Sufrió atentados y ataques. Cuenta que una vez hasta le aflojaron las ruedas del auto, para que se matara en la ruta. Cordobesa de Corral de Bustos, donde nació en 1965, Magdalena Odarda se recibió de abogada y se mudó a Sierra Grande, donde fue concejal. Docente, dirigente gremial, legisladora provincial durante 10 años y hoy senadora nacional, integra el ARI pero no es parte de Cambiemos. Actúa dentro de un interbloque con Pino Solanas y Jaime Linares. Vive en General Roca, Río Negro, una provincia con 140 comunidades indígenas, y su objetivo inmediato es la prórroga de la ley 21.160, que en 2006 estableció relevar las tierras de las comunidades indígenas. 

–Tenemos que seguir exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado y la investigación sobre la responsabilidad en su desaparición forzada, que es el modo en que la Justicia caratuló su caso. Me preocupa además cómo creció la ola de estigmatización o xenofobia contra nuestros pueblos indígenas. Hay una ola de amenazas contra comunidades de todo el país. Radio Alas de El Bolsón recibió un mensaje de texto: “No sigan tirando de la soga porque después van a llorar a Plaza de Mayo”. En Zapala apareció una autodenominada Liga Patriótica de Neuquén. Me genera un dolor muy grande. No conozco ninguna comunidad que piense crear un Estado dentro de otro Estado. No es así. Utilizan esa falsedad para atacar a quienes solo buscan que la Constitución se cumpla. En Salta y Jujuy también están preocupadas las comunidades. Abundan las situaciones de amenaza y persecución.

–Hasta hace un mes la necesidad de prorrogar la ley 21.160 era un pedido de algunos legisladores, de la Defensoría General de la Nación, del CELS e incluso de funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. ¿Hasta qué punto ese pedido se extendió? 

–Ya es un clamor. En los últimos tiempos recibí 600 mensajes por mail o WhatsApp pidiendo que el Senado no deje de prorrogarla.

–Usted y Pino Solanas quisieron que la prórroga saliera en la última sesión plenaria del Senado. ¿Por qué el apuro?

–Para proteger a las comunidades indígenas de todo el país de posibles desalojos compulsivos por parte de la Justicia. La ley está vigente desde hace once años. Es cierto que los relevamientos están demorados. Pero siguen siendo necesarios. 

–¿A qué se debió la lentitud?

–Tal vez a que muchas provincias, y quizás también el gobierno nacional, no impulsaron el relevamiento con toda la fuerza posible. Pero hay comunidades indígenas que sí tienen ya en su poder las famosas carpetas técnicas, o sea que cuentan con una protección frente a un juicio de desalojo. No hablamos de un capricho sino de una manda constitucional. Se trata de cumplir con un derecho del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. 

–El que menciona el derecho a la personería jurídica de las comunidades y a la posesión comunitaria de las tierras que ocupan. 

–Exactamente. 

–¿Cómo se concreta la propiedad comunitaria?

–Está prevista en la Constitución y se valida mediante un certificado de dominio que se le concede a la comunidad como tal. No es un título individual. Tiene otros objetivos. Sirve para que la comunidad pueda desarrollarse, pueda proteger sus sitios sagrados y pueda desarrollar sus actividades culturales. Siempre dentro de una concepción de interculturalidad. Tenemos que convivir. Y en paz. El respeto a los pueblos preexistentes es un mandato constitucional.

–¿Cuando conversa con las comunidades sus referentes suelen plantearle formar un Estado propio?

–Jamás me propusieron crear un Estado dentro del Estado argentino. Ni un Estado propio. No lo escuché de ninguna comunidad. De ninguna. Sí defienden un modo de vida de respeto a la cosmovisión indígena. Uno de los aspectos es el resguardo de un sistema productivo que algunos llaman pastoril. Deriva de una determinada visión sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Es una concepción respetable. Hablan de trabajar la tierra, de la agricultura en pequeña escala, y utilizan sus animales. Me dedico a estos temas desde que soy abogada y desde que empecé a hacer política, primero como concejal en Roca y después como legisladora provincial y nacional. En Río Negro siempre me hablaban de objetivos concretos. De la tierra, por supuesto, y de la necesidad de tener escuelas bilingües. 

–¿Qué puede pasar si no hay prórroga o si la prórroga llega muy tarde?

–Puede alterarse la paz social. ¿No es un valor importante? Acá nadie pretende nada raro. Solo queremos que no se vuelva atrás en un debate que ya se dio. Lo dio la Constituyente del 94 y lo dieron los legisladores al votar las distintas leyes. Hay que reglamentar derechos. Es una tarea pendiente. Por ejemplo el derecho a la consulta libre e informada antes de una decisión estatal, que surge del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que reconoce los derechos indígenas individuales y colectivos. 

–La Argentina lo ratificó en el 2000.

–Sí. Pero por ejemplo antes de avanzar en una actividad petrolera hay que escuchar a las comunidades indígenas del lugar y tener en cuenta sus derechos. Por eso es importante frenar los desalojos compulsivos: es una base mínima para poder garantizar otros derechos. Y no es que desde 2006 no hubo desalojos. Hubo. 

–¿Y qué pasó?

–Tuvimos que ir a frenarlos con la ley en la mano. Estamos en un momento histórico en el que hay que dar tranquilidad, no generar incertidumbre. Una vez que frenemos los desalojos y sigamos adelante con los relevamientos hay que llegar al objetivo de otorgar la propiedad comunitaria indígena cuando corresponda. En diciembre de 2015 un grupo de legisladores incluso presentamos un proyecto específico de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. 

–¿Con qué resultado?

–Ni se trató en ninguna de las cámaras. Tampoco está reglamentada la consulta que prevé la OIT. Yo integro la comisión indígena del Parlasur. Con un porcentaje muy grande población que se reconoce como indígena o de origen indígena estamos muy atrasados respecto de países como Bolivia y Ecuador. Cada caso es un gran conflicto. En Las Grutas, ante un megaemprendimiento inmobiliario, después de varias presentaciones logramos poner un cerco perimetral porque las excavadoras sacaban cuerpos de un cementerio indígena y los cuatriciclos pisaban los cráneos. En otros países esos lugares están protegidos. ¿Alguien se imagina qué pasaría si los cementerios de Recoleta o Chacarita se convirtieran en explotaciones inmobiliarias y encima sin consulta con nadie? Los pueblos indígenas de la Argentina son pacíficos y trabajan sus tierras desde hace muchos muchos años. En la dictadura y después con el menemismo comenzó un proceso de extranjerización de tierras gracias a leyes y a gobiernos permisivos, que facilitaron la venta de tierras a grupos de inversión extranjeros. No son personas que vienen a trabajar la tierra sino a especular. O buscan su propio paraíso privado. O una explotación como Benetton, que tienen un mínimo de 900 mil hectáreas. Algunos cerraron las tranqueras y comenzaron a concederse privilegios prohibidos por la Constitución. Estos grupos, con directivos o socios que a lo mejor ni siquiera viven en la Argentina, tienen privilegios. Un caso es el aeropuerto estratégico de Joseph Lewis. El aeropuerto pertenece a un ciudadano inglés y no tiene control del Estado, porque no hay radares, a menos de dos horas de vuelo de las Malvinas. A eso se suma la restricción inconstitucional del libre acceso a las costas, en este caso del Lago Escondido, y hay que añadir el despoblamiento del campo y el cierre de escuelas rurales. Todo tiene un alto valor original por la existencia de agua dulce, y se valorizó aún más ante la realidad o la chance de que haya uranio o pueda haber petróleo. 

–¿Por qué se cierran las escuelas rurales?

–Porque toda presencia ajena a los propietarios privados molesta. El Estado rionegrino vendió 24 mil hectáreas de tierras fiscales de la meseta de Somuncurá a 18 pesos la hectárea. Después de una larga lucha logramos recuperarlas para el Estado.  

–Molestaron.

–Conseguimos que la Justicia determinara que la venta había sido fraudulenta. Hay muchos funcionarios procesados y siempre reaparecen los mismos grupos de inversión: Lewis, Benetton, Mindlin... 

–O sea que el único punto no es la extranjerización. 

–No, el tema es más amplio. Los efectos de despoblamiento y violación de derechos son los mismos, pero hay restricciones de seguridad nacional en determinadas áreas de frontera. Lleva 12 años la lucha por el acceso a Lago Escondido y para que se cumpla la Constitución de Río Negro, que en su artículo 73 asegura “el libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público”. Lewis construyó su mansión con un jardín que se superpone con un camino público. Y para llegar a Lago Escondido hay por lo menos seis tranqueras. Todas cerradas por Lewis. Siempre me acuerdo de lo que dijo Nicolás Van Ditmar, el empresario de Hidden Lake, la empresa de Lewis: “Vamos a defender la propiedad privada con el Winchester en la cintura”. Para ellos, los ciudadanos quedamos del otro lado de la tranquera.

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