En la Legislatura porteña fue diseñado un nuevo instructivo educativo, aunque en su caso para alertar a los alumnos sobre sus derechos ante un posible avasallamiento policial. La iniciativa, que nació de varias organizaciones sociales y de las comisiones de Derechos Humanos y de Infancia, Adolescencia y Juventud, explica cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan la actividad política de los estudiantes. En diálogo con PáginaI12, la legisladora Andrea Conde (FpV) explicó que “estamos frente a una medida persecutoria grave. Pero lo peor es que no esto no algo casual sino que es una constante del gobierno porteño”.

“La toma de las escuelas por parte de lxs estudiantes no debe criminalizarse. Es una medida de protesta de los niñxs y adolescentes, la cual debe resolverse en los ámbitos educativos o administrativos en función a las leyes nacionales (26.061), de la Ciudad (114) y la normativa internacional como la Convención Internacional sobre los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”, enuncia el documento.

Luego, en el instructivo diseñado por las comisiones legislativas y el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),  el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se establece una serie de recomendaciones a tener en cuenta en la protesta estudiantil tanto para los propios alumnos como para docentes, padres, directivos y medios:

  • Proteger la identidad de los adolescentes que participen de las protestas. No se deben exponer sus nombres en actos administrativos, ni en las redes sociales y menos aún en denuncias policiales y judiciales. Por favor no difundir material y documentación que permita identificar a los/las adolescentes.
  • Los adolescentes no tiene la obligación de brindar sus nombres ni firmar ningún acta ni registro que los identifique.
  • Las actas labradas por las autoridades del establecimiento educativo, a fin de acreditar la situación de toma y deslindar las responsabilidades civiles de los directivos, no debe individualizar a los estudiantes ni ser firmados por estos.
  • El instructivo enviado a las escuelas, por parte del gobierno porteño, carece de las formalidades de rigor que exige cualquier acto administrativo para su validez y es violatoria de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Por lo tanto, no es obligatoria su aplicación
  • La policía no debería ingresar, si no es mediante orden de un juez, a ningún establecimiento o morada. En caso de existir presencia policial solicitar; nombres apellidos y grado, repartición a la que pertenecen. El interlocutor con la policía, en medida de lo posible, debe ser un adulto y la comunicación debería ser afuera del establecimiento educativo.
  • La policía no puede sacar fotos ni registros de ninguna actividad realizada por los estudiantes en el marco de la toma.

A su vez, el consejero por la Legislatura  del Consejo Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Jorge Machain le pidió al fiscal general de la Ciudad, Luis Cevasco, que instruya a los fiscales para que “se frene la criminalización de la protesta”. “La presencia de fiscales en las escuelas con estudiantes que manifiestan su legítimo derecho de protesta es un claro accionar intimidatorio”.

“La criminalización de la juventud es una constante de este gobierno. No es casualidad tampoco que busquen bajar la edad de punibilidad. El gobierno debería entender que la represión y la violencia institucional no son un camino válido en nuestro país para responder ante el conflicto social”, completó Conde.