Los directivos de la escuela Julio Cortázar, de Flores, reunieron ayer a los alumnos que mantienen la toma del establecimiento en rechazo a la reforma educativa propuesta por el Gobierno de la Ciudad, Secundaria del Futuro. Luego de expresar su preocupación por las “dificultades que se les puedan presentar dentro de las instalaciones escolares”, Claudia Alejandra Merciai, rectora suplente, y Verónica Méndez, vicerrectora suplente, cumplimentaron el “instructivo sobre forma de proceder en caso de toma de establecimientos educativos”, que les había llegado a principios de septiembre firmado por el Coordinador de Supervisores, Gabriel Cruz, a través de la casilla oficial de la Dirección de Educación Media <[email protected]>.

“Se les informa que esta Conducción debe cumplir con el protocolo emanado por el Ministerio de Educación y que la medida implica usurpación del espacio público”, dice el acta firmada ayer por Merciai y Méndez, pero también por los alumnos involucrados, cuyos nombres fueron borrados para proteger su identidad. 

El documento al que tuvo acceso Página/12 sigue al pie de la letra el instructivo enviado por una dependencia de Educación a las escuelas. “Se les informa  a los jóvenes de los pasos a seguir de acuerdo al protocolo correspondiente, emitido por el Ministerio de Educación de la Ciudad: 

Denuncia policial

Informar a la DGLEI –Dr . Carlos Mansilla-

Informar a la Defensoría del Niño, Niñas y Adolescentes

Dirección de Educación Media”

El documento prueba que el instructivo se distribuyó en las escuelas de educación media de la Ciudad y que algunas autoridades lo comenzaron a aplicar, pese a la tibia desmentida de la cartera educativa que encabeza Soledad Acuña. Voceros de ese ministerio afirmaron extraoficialmente a Página/12 que el “documento no fue emitido por el ministerio y mucho menos autorizado por Acuña”. 

Para despejar cualquier duda, el asesor tutelar Gustavo Moreno intimó hoy a la ministra a que en 24 horas responda si el documento que recibieron los directivos “ha sido emitido durante el año 2017 por la Dirección de Educación Media u otra dependencia de ese ministerio; y en caso afirmativo, proceda a dejarlo sin efecto”. 

Con la mención expresa del año, Moreno se propone establecer la relación con el instructivo enviado en 2012 por el entonces ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, similar al actual pero con una diferencia sustancial: Bullrich quería que las autoridades escolares denunciaran con nombre y apellido a los alumnos que tomaran las escuelas, manual que fue dado de baja por la jueza Elena Liberatori.

El asesor tutelar también le pidió a Acuña que, en caso de que niegue la autenticidad del instructivo, no sólo lo desmienta públicamente, sino que abra un sumario administrativo para investigar cómo puede haberse distribuido por canales oficiales. Según pudo saber este diario, también existen rumores de una creciente interna que podría haber desembocado en un falso documento distribuido a través de cuentas de mails del ministerio. “Si así lo fuese, Acuña tiene que salir ya a decir que el instructivo es falso porque, como se ve, algunas escuelas ya lo empezaron a aplicar”, dijo Moreno a Página/12.

Por su parte, el defensor general adjunto, Luis Duacastella, adelantó que se reunirá con el Defensor de Primera Instancia que intervendrá en la causa, con los representantes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y con los padres de los alumnos, “para analizar todas las instancias de esta situación e impulsar un planteo similar al que hicimos en 2012", que desembocó en la resolución de Liberatori.