El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, difundió un comunicado de la embajada de su país en Guatemala que hace un fuerte llamado a que cesen los ataques contra el presidente electo Bernardo Arévalo: "EE.UU. rechaza los continuos y atroces intentos de socavar la democracia en Guatemala. Estas acciones amenazan la estabilidad no sólo de Guatemala sino de la región en su conjunto. El pueblo de Guatemala ha hablado. Las instituciones guatemaltecas deben respetar su voluntad".
El comunicado de la legación diplomática explica que Washington tomará acciones "para imponer restricciones de visa a 11 personas por socavar la democracia y el Estado de derecho" en Guatemala. "Con esto, el total de recientes restricciones de visas bajo esta norma alcanza 25 y EE.UU. continuará tomando acciones para imponer tales restricciones a individuos adicionales que continúan socavando la democracia de Guatemala", añade la declaración.
"Estados Unidos rechaza inequívocamente los esfuerzos continuos y descarados para socavar la transición pacífica del poder al presidente electo Bernardo Arévalo. Esto incluye los planes de funcionarios del Ministerio Público de presentar cargos contra el presidente electo Arévalo y la vicepresidente electa Herrera, así como miembros del partido Semilla y otros miembros de la oposición", continua el texto.
El ataque de la fiscalía
El Ministerio Público (Fiscalía) guatemalteco anunció este jueves que pedirá el retiro de la inmunidad para Arévalo de León y su vicepresidenta, Karin Herrera, por un supuesto caso de daños contra el patrimonio de la universidad estatal, acusándolos de participar en 2022 en la toma a la fuerza de un campus universitario. Por este mismo caso, la excandidata a diputada del partido Semilla, Marcela Blanco, fue capturada y se emitió orden de captura contra otras 25 personas, entre ellos exfuncionarios, políticos, estudiantes y profesores universitarios.
El Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, ha sido fuertemente criticado en Guatemala y en el exterior en los últimos meses por intentar intervenir en los resultados de las elecciones generales del pasado verano y tratar de cancelar al Movimiento Semilla, partido del presidente electo.
La persecución por parte de la Fiscalía en contra del Movimiento Semilla empezó el 12 de julio, después de que Arévalo de León obtuviera el segundo lugar en los comicios generales del 25 de junio. El candidato izquierdista después se hizo con la Presidencia al derrotar a la ex primera dama Sandra Torres en la segunda vuelta.
Desde entonces, la Fiscalía allanó el Tribunal Supremo Electoral, decomisó cajas con votos y buscó procesar a los magistrados de la entidad por un supuesto caso de fraude electoral. Arévalo de León denunció a Porras Argueta de encabezar un intento de "golpe de Estado" en su contra para evitar que tome posesión de la presidencia el próximo 14 de enero.
La ONU critica
El secretario general de la ONU, António Guterres, está "alarmado" por las últimas acciones de la Fiscalía de Guatemala, que emitió órdenes de detención contra militantes del Movimiento Semilla y anunció que solicitará el retiro de la inmunidad al presidente electo del país, Bernardo Arévalo de León.
Guterres "reitera su llamamiento a las autoridades a garantizar que la voluntad democrática expresada en las urnas se respete", dijo el portavoz de la Secretaría General, Stéphane Dujarric, durante su rueda de prensa diaria en Nueva York.
Las ONG denuncian
Un grupo de 16 organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos acusaron este viernes a la Fiscalía de Guatemala de atentar contra la democracia y el Estado de derecho al judicializar el proceso electoral. Las organizaciones, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), emitieron un pronunciamiento en el que expresan su "profundo rechazo a las recientes acciones de criminalización del Ministerio Público de Guatemala contra la oposición política, académicos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos".
Según el pronunciamiento de las organizaciones, entre las personas con órdenes de captura están el ex procurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade, defensores de derechos humanos como Ramón Cadena y Helmer Velásquez, académicos de la USAC como Hada Alvarado y Eduardo Velásquez, líderes estudiantiles y periodistas.
Además de Cejil y WOLA, otras organizaciones firmantes son la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Guatemala Human Rights Commission (GHRC), Article 19 Oficina para México y Centroamérica, Abogados sin fronteras Canadá (ASFC), RFK Human Rights, International Service for Human Rights (ISHR), Comisión Internacional de Juristas, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.
