Los cuatro detenidos en el marco de la investigación las amenazas de bomba a escuelas rosarinas fueron imputados ayer por el delito de intimidación pública y recuperaron la liberad después de haber estado presos más de 30 horas hasta la audiencia. Así resolvió el juez Carlos Leiva la suerte de dos padres y una madre de adolescentes que habrían hecho las llamadas. El cuarto es un joven de 20 años cuyo teléfono también fue identificado.
Las detenciones se realizaron la noche del jueves por orden del fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien pidió 30 días de prisión preventiva para los apresados por delitos contra el orden público e intimidación pública, pero el magistrado les dio una libertad restringida y deberán presentarse cada 15 días mientras continúa el proceso, que el fiscal pretende llevar a juicio como un mensaje ejemplificador. Los padres quedaron detenidos por ser detectados los números de teléfono de los cuales partieron algunas de las cientos de amenazas que acumula la fiscalía.
