Dos de los siete allanamientos que la Justicia desplegó el miércoles por la noche, en busca de los autores de amenazas de bomba a escuelas, cayeron en domicilios equivocados, para susto y estupor de las familias en las que recayó la sospecha que ocupó el centro de la agenda periodística de la ciudad durante la semana. Por ese error, y por las consecuencias -sobre todo, el susto que sufrió una niña de 4 años que vive en una de las casas allanadas- la jefa de familia acudió a la Defensoría del Pueblo para iniciar acciones contra la compañía de telefonía móvil que propició el equívoco, por haber registrado sendas líneas de celulares con una dirección incorrecta.
Media docena de agentes de la Policía de Investigaciones llegaron el miércoles a medianoche hasta una vivienda de Caminito al 3600, en el barrio Tío Rolo, del extremo oeste de la ciudad, con la orden judicial de allanamiento solicitada por el fiscal Gustavo Ponce Asahad. Lucrecia O. todavía miraba la televisión antes de irse a dormir, como lo hacía ya su esposo, su hija y su nieta de 4 años. Y en eso estaba cuando golpearon a su puerta y desataron la ruidosa desesperación de los perros de la cuadra.
"Nos dijeron que era un allanamiento y lo primero que pensé fue que era un error de dirección", relató la mujer al portal Rosarioplus.com. "Cuando mostraron la orden los hice pasar y nos pusimos a disposición, aunque sin entender qué buscaban: la dirección era la nuestra, pero no la línea, que era de Movistar cuando nosotros tenemos Personal; ni el nombre del titular", recordó.
"Nos pusimos a disposición, pero sin entender: la línea que buscaban era de Movistar y nosotros tenemos Personal".
Para ese momento, toda la familia se había levantado, presa del susto por una situación que no entendían. El director de Investigación Criminal, Darío Chavez, observaría más tarde que los destinatarios de los siete allanamientos que desembocaron en el secuestro de seis teléfonos y la detención de un padre, dos madres y un joven de 20 años -quienes el viernes recuperaron la libertad aunque siguen imputados por el delito de intimidación pública- "es gente que nunca tuvo un conflicto con la ley y que sólo pisó una comisaría para pedir un certificado de vecindad". No obstante, el juez Carlos Leiva los procesó por intimidación público a los cuatro aunque los excarceló.
La nieta de la Lucrecia, de 4 años, quedó impactada por la situación. "Al otro día no quiso ir al jardín, y a la noche no quería dormir, quedó asustada", contó la mujer. No obstante, concedió que el procedimiento policial se hizo de una manera infrecuente. "No hubo violencia, no tocaron nada y siguieron las órdenes del comisario", dijo Lucrecia.
La dirección que tenían los policías era la de esta familia, aunque el nombre del titular de la línea de la que partieron amenazas a escuelas no coincidía con nadie en esa vivienda. Por eso la mujer llevó papeles y celulares hasta la fiscalía de Ponce Asahad, y luego acudió a la Defensoría del Pueblo para asesorarse respecto de la compañía Movistar. "El error es de la telefonía que tiene datos sin pruebas de cada persona que se compra una línea, sin demasiado chequeo", dijo la mujer al tiempo que meditó su preocupación en cuanto a "la posibilidad de que haya un propietario de una línea que mintió el domicilio" y la terminó perjudicando.
