Tras recibir a funcionarios del Ministerio de Seguridad nacional, el juez Guido Otranto, a cargo de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, habló por primera vez con los medios. El magistrado dijo que hay que esperar los resultados de las muestras de ADN tomadas en los móviles de la Gendarmería “para saber en qué situación están” los gendarmes. Pese a los testimonios e indicios que –tal como publicó ayer PáginaI12– apuntan a la responsabilidad en el caso de Pablo Noceti, jefe de gabinete del ministerio que encabeza Patricia Bullrich, descartó por ahora llamarlo a declarar. “Creo que Noceti no comandó el operativo”, respondió a los periodistas que lo esperaron en la puerta del juzgado federal, luego de terminado el encuentro con Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior.
Milman encabezó la delegación que llevó a Otranto una carpeta preparada por el ministerio de Bullrich. El sábado, antes del envío de este material, la ministra se reunió con el presidente Mauricio Macri para definir el posicionamiento oficial ante el caso. En la carpeta, Milman llevó las declaraciones que hicieron los gendarmes en un sumario interno abierto a raíz del desalojo de la ruta 40. En esos interrogatorios, los agentes dicen que nunca detuvieron a Santiago Maldonado. Además, el funcionario de Seguridad dejó en el juzgado –y esto fue filtrado rápidamente a la prensa– tres hojas manuscritas que la Gendarmería dice que incautó el 1 de agosto a tres personas que salían de Cushamen en un vehículo, entre las que estaba Fernando Jones Huala, hermano del lonko Facundo. La versión echada a circular es que, al ver a los gendarmes, Huala y sus acompañantes rompieron las hojas y, para sacárselas de encima, tiraron los pedazos al viento. Según la versión, los gendarmes juntaron los fragmentos. En esas hojas habría “pistas sobre un plan para desacreditar al Gobierno y la Gendarmería”; esto es, se vuelve a la carga con la versión de que la desaparición de Maldonado es parte de un armado de los mapuches contra el gobierno de Macri. (En realidad, lo que se lee en los facsímiles filtrados a los medios son anotaciones sobre el juicio de extradición a Jones Huala e indicaciones a la comunidad, por ejemplo: “No llamen a menos que estén reprimiendo de verdad, no alertar a la gente al pedo”.)
Luego de recibir a los funcionarios del gobierno nacional, el juez Otranto aceptó responder preguntas de los cronistas que hacían guardia frente a su despacho. Otranto sostuvo que el operativo de la Gendarmería se filmó hasta que el gendarme que estaba a cargo de tomar las imágenes “recibió un piedrazo” y que ese fue el motivo por el que no está grabado completo. También dijo que se perdió la posibilidad de encontrar muestras en el lugar del operativo por la inicial oposición de la comunidad mapuche a que se inspeccionara el lugar.
Consultado sobre si va a citar al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, sobre su rol en el operativo, dijo que no lo tiene previsto. “Él estuvo acá, en Esquel, esa tarde pasó, estuvo reunido conmigo evaluando toda la situación. Creo que no fue él el que coordinó el operativo (de despeje del corte de ruta). A mí, en la reunión que tuve con Pablo Noceti acá, él me reconfirmó lo que ya me había adelantado el día anterior: que la Gendarmería o las fuerzas de seguridad provinciales iban a actuar por iniciativa propia cada vez que hubiese un corte de ruta con violencia”.
Desde el inicio del caso, el Gobierno intentó desligar a Noceti de los hechos. Incluso, Bullrich afirmó que el 1 de agosto sólo había estado “de paso” en el lugar donde desapareció Maldonado. Como ya informó este diario, la actuación de Noceti en Chubut para reprimir a la comunidad mapuche se remonta a, por lo menos, un año atrás.
Otranto pidió a los integrantes de Cushamen que se presenten a declarar para contar lo que vieron. “Hace falta que vengan todos los testigos presenciales”, señaló. Sobre las pruebas de ADN en las muestras tomadas en los móviles de Gendarmería, señaló que espera que estén terminadas esta semana, y remarcó que son “esenciales” para definir si cita a los gendarmes a declarar como testigos o como imputados.
