El debate entre los candidatos presidenciales del último domingo, sigue dejando tela para cortar: es que en ese marco Javier Milei le dijo directamente a Sergio Massa que "en la lucha contra el narcotráfico en Rosario no hay ni un solo policía preso, no hay un solo policía muerto”. Y remató: “Eso quiere decir que baja la orden del poder político” para “darle cobertura a los narcotraficantes”, y que “cuando la gente se saturó, sola fue a buscarlas y los sacó a patadas”, seguramente en referencia al hecho que cobró notoriedad nacional cuando luego del crimen de un niño en Empalme Graneros, los propios vecinos destruyeron un búnker y se enfrentaron a puño limpio con quien lo gerenciaba. Ante la afirmación, el propio gobierno provincial salió al cruce con información oficial, asegurando que en estos últimos cuatro años de gestión se destituyeron 357 miembros de la Policía de Santa Fe, luego de haber incurrido en delitos de diverso calibre. 

En un comunicado del Ministerio de Seguridad se consignó que desde la asunción de Omar Perotti en la Casa Gris, “las destituciones aumentaron 64.5% respecto del período anterior, 2015-2019”.

De un relevamiento del Observatorio de Seguridad Pública surgió que las causas que derivaron en la exoneración de estos policías son heterogéneas, “pero dan cuenta de un fortalecimiento de los mecanismos de control interno del accionar policial, con el objetivo de separar del cuerpo a aquellos integrantes que cometen faltas graves o delitos relacionados con el narcotráfico, corrupción, violencia y malversación”, se consignó.

“La realidad está en las antípodas de lo que Milei plantea, y va a contramano de cualquier abordaje serio para analizar y encarar una política de seguridad”, refutó Jorge Andrés Fernández, secretario de Política y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad. El funcionario citó como ejemplo el decreto nº 1173 de junio pasado en el que Perotti dispuso la exoneración de los 10 policías involucrados en la causa cuyo principal condenado fue el jefe narco Esteban Lindor Alvarado.

Desde 2020, el Ejecutivo procedió a la destitución de 80 efectivos ese año, 90 al año siguiente, 122 en el 2022, y 85 en lo que va de este período. “Se puede discutir aspectos de la violencia urbana, sus consecuencias, tasa de homicidios, pero lo que no se puede falsear es que los policías que van siendo detectados y procesados judicialmente por el delito que fuere, terminan siendo destituidos”, afirmó Fernández. 

En rigor hay dos muertes de efectivos policiales, una de las cuales fue esclarecida, y la segunda tiene autores materiales presos pero con objetivos que aún no están del todo claros.

El primer crimen tuvo lugar el 12 de febrero de este año en un cantobar de Juan B. Justo a 8400- el mismo barrio que hoy arde entre balaceras- y tuvo como víctimas al policía Ricardo Medini, quien custodiaba un cantobar, y un familiar del dueño. Con el correr de los días, el fiscal Alejandro Ferlazzo descubrió que un superior de la víctima, a cargo de la subcomisaría 21 del barrio 7 de Setiembre, tenía contactos con la banda de cuatro hombres jóvenes del barrio, quienes pasaron tirando esa noche sobre el boliche. La custodia no era del todo regular, y el superior jerárquico y su secretario fueron descubiertos con armas en sus domicilios, que no estaban declaradas. La sospecha es que junto a un subalterno tenían trato con la banda de dealers barrial, y permitían la venta. Un negocio que terminó la noche en la que, por motivos que se desconocen, balearon el boliche, en el que terminó siendo víctima el policía Medini. 

La otra muerte es la del policía César Carmona, quien fue asesinado en septiembre pasado, de ocho disparos en la puerta de la Agencia de Investigación Criminal, en la zona sur rosarina, cuando descendía de su vehículo junto a una mochila, que traía desde la financiera donde trabajaba como custodio en Italia 873, en pleno centro de Rosario. El asesinato de Carmona dejó varias aristas abiertas y mucha tela para cortar. 

Las dudas las planteó el diputado provincial Carlos del Frade, quien ingresó a la cámara baja un pedido de informes al Gobierno de Santa Fe para que de a conocer detalles del homicidio, poniendo el foco en si había constancia de que lo estaban siguiendo, qué medidas se tomaron para proteger su vida y cuál es la razón para hablar de una supuesta “salidera” como hipótesis del homicidio. Asimismo, se pretende saber si el oficial de la AIC estaba investigando a la banda narco policial conocida como 'los Romero', de la zona norte de Rosario.

Carmona fue asesinado el pasado jueves 14 de septiembre, alrededor de las 15, en la calle Lamadrid al 500, a las puertas mismas de la Agencia de Investigación Criminal de Rosario, con ocho balazos. Los asesinos se movieron en un VW Gol Trend desde la financiera para "robarle la mochila" en la puerta de la dependencia policial. 

Entre los detenidos aparece Agustín 'Calamar' Almirón, hijo del policía Germán Almirón, condenado en el año 2017 a seis años de prisión por extorsionar a la familia de uno de los integrantes de 'Los Monos', Juan Domingo Ramírez, célebre por su fuga de la Jefatura de Policía rosarina el 14 de enero de 2014.

'Calamar' estaba prófugo por el asesinato de Mauricio Cordara, chofer del dirigente de la UATRE, Pablo Ansaloni, en la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires, el 18 de noviembre de 2022. "Este hombre sería integrante de la banda narco policial de Los Romero, histórica organización de la zona norte de Rosario", apuntó además el legislador. Pero hasta el momento el misterio del robo de la mochila, cuyo contenido nadie sabe y que fue traída desde una financiera por Carmona quien fue perseguido por más de cincuenta cuadras, sigue siendo un gran interrogante. El móvil aún no está claro.