Celebramos el fallo de la jueza Patricia López Vergara para garantizar el derecho a la vivienda de una mujer jefa de hogar y víctima de violencia de género. Son situaciones sumamente habituales. La carencia de vivienda y de ingresos laborales suficientes para encarar una vida autónoma lesionan aún más los derechos de quienes padecen violencia doméstica. Las respuestas del Gobierno de la Ciudad son escasas, a pesar del carácter prioritario que la legislación vigente otorga a las mujeres víctimas de estas violencias, es preciso una acción judicial para acceder a derechos consagrados. Incluso varios bloques legislativos y la Defensoría del Pueblo de la CABA han presentado proyectos de ley para generar cupos de vivienda social destinados a las mujeres en situación de vulnerabilidad. El fallo judicial marca claramente la obligación, todavía incumplida, del Estado.
* Directora de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la CABA.
