El juez federal de Garantías N° 1, Julio Bavio, hizo lugar ayer a la imputación penal requerida por el fiscal federal Ricardo Toranzos en contra de Santos Yufra; su pareja, Matilde Ayala, y un hijo de ésta, Fernando Ramírez Ayala, por el delito de "transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en grado de coautores".
En la audiencia el fiscal expuso sobre la investigación que permitió frustrar el transporte de 400 kilos de cocaína. Indicó que se inició hace dos meses, a partir de una denuncia anónima que brindó datos sobre la ruta de tráfico de las oersonas ahora acusadas, quienes adquirían la droga de Bolivia y la llevaban a Córdoba y Buenos Aires.
En la investigación se estableció que Yufra, que residía con su pareja y Ramírez Ayala en el barrio San Pedrito de la localidad jujeña de Palpalá, hacía de transportista de la organización, rol que le cabía debido a que poseía licencia especial para el transporte internacional de cargas, detalló el fiscal. Yufra hacía constante viajes al norte de la provincia y al sur del país, siempre con ayuda de un cuarto implicado, que cumplía el rol de “coche puntero”.
En las últimas dos semanas, según explicó el fiscal, se pudo conocer que había viajado a La Quiaca manejando un camión Volvo, con semirremolque tipo Tolva, con una capacidad aproximada de 30 toneladas. En las intervenciones telefónicas surgieron evidencias de que el viaje a esa localidad fronteriza de Jujuy era parte de una operación de tráfico y que la carga sería de gran porte, por lo que se activó un gran despliegue de las fuerzas de seguridad involucradas en el operativo.
Entre el 8 y 12 de noviembre, la fiscalía monitoreó los movimientos del camión, que quedó varado por un desperfecto mecánico en la localidad de Antillas, en el sur de Salta, casi en el límite con Tucumán, por lo que se solicitó la colaboración del escuadrón de la Gendarmería Nacional de esa zona para que lo ubicara.
El fiscal detalló que cuando llegó la Gendarmería Yufra estaba hablando con su pareja, sin saber que era escuchado: “Prendé vela porque llegaron las aceitunas”, se despidió. Con la sospecha de que la droga iba oculta en el camión los gendarmes lo inspeccionaron pero no encontraron esta carga, debido a era de noche y sin el equipo suficiente, por lo que Yufra y Ramírez Ayala, que iba de acompañante, siguieron viaje.
El domingo Yufra le reveló a su compañera que ya habían superado el control y habían llegado a la localidad de Rapelli, en Santiago del Estero. Como estos diálogos daban cuenta de que aún tenía la droga en el camión, lo volvieron a interceptar en esa ciudad. Esta vez, con autorización de la federal de Garantías N° 2, Mariela Giménez, los gendarmes ingresaron al fondo del semirremolque, donde descubrieron algunos paquetes en la carga de cemento.
Después retiraron 396 paquetes, con un peso total de 418 kilos y 296 gramos de cocaína. Yufra y Ramírez Ayala fueron detenidos de inmediato.
Posteriormente, en allanamientos complementarios, secuestraron una flota de 12 vehículos, entre ellos seis automóviles de alta gama, tres camiones y tres camionetas. Además, desde uno de los vehículos de mayor porte se incautaron dos armas de fuego, calibre 38 y 9 milímetros, varios cartuchos y dos chalecos antibalas con el logo de la Policía de Córdoba.
Inversión económica
El fiscal resaltó el nivel trasnacional con el que operaba la organización, de la cual participaban otros integrantes de mayor jerarquía, cuyas detenciones no se descartan.
Asimismo, destacó la importante inversión económica dispuesta para ejecutar el transporte, lo que quedó demostrado no sólo por la utilización del camión Tolva, sino por la cantidad de bolsas de cemento adquiridas. Esta característica también se vio reflejada en la flota de vehículos, cada uno dispuesto según la cantidad de droga a transportar y la modalidad.
Dada la capacidad operativa de la organización, el fiscal adelantó la colaboración en lo sucesivo de la PROCUNAR NOA, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba y del área de Casos Complejos, de la Unidad Fiscal de Jujuy, dirigida por el fiscal Federico Zurueta. Y la colaboración de la PROCUNAR, a cargo de Diego Iglesias.
En la etapa final de la audiencia, el debate se centró en el pedido de prisión preventiva requerido por la fiscalía para las tres personas acusadas, planteo que la defensa rechazó respecto a Matilde Ayala y su hijo, por considerar que su rol no estaba claro ni era de gran incidencia en el hecho. Pero la fiscalía recordó que además de atender los llamados de Yufra tuvo una participación activa quemando las bolsas de cemento con las que llenaron la tolva para ocultar la droga. También sostuvo que Ayala tenía facultad de intervenir y convocar a otro integrante de la organización cuando el transportista fue sometido a la primera requisa. Respecto a Ramírez Ayala, insistió en que tuvo un rol clave en el transporte, sobretodo, cuando el camión tuvo un desperfecto mecánico.
El juez Bavio coincidió con la fiscal y descartó de plano el pedido de la defensa de beneficiar a la mujer y su hijo con un arresto domiciliario. Destacó la magnitud del procedimiento, no sólo por la cantidad de drogas, sino por todo el despliegue investigativo.
Respecto al rol de Ayala, afirmó que “no es común que se reporte permanentemente”, como hacía Yufra con ella. “No puede la defensa considerar que Matilde Ayala tuvo un rol secundario, lo que en principio no se advierte, sino por el contrario”, agregó el magistrado.
“Nadie se mete en el fondo de un semirremolque repleto de cemento para ocultar droga, lo que evidencia que estamos ante una organización que actuó de una manera trasnacional”, concluyó el juez, para finalmente conceder la prisión preventiva de los dos hombres y la mujer.