"Los que queremos 'echar la suerte con los pobres de la tierra' sabemos que la vida y la muerte, la esclavitud o la libertad verdadera dependen de un Estado presente. Presente con justicia social, con salud y educación pública, libre y gratuita" (Declaración del grupo de Curas en la Opción por las y los Pobres).

"Todo no se compra, todo no se vende" (Frase de Fernán Mirás en la escena final de la película Tango Feroz).

La barbarie

"¡Viva la libertad carajo!", es el grito de guerra de Javier Milei. Es una consigna simple, efectiva y seductora pero engañosa, porque asimila libertad a libremercado. Esa mirada restrictiva pasa desapercibida para buena parte de los destinatarios del mensaje. Por caso, las encuestas cualitativas revelan que una porción importante de los votantes de Milei piden más (y no menos) Estado.

La mercantilización social extrema agudiza las asimetrías económicas preexistentes. El repliegue estatal provoca una pérdida de libertad para las mayorías populares. El anarcocapitalismo no es el reino de la libertad sino de la barbarie.

El filólogo español de la Universidad de Complutense Juan Luis Conde advierte que el “uso contemporáneo del concepto de libertad forma parte de una ofensiva sin precedentes contra cualquier proyecto de igualdad entre los hombres. Pretende devolvernos a una etapa anterior a la existencia de la ley y el derecho, atravesando profundas capas de conocimiento adquirido y consolidado".

Como indicó el ilustrado francés, el religioso Henri Dominique Lacordaire, en un discurso pronunciado en la memorable fecha de 1848 en una Conferencia en Nôtre Dame: "Entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre, entre el amo y el siervo, es la libertad la que oprime y la ley la que redime".

En otras palabras, como cualquiera entendería para el caso de un combate entre un peso pesado y un peso pluma, en una situación de flagrante desigualdad, no hay nada más injusto y peligroso que la libertad. Sin equidad, sin árbitro, sin reglas, la libertad es pura barbarie.

Voucher

Los “liberautoritarios” también impulsan el libremercado como eje rector del sistema educativo. La pócima mágica sería la implementación de un cheque-voucher para “financiar la demanda”. El proyecto sarmientino de “educar al soberano” fue uno de los pilares de la construcción de la identidad nacional. Los “liberautoritarios” proponen desandar ese camino, liquidando el legado de la Generación del '80 plasmado en la histórica Ley Nº 1.420 de enseñanza básica, común, obligatoria y laica.

Milei no sólo critica la gratuidad educativa, sino que también plantea que "el sistema de la obligación no funciona. Si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar. El tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponer tu patrón moral. El que quiera estudiar, estudia, pero obligar no me gusta".

En un plano teórico, el análisis de la plataforma electoral debería ser un insumo clave para la elección ciudadana. Como se sabe, la gente de a pie suele desconocer el contenido de esos documentos partidarios. Esa ignorancia no es tan grave porque, la mayoría de las veces, las plataformas son definiciones generales que quedan plasmadas en un papel para cumplir con el requisito legal. Sin perjuicio de eso, la lectura atenta de esa declaración de principios partidaria tiene alguna utilidad.

Por ejemplo, la plataforma de La Libertad Avanza propone un “sistema de vouchers cheque educativo", lo cual implicaría "descentralizar la educación, entregando el presupuesto a los padres, en lugar de dárselo al Ministerio, financiando la demanda”.

Antecedentes

La propuesta recicla una antigua idea del monetarista Milton Friedman. El máximo exponente de la famosa Escuela de Chicago planteaba que eso permitiría suprimir esa “isla de socialismo en el mar del libre mercado”, haciendo referencia al sistema educativo estadounidense.

El sistema de voucher implica un subsidio a la demanda, donde las escuelas compiten para captar la mayor cantidad de estudiantes (y fondos públicos). De acuerdo con esa visión, la competencia eleva la calidad del servicio educativo. Esa idea se refuerza con la defensa a la plena vigencia del derecho a elección del consumidor. Edwin West planteaba que “un voucher educacional financiado a través de los impuestos es un pago efectuado por el gobierno a una escuela elegida por el padre del niño”.

Más allá de los pioneros esbozos teóricos de Friedmann, el texto canónico de los defensores de la mercantilización educativa es “Politics, markets and America's schools” de John Chubb y Terry Moe (libro publicado en 1990). Los autores son economistas estadounidenses que asesoraron a la primera ministra Margaret Thatcher en la implementación de su agenda neoconservadora en Reino Unido.

A grandes rasgos, Chubb y Moe sostienen que la privatización educativa resuelve las deficiencias de la educación pública. En “Vouchers malos, porquería, caca: por qué algunas reacciones benefician a Milei” (publicado en Cenital), el pedagogo Mariano Narodowski comenta que “ también hay propuestas de vouchers por izquierda: en 1993 el economista post marxista Herbert Gintis propuso un voucher “igualitarista” que aseguraba incorporar lo mejor del mercado y lo mejor del Estado”.

Más allá de eso, el sistema de vouchers fue implementado en muy pocos países del mundo: Chile, Nueva Zelanda, Suecia, entre los más conocidos. Por su cercanía geográfica e idiosincrática conviene detenerse en el caso de la nación trasandina.

Caso chileno

La reforma pinochetista transfirió las escuelas públicas a los municipios en 1981. “Las escuelas públicas continuaron recibiendo fondos del gobierno central, pero se comenzó a pagar a los municipios un subsidio (voucher) por cada estudiante matriculado en sus establecimientos. Las escuelas privadas (con o sin fines de lucro) que no cobraban mensualidades comenzaron a recibir el mismo subsidio por estudiante que las escuelas públicas”, explican los profesores Humberto Santos y Gregory Elacqua en Segregación socioeconómica escolar en Chile: elección de la escuela por lo padres y un análisis contrafactual teórico, publicado en Revista de la Cepal N° 119.

Los cambios trajeron aparejado un éxodo de las clases acomodadas desde las escuelas públicas a las privadas subsidiadas. La intervención estatal se redujo a “subsidiar la demanda” y evaluar la calidad educativa. La evaluación cumplía dos objetivos: 1) estimular la competencia entre las escuelas y 2) proporcionar información acerca de la “calidad” de cada establecimiento.

Los resultados efectivos ponen en duda las supuestas ventajas de ese paradigma educativo. La reforma intensificó la segregación cultural, ampliando la brecha de calidad entre escuelas privadas y municipales. Las “mejores” escuelas implementaron barreras de entrada más o menos sutiles para evitar el ingreso de los “indeseables”.

Así, las devaluadas escuelas públicas quedaron como único reducto posible para los estudiantes pobres. En otras palabras, la reforma intensificó la segregación cultural en perjuicio de los sectores más empobrecidos. Los efectos adversos de la segregación escolar en el rendimiento académico, el embarazo adolescente, la deserción, el ambiente educativo, el compromiso intelectual y la motivación son confirmados por diversos estudios internacionales.

Los defensores de la reforma pinochetista sostienen que la segregación no fue resultado de los vouchers. El argumento utilizado es que los pobres concurren a las escuelas públicas porque les “queda más cerca”. El análisis de los datos georreferenciales de estudiantes y escuelas del Gran Santiago refuta ese argumento.

“La segregación es mayor en las escuelas que en los barrios y sugiere que la interacción entre las preferencias de las familias y las barreras de entrada establecidas por las escuelas incrementan la segregación escolar por sobre el efecto de la segregación residencial. Este hallazgo contradice el argumento de que la concentración de estudiantes de un nivel socioeconómico similar es simplemente un reflejo de la segregación residencial que existe en Santiago”, concluyen Santos y Elacqua.

En Argentina

El primer obstáculo que tiene el proyecto de vouchers, en Argentina, es de tipo legal/organizacional. El menemismo impulsó una descentralización educativa en la década del noventa. Eso implicó el traspaso del sistema educativo a las jurisdicciones provinciales. Esa distribución de competencias quedó plasmado en la Ley Federal de Educación de 1993. Por su parte, el artículo quinto de la Constitución Nacional plantea que “cada provincia dictará para sí una Constitución... que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria”.

Con independencia de las trabas legales, el problema de fondo es la promoción de una agenda educativa insolidaria. La propuesta “liberautoritaria” implica una profundización de la segregación socioeconómica educativa preexistente. La ley de la selva obstaculiza aún más la movilidad social ascendente. Ahora bien, la mayor receptividad social a este tipo de ideas no es fruto de la casualidad. La defensa irrestricta de la escuela pública no debe confundirse con la justificación del status quo.

La segregación socioeducativa ya es una realidad. La histórica convivencia de estudiantes “ricos” y “pobres” en un aula es casi inexistente en la actualidad. En su trabajo Segregación escolar: ¿cuán heterogéneas son las escuelas argentinas?, la investigadora de la Universidad Nacional del Sur y CONICET Natalia Krüger comparó la segregación escolar (primario y secundario) por nivel socioeconómico con los datos de los operativos Aprender 2017 y 2018.

“En Argentina, la segregación escolar por nivel socioeconómico es moderada a alta, lo cual sitúa a nuestro sistema educativo entre aquellos con una distribución más desigual de sus alumnos. Si bien se registran ciertas variaciones en las posiciones de las provincias según el grupo minoritario seleccionado, en general destacan por sus mayores niveles de segregación la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. En el extremo opuesto aparecen Jujuy, Formosa, Chaco y La Rioja”, concluye Krüger.

Otro aspecto a considerar es la cuestión de la calidad educativa. A mediados de los ‘90, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) implementó el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA). Cada tres años, el programa evalúa conocimientos en matemática, ciencias y lectura. El universo examinado comprende a estudiantes de 15 y 16 años residentes en 79 países. En el último ranking publicado, correspondiente al año 2018, la Argentina se ubicó en el puesto 63 en Lectura, el 71 en Matemática y el 65 en Ciencias.

Es cierto que esa prueba standarizada no debe tomarse como parámetro indiscutido de calidad. En esa línea, el reconocido profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ) Pablo Gentili, sostiene que “PISA parece haber logrado una verdadera hazaña ideológica: imponer como evidente y necesaria la suposición de que los sistemas escolares de todos los países pueden ser evaluados mediante la aplicación de una misma prueba aplicada a un conjunto de estudiantes elegidos al azar”.

Sin perjuicio de eso, las pruebas PISA brindan un insumo que no debe ignorarse. Es tan erróneo endiosar algunos indicadores, como desecharlos. Por otro lado, el gobierno argentino tiene su propio dispositivo nacional de evaluación. Los últimos resultados publicados del Plan Aprender (correspondientes a 2022) revelan que el 43 por ciento de los estudiantes se ubican en el grupo de menor desempeño (Básico y Debajo del Básico) en la disciplina de Lengua. Ese desempeño subóptimo crece al 82,4 por ciento en el caso de Matemática. Los estudiantes de escuelas públicas registran una peor performance que el promedio general: 50,5 (Lengua) y 88,4 por ciento (Matemática).

La reparación de las deficiencias educativas es una condición necesaria para frenar el avance de las propuestas reaccionarias. Como decía el inolvidable Mario Wainfeld “negar que muchas de las funciones necesarias del Estado se cumplen deficientemente beneficia a los rivales que vienen por todo”. El politólogo sueco, que escribe su tesis de posgrado sobre la Argentina, coincide con Mario.

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