Tras la audiencia convocada en el marco de un amparo colectivo impulsado por personas afiliadas a la obra social provincial en reclamo del tratamiento integral de la discapacidad, la jueza de Primera Instancia de Personas y Familia de Orán, Ana María Carriquiry, suspendió los plazos procesales hasta el 28 de noviembre, para posibilitar que se llegue a un acuerdo. 

La decisión se tomó después de que los referentes del Instituto Provincial de la Salud de Salta (IPSS) informaran que este organismo está en tratativas sobre la atención a brindar en un centro integral de rehabilitación ubicado en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, cabecera del departamento Orán.

“Queremos garantizar que los papás que representan a estos niños puedan tener una cobertura integral de las terapias que necesitan para la rehabilitación y el transporte”, dijo a Salta/12 Luciana Torres Genes, quien junto a Diego Quintana representan legalmente a unos 26 amparistas.

La jueza Carriquiry abrió la posibilidad de que participen más personas en el amparo, por lo cual se habían manifestado con esa intención otros 62 afiliados a la obra social provincial que viven en el departamento.

Tras la resolución, la jueza citó a una audiencia conciliatoria que tuvo lugar el lunes último. Participaron los amparistas acompañados de sus apoderados. Por la obra social participaron la abogada Mariela Figueroa, el abogado Federico Martín Bravo y la jefa del Programa de Discapacidad de la Obra Social IPSS, Graciela Zalazar.

También estuvieron la fiscala Civil, Comercial y del Trabajo, Marcela de los Ángeles Fernández, y por parte del Ministerio Público Pupilar, la Aasesora de Menores e Incapaces 1, Gladys Reynoso.

En la audiencia expusieron algunos amparistas sobre el estado actual de los tratamientos y diversas prácticas que realizan en pos de una mejora de las condiciones de sus hijos o hijas que padecen discapacidades.

Se informó que se pudieron conciliar las urgencias con lo manifestado por los apoderados del IPSS, quienes informaron que están en tratativas con reprsentantes del Centro de Rehabilitación CAERUS con el fin de incorporarlo a la lista de proveedores de dicha obra social.

La jueza suspendió los términos del proceso hasta el martes 28 de noviembre, fecha límite otorgada para acompañar el acuerdo que, como lo manifestaron las partes, se encuentra en ulteriores etapas de negociación entre la Obra Social y el centro CAERUS.

Sin cobertura

Torres Genes aclaró que ese centro de rehabilitación actualmente carece de inscripción como prestador de la obra social, por lo que las personas con discapacidad que acuden pagan sus tratamientos de manera particular.

“Los más chicos tienen un tratamiento interdisciplinario de tres a cuatro horas”, detalló al afirmar que es un servicio que brinda el centro que es “relativamente nuevo”.

El problema que se presentó es que mientras estaban buscando ser prestadores y pese a estar habilitados, “se encontraron en el camino con algunas puertas cerradas y ciertos plazos que el IPPS establece para quienes quieran inscribirse”, para ser prestadores de la obra social.

“Lo que planteamos es que los niños que reciben las terapias no pueden estar condicionados a estos plazos”, afirmó la abogada al explicar las razones del apuro en la presentación del amparo en el juzgado oranense.

La obra social no respondió las consultas de este medio, sin embargo, de manera extraoficial se afirmó que existirían algunas incompatibilidades para que el Centro brinde las prestaciones solicitadas.