El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, juró este viernes su cargo ante el rey Felipe VI en una ceremonia celebrada en el Palacio de la Zarzuela y, a partir del encargo del monarca, quedó en condiciones de armar su próximo Gobierno, después de que el Congreso de los Diputados aprobara ayer su investidura.

"Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras", expresó Sánchez con la mano derecha puesta sobre un ejemplar de la Constitución. 

La promesa formal, en la que sumó la palabra "ministras", tuvo lugar un día después de que el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) lograra un nuevo mandato tras conseguir en el Congreso el respaldo de 179 diputados, la mayoría absoluta.

En el poder desde 2018, Sánchez, de 51 años, tenía garantizados esos votos gracias a los acuerdos forjados durante semanas con varios grupos regionalistas de Cataluña, Galicia y el País Vasco, cuyo apoyo le resultaba crucial a falta de una mayoría clara en el Parlamento.

Pese a haber quedado segundo en las elecciones del 23 de julio, el líder del PSOE había recibido el encargo de formar gobierno después de que al ganador de esos comicios, el líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, no le alcanzara con el respaldo del partido de ultraderecha Vox para lograr la mayoría necesaria.

 En contra de Sánchez votaron 171 legisladores: 137 del PP, 33 de Vox y uno de la Unión del Pueblo Navarro. El líder socialista volvió a jurar el cargo sin presencia de símbolos religiosos, después de que con la llegada de Felipe VI a la jefatura del Estado, la Casa Real cambiara el protocolo, que el propio Sánchez estrenó en 2018.

El acto lo habilitó a formar un Ejecutivo de coalición entre el PSOE y la alianza de izquierda Sumar, con la que gobernó en el mandato anterior, y se espera que en los próximos días dé a conocer los nombres de sus ministros. Al tratarse de un Gobierno de coalición, Sánchez y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, tendrán que cerrar, si no lo han hecho ya, el número de departamentos que le correspondería a esta fuerza política.

Una de las principales promesas que hizo para lograr el respaldo a su investidura fue la de impulsar una ley de amnistía para cientos de independentistas procesados por el intento fallido de secesión de Cataluña de España de 2017. Esto le valió el apoyo de los catalanes de Esquerra Republicana (ERC) y de Junts per Catalunya (Junts), del expresidente catalán Carles Puigdemont, que vive en Bélgica desde hace seis años para eludir su procesamiento por liderar la rebelión secesionista.

Al exponer el miércoles ante los diputados las prioridades de su nueva legislatura, Sánchez defendió la necesidad y constitucionalidad de este acuerdo con Junts, pese a que se había opuesto a la amnistía en el pasado. Esto es necesario para "cerrar las heridas" abiertas por la crisis de 2017, afirmó el presidente del Gobierno, asegurando que quiere garantizar "la unidad de España por la vía del diálogo y del perdón". 

El socialista prometió además actuar como "un muro" frente a la "agenda reaccionaria" que representan las "derechas retrógradas" del PP y de Vox. Estos dos partidos son, además, los que se han opuesto fuertemente a la ley de amnistía y convocaron a manifestaciones en los últimos días, que en algunos casos derivaron en hechos de violencia.

La protesta de anoche frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, a la que asistieron unas 4.000 personas, terminó con siete detenidos, según comunicó la Delegación del Gobierno de Madrid y recogió la agencia Europa Press. Para el sábado está prevista en Madrid una nueva manifestación, en la que participarán dirigentes del PP y de Vox.

En tanto, un sector minoritario de militares retirados, los mismos que años atrás se habían manifestado a favor del fallecido exdictador Francisco Franco, reclamó ayer a las Fuerzas Armadas la destitución de Sánchez y la convocatoria a nuevas elecciones por considerar que existe una "ausencia de justicia, igualdad y democracia" en el país.

Se trata de un pronunciamiento de la Asociación de Militares Españoles (AME) que lleva medio centenar de firmas, publicado en su web. Allí, justifican el reclamo en el artículo 8.1 de la Constitución, que señala que las Fuerzas Armadas tiene la misión de "defender el ordenamiento constitucional", que ven en "grave peligro por la falta de independencia judicial". 

"Pedimos a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional la destitución del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, lo que sometemos a la consideración de la ciudadanía española al objeto de prevenirla de la gravedad de la situación actual", reza el texto.

Asimismo, algunos de los militares firmantes del manifiesto ya se habían pronunciado en 2020 a favor de "matar rojos", en alusión a los socialistas, y aniquilar a 26 millones de personas, informó Radio Nacional de España, al dar cuenta de los mensajes de un grupo de WhatsApp en el que también hay mensajes de odio contra homosexuales, feministas y catalanes.