El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil se comprometió a poner en agenda un pedido de la Coalición Negra por los Derechos para que el Estado brasileño reconozca la existencia del racismo en el país y construya un Plan Nacional para combatirlo. La decisión se tomó el martes 24 de agosto tras una reunión de la organización con un representante del STF. Según explica el Ministro Luiz Fux, por el cronograma de actividades oficiales el debate sobre este tema comenzará el 22 de noviembre, dos días después de la fecha en que se recuerda en Brasil la muerte de Zumbi dos Palmares.
La Coalición Negra se está movilizando para presionar a la Corte para que reconozca la violencia sistemática contra los afrobrasileños y presione al gobierno federal para que adopte medidas para detener las prácticas racistas. La medida, adoptada el 12 de mayo de 2022, se realizó con base en la Demanda de Incumplimiento de Preceptos Fundamentales (ADPF) número 973, mecanismo legal que fue firmado por partidos políticos de izquierda, como PT, PCdoB, PSOL, PSB y Red.
Para la coordinadora de incidencia política y litigio estratégico del Instituto Peregum, Ágatha de Miranda, este es un momento oportuno para que entre en el debate la agenda de la sociedad brasileña.
"El escenario es cada vez más violento; las masacres en São Paulo, Bahía y Río de Janeiro han marcado el tono de las capas que la violencia promovida por el sistema de justicia penal genera en la vida de la población negra", afirma.
Miranda cree que este movimiento es importante para revertir un proceso histórico de racismo en Brasil.
“Cuando una persona negra es asesinada por el Estado se violan una serie de otros derechos, además del derecho a la vida. El duelo es, por excelencia, disruptivo, pero cuando se produce en estas situaciones de extirpación total de derechos garantizados por la Constitución Federal, nos encontramos en un estado permanente de violaciones y no de garantías de derechos. Es esta propuesta la que han presentado las instituciones constitucionales a la población negra: la persistencia de desigualdades promovidas por instituciones formadas para promover y proteger derechos. Es importante que la sociedad brasileña no tenga dudas de que históricamente hay un proyecto de muerte en marcha en el país y que debemos movilizarnos en la dirección opuesta para garantizar la vida, la dignidad y la seguridad del pueblo brasileño”, dice.
Según la abogada, hubo avances desde mayo de 2022 respecto de la ADPF, pero también declaraciones contrarias de la Fiscalía General de la República (AGU), entonces representada por Augusto Aras, por desconocer y rechazar la acción. Para Aras, no hubo violaciones de derechos comprobadas.
La solicitud requiere la construcción de un plan de acción de un año de duración, que garantice la participación del movimiento negro para debatir la reducción de la letalidad policial en el país y la construcción de centros de referencia para personas víctimas del racismo en todo el territorio nacional.
El 24 de agosto, varias organizaciones del movimiento negro construyeron una agenda en Brasilia, luego de una serie de acciones policiales violentas en São Paulo, Bahía y Río de Janeiro. Durante las agendas hubo una reunión con el ministro Luís Barroso, quien se mostró interesado en someter la agenda a votación. Barroso, que preside el STF desde finales de septiembre de este año, también se mostró conmovido por la noticia del asesinato de la líder quilombola Mãe Bernadete, baleada después de que su casa fuera invadida, el 17 de agosto.
*Licenciado en periodismo por la UNESP, forma parte de la Red de Periodistas de las Periferias y de la Coalición Negra por los Derechos.
Publicado originalmente en: almapreta.com.br
