A 13 años de la creación de la Curaduría Oficial, que depende del Ministerio Público Pupilar, uno de los avances que se destacan es el trabajo por el derecho a la identidad de las personas afectadas en su salud mental. La curadora oficial María José Miranda pidió “perder el miedo” y promover la integración social.
Al no haber servicios de psiquiatría en algunos puntos del interior, por años muchas parsonas fueron derivadas al Hospital Neuropisquiátrico Miguel Ragone, en la ciudad de Salta, a donde muchas veces llegaban desestabilizadas y no podían dar datos de su identidad o de su familia. Eso provocó que hubiera personas que permanecían internadas sin contacto con referentes afectivos y sin que se conocieran sus nombres reales.
Por eso, con el objetivo de revincular a estas personas con sus familiares, desde la Curaduría se organizaron en los últimos años viajes a distintos puntos del interior para buscar a parientes.
“La realidad es que la Ley nacional 26.657, de Salud Mental, prevé que cuando se produzca el traslado de un paciente a otro centro distinto del lugar donde vive, sí o sí debe ser acompañado por un referente familiar, pero muchas veces eso resulta imposible porque son personas de muy escasos recursos que no pueden viajar a la ciudad. Eso tiene consecuencias como el desarraigo y que los pacientes queden desvinculados”, describió Miranda.
La funcionaria resaltó que el derecho a la identidad y la pertenencia están muy relacionados con el bienestar y con el avance de quienes están padeciendo alguna situación compleja relacionada con la salud mental. “Nos hemos encontrado con personas que llevaban un largo tiempo de internación en el distrito judicial del Centro y que habían perdido absoluto contacto con su grupo familiar de origen. La Curaduría Oficial hizo un trabajo de reconstrucción de la historia de vida de estas personas, de armar el árbol genealógico para determinar sus orígenes y sus nexos familiares. Hubo casos como el de un paciente que estaba totalmente solo. Cuando empezamos a investigar, fuimos a su lugar de origen y descubrimos que su familia lo buscaba, que ignoraban dónde estaba. No sabían que tenía una discapacidad. Hicimos la vinculación y hoy está con su familia”, relató.
También destacó que es fundamental el contacto con el entorno para la recuperación y precisó que la identidad está contemplada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional. “Saber el nombre es el primer paso para trabajar sobre todos los demás derechos. Hemos descubierto casos en que tenían bienes para heredar y no lo sabían, por ejemplo”, señaló Miranda.
El inciso b del artículo 7 de la Ley Nacional de Salud Mental dice que el Estado argentino, reconoce a las personas con padecimiento mental el derecho a conocer y preservar su identidad, su grupo de pertenencia, su genealogía e historia. El inciso e sostiene que la persona con padecimiento mental tiene derecho a ser acompañada antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares u otros afectos.
"Lo más importante es perder el miedo"
La Curaduría Oficial comenzó a funcionar el 10 de noviembre de 2010. En 2008, el Estado argentino ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A fines de 2010, además, se dictó la Ley Nacional de Salud Mental.
“Los avances son enormes. Hoy se me designa abogada de las personas con padecimientos mentales sin recursos que enfrentan un proceso de restricción de capacidad. Antes, todos estos juicios terminaban en una sentencia en la que se restringía la capacidad. Ahora se pueden presentar las pruebas que acreditan el real estado de salud mental”, definió Miranda.
Tras el proceso judicial, una persona puede ser restringida en su capacidad o se lo puede declarar incapaz. En el primer caso, la persona no puede interactuar ni comunicarse con su entorno y se le designa a un curador o curadora que va a ejercer sus derechos por ella. En el segundo caso puede ejercer actos legales y jurídicos pero con asistencia.
Actualmente la Curaduría Oficial representa los derechos de un centenar de personas en Salta. “Creo que lo más importante es perder el miedo a las personas con padecimiento mental. Todavía hay gente que se queja porque los ve por la calle, como si no tuvieran el derecho a ocupar espacios comunes con el resto de la sociedad”, señaló Miranda.
“Hay que visibilizar a los enfermos mentales y transmitir que el avance farmacológico permite que, con un buen tratamiento, puedan llevar una vida normal”, afirmó.
La Curaduría Oficial también tiene el rol de supervisar los lugares donde se aloja a personas afectadas en su salud mental. A lo largo de estos años, desde la institución se requirieron al Poder Ejecutivo distintas mejoras y refacciones para favorecer la salud integral de los pacientes.
María José Miranda también se refirió a la importancia de apoyar emprendimientos de quienes están afectados en su salud mental para que puedan generar autonomía, ingresos y que no vivan solo de una pensión por discapacidad. “En la medida en que entendamos que las modificaciones en salud mental requieren del compromiso de todos y cada uno, vamos a advertir cambios importantes en la sociedad”, manifestó.
