Dos años pasaron desde el día en que tres oficiales de brigada de la Policía porteña, Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nieva, asesinaron a Lucas González cuando el chico de 17 años volvía de entrenar en Barracas Central. Los tres ya fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio, mientras se espera por el inicio del segundo juicio que hasta el momento sólo juzgará a un oficial más, Facundo Torres, acusado de contribuir al encubrimiento por el que ya fueron condenados otros seis agentes. Además, la Cámara de Apelaciones debe decidir si deja firme el sobreseimiento de otra oficial acusada del mismo delito.
El 17 de noviembre de 2021, Lucas salió de entrenar de la cancha Cacho de Barracas Central por última vez. Junto a Niven y Joaquín subieron a la Vokswagen Suran de Julián, otro de sus amigos, y en Iriarte y Vélez Sarsfield un Nissan Tiida de brigada de la Policía porteña, sin identificación, los interceptó. Se bajaron tres hombres de civil y dispararon sin mediar palabra. Una bala entró por la frente de Lucas, que murió un día después, la tarde del 18, en el Hospital El Cruce de Florencia Varela, barrio en el que vivía junto a su familia.
Héctor y Cintia, los padres del chico, pudieron tener Justicia con una considerable rapidez. Un año y medio después del crimen, el pasado 11 de julio, el Tribunal Oral en lo Criminal N°25 condenó a prisión perpetua a Isassi, López y Nieva por el homicidio cuadruplemente agravado de Lucas. Tras un debate de casi cuatro meses, el tribunal incluyó por primera vez en Argentina el agravante de "odio racial". Otros seis policías porteños, desde oficiales a comisarios, fueron condenados también a penas de entre cuatro y ocho años de prisión por encubrimiento, privación ilegal de la libertad o torturas.
El juicio, sin embargo, no cerró las puertas de una causa que aún se mueve entre la Fiscalía Nacional N°32, a cargo de Leonel Gómez Barbella, y el Juzgado N°7 de la jueza Vanesa Peluffo. Lo último que ocurrió allí, de hecho, fue un contrapunto entre los dos. Es que la jueza dictó el sobreseimiento de tres agentes de la fuerza porteña: Lucas Varas, María Luján Scorza y Daniela Lozano. Sobre los primeros dos, el fiscal no objetó; sobre la oficial Lozano, en cambio, sí presentó una apelación que ahora se tramita en Cámara.
La oficial se encontraba ese día de guardia a metros del lugar y fue testigo de la balacera. De hecho, por esa misma razón la jueza otorgó en primera instancia el llamado a indagatoria de Lozano, que se negó a declarar y presentó un escrito a cambio. "Mi única verdad y realidad fue que, al llegar al lugar del suceso investigado, unos de los policías que había intervenido a viva voz manifestó que ‘uno de los chicos había sacado un arma por la ventanilla’", escribió la oficial, que agregó que "sinceramente para mí era un enfrentamiento armado”.
En la apelación presentada por Gómez Barbella, en cambio, el fiscal sostuvo que Lozano "no sólo se encontraba en el lugar de los hechos, donde pudo presenciar lo acontecido brindando al exterior una versión sumamente distorsionada tendiente a encubrir lo realmente acontecido, si no que tomó conocimiento de la maniobra realizada por sus colegas y omitió denunciar el delito que se estaba perpetrando". Gómez Barbella se basa en las conversaciones de Whatsapp que Lozano mantuvo con el principal Héctor Cuevas, ya condenado por el encubrimiento.
Una de ellas ocurrió cerca de las 21 de ese día, casi 12 horas después de los hechos, y se centra en el arma de juguete que los policías plantaron en el auto de Lucas y sus amigos para intentar fraguar la versión del enfrentamiento, instalada ya por la brigada. En el chat, Lozano le pregunta a Cuevas: "¿Tenía una réplica como decía el poli?". El principal, por su parte, contesta que "se la pusieron". La respuesta coincide con lo que el propio Cuevas declaró en el marco del juicio, cuando se quebró y contó que vio el momento en que los agentes plantaron el arma, momentos después de la balacera. Cuevas dijo que fue Isassi quien la plantó bajo las órdenes del subcomisario Roberto Inca, también condenado en el primer juicio.
La acusación del fiscal, por la que pidió revocar el sobreseimiento y procesar a la oficial, es que la mujer no denunció la balacera ni lo que Cuevas le contó sobre el arma de juguete. En su escrito, Lozano negó "rotundamente" la imputación. Sobre la conversación con el principal, aseguró que "lo pasé por alto, no le di entidad alguna, o mejor dicho, ni le creí, porque yo había escuchado --de primera persona-- que uno de los chicos había sacado un arma por la ventanilla".
Más allá de Lozano, cuya situación deberá decidir la Cámara, en la causa está procesado un policía más, por lo que se aproxima un nuevo juicio. Se trata del oficial Facundo Torres, detenido en medio del debate oral de este año, luego de la declaración del propio Cuevas, quien dijo que Isassi llegó al lugar en la moto conducida por Torres y señaló a este último como quien aportó la pistola trucha. Las cámaras de seguridad de la zona y los datos de geoposicionamiento de la moto permitieron trazar el recorrido de los dos agentes entre el lugar de la balacera y el del encubrimiento, no sin antes detenerse en la Comisaría 4D, donde Torres está acusado de haber bajado a buscar el arma.
A la espera del segundo juicio, aún sin fecha de inicio, la familia y su representación legal creen que la investigación puede llegar a instancias jerárquicas superiores. "Todavía hay cuestiones que investigar y para eso hay un nuevo juicio. Allí llegaremos a Gabriel Berard, el jefe de la policía de CABA, que no sólo encubrió sino que cometió varios delitos que saldrán a la luz", dijo a este diario Gregorio Dalbón, abogado de la familia de Lucas, quien agregó que "no vamos a parar hasta que encontremos a todos los responsables civiles y policiales".
El nombre del todavía jefe de la fuerza porteña estuvo sobre la mesa durante toda la última parte del primer juicio. Los abogados defensores de dos de los acusados por el encubrimiento aseguraron allí que Berard estaba al tanto de las acciones de los policías imputados, por lo que se abrió una investigación oficial. Una de las defensas incluso afirmó que, dos meses después del crimen, la jefatura policial les informó en una reunión que no podían ayudarlos porque consideraban al caso como un "tema político" y no querían "que llegue a nosotros”.
