luis Amorim y Gabriel De Souza Beumer, y fue fichado como jugador profesional de fútbol en el Club de la segunda división paraguaya Capiatá, controlado por el Clan Insfrán. Además revistaba en la plantilla de la empresa Tapyracuái, propiedad del mismo Tío Rico, detenido en el febrero de ese mismo año, en el marco de la mayor causa contra el narcotráfico de la historia guaraní, conocida como operación A Ultranza Py, por el que se lograron incautar 21.029 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

El protector y regente de Marset es señalado como instigador y/o responsable de los asesinatos del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini y su esposa, cometidos en Cartagena, Colombia, el 10 de mayo de 2022, por ser uno de los más importantes procuradores de la investigación A Ultranza Py. Uno de los testigos de la causa del doble asesinato ligado a los sicarios que ejecutaron a Pecci, Francisco Luis Correa Galeano, acusó a Horacio Cartes y a Miguel Insfran como los máximos responsables de los asesinatos.

El pasaporte otorgado al jefe del PCU a principios de 2022 le permitió a Marset estar a disposición del clan Insfran y permanecer hasta hoy en la clandestinidad. En septiembre de 2023, un relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Rehabilitación uruguayo detectó que cinco narcotraficantes que gozaban de prisión domiciliaria se fugaron en lo que va del año, utilizando documentación probablemente comercializada por autoridades ministeriales. El 27 de septiembre último, la Justicia uruguaya dictó prisión preventiva del jefe de Seguridad de la presidencia, Alejandro Astesiano, bajo los cargos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, comercialización de pasaportes y espionaje de integrantes del Frente Amplio y del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.

El 17 de marzo de 2017, el entonces senador Luis Lacalle Pou visitó a quien se desempeñaba como presidente de Paraguay, Horacio Cartes. Cuando regresó a Montevideo afirmó que “volvía con las pilas cargadas”, asegurando que “por ahí va la mecánica” de lo que había que hacer en su país. En dicho encuentro estuvo también el canciller guaraní Eladio Loizaga, partícipe del andamiaje represivo conocido como Plan Cóndor. Es indudable que la derecha regional endiosa el mercado. Incluso el de estupefacientes.