Además de la perversidad del gobierno y los medios dominantes que mienten y encubren, la desaparición forzada de Santiago Maldonado puso en evidencia una cuestión que parecía dormida: los enormes negociados con las tierras, como cuando nació esta república.

El neolatifundismo en la Argentina (hay por lo menos una docena de unidades de más de 400 mil hectáreas, la mayoría en manos de personas/corporaciones extranjeras) muestra ahora en la Patagonia el rostro más cruel del coloniaje. 

Como hace un siglo y medio, la cuestión de la tierra subyace en todo lo que nos pasa. La llamada “conquista del desierto” fue un negocio fenomenal que afianzó fortunas, corrupción y acomodos de militares y oligarcas, que en el Siglo XIX solían ser lo mismo. La ominosa Guerra de la Triple Alianza también, e incluso la inmigración (seis millones de extranjeros entre 1870 y 1930) dio lugar a grandes corruptelas y enormes extensiones que quedaron en manos de un centenar de familias y no de los inmigrantes, como debió ser.

La organización catastral de este país fue, desde los orígenes, un universo de abusos e injusticias. Tanto que esta misma semana, en este diario y en toda la prensa verdaderamente independiente, se conoció la denuncia de Greenpeace contra la diputada del radicalismo jujeño María Gabriela Burgos, quien tiene cajoneado en el Congreso y desde hace un año el proyecto de Ley de Delitos Forestales que presentó la diputada Victoria Donda y que podría ser un freno a la bestialidad empresarial que devasta bosques en todo el norte argentino.

De aplicarse, esta ley impondría penas de 2 a 10 años de prisión para quienes intencionalmente destruyen bosques nativos mediante desmonte o incendio, así como el cambio de uso del suelo. Lo que es importantísimo porque el Código Penal no considera delitos a los daños contra el medio ambiente, lo que permite que muchos empresarios defequen alegremente sobre la Ley de Bosques. No sólo no cumplen la obligación de reforestar sino que extienden el cultivo de soja, que produce ganancias fabulosas para unos pocos, provoca gravísimas enfermedades y genera violencia, tanto porque los expulsados de la tierra engrosan los conurbanos, como porque los campesinos y originarios que resisten son reprimidos y hasta asesinados.

Sólo en la primera mitad de este año se talaron unas 45.000 hectáreas de bosques en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, la mitad en áreas dizque protegidas por la llamada “Ley de Bosques” que lleva el número 26.331. Propuesta en 2007 por diputados del FPV, y reglamentada por el gobierno nacional en 2009, se supone que regula la gestión sustentable de bosques nativos. Pero “el tiempo pasa y los desmontes siguen, como también los desalojos violentos a los campesinos e indígenas que viven en las zonas deforestadas”, dijo a PáginaI12 Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. 

Según la FAO (Organismo de la ONU para la Alimentación y la Agricultura) la Argentina está entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: casi ocho millones de hectáreas, de las cuales y desde la sanción de la Ley de Bosques de 2007 se deforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las que un tercio eran bosques protegidos. Unas 30 ONGs entregaron en aquel momento en el Senado más de un millón y medio de firmas en apoyo a esa ley, pero ninguna de las propuestas se concretó en acciones: casi todas las provincias demoran los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos, y no se realizan los debidos estudios de Impacto Ambiental ni las audiencias públicas antes de autorizar desmontes.

La situación forestal argentina es gravísima: se ha perdido entre el 70 y el 80 por ciento de los bosques nativos originales, y la deforestación diaria está descontrolada, lo que se debe tanto a viejos vicios del sector como a la acción corruptora de poderosos empresarios vinculados a senadores, diputados e incluso algunos gobernadores. Así, tampoco se han respetado los derechos ancestrales de las comunidades campesinas originarias sobre los bosques nativos, ni la prohibición de quema a cielo abierto de bosques desmontados. Y la categorización de los bosques sancionada en 2007 es hoy letra muerta. 

Como denunció Giardini, “los conflictos en los campos en donde se desmonta están creciendo. Donde hay desmonte hay desalojos y violencia por parte de los empresarios contra las comunidades, y la violencia aumentó”.

Es sabido que algunos gobiernos provinciales directamente promueven el desmonte. El caso de Salta es paradigmático: el gobernador Urtubey ha modificado categorías boscosas para alentar el desmonte en zonas prohibidas. Algo similar sucede en Santiago del Estero, donde queda muy poco bosque, y también en la forestalmente devastada provincia de Córdoba e incluso en Neuquén, Formosa y Chaco, donde los controles son débiles y la deforestación sigue día tras día.

El debate sobre las tierras de los pueblos originarios no es tema menor, Según datos oficiales hay unas 1600 comunidades aborígenes identificadas en todo el país, que reclaman más de 8 millones de hectáreas. Y según la AGN a marzo pasado el 92 por ciento de estos pueblos no poseía títulos de propiedad comunitarios y el 84 por ciento no tenía títulos individuales. 

“A falta de datos confiables, es imposible saber cuál es el porcentaje equivalente en territorios en manos de extranjeros”, admitió el diario La Nación de ayer domingo, en un largo informe sobre la ley 26.160, que suspendió por cuatro años los desalojos de tierras de comunidades indígenas. Esa ley se vino prorrogando hasta ahora pero la tragedia de Santiago Maldonado reavivó la cuestión. Porque la ley caduca en noviembre y se supone que debe ser tratada por el Congreso, pero es dudoso que suceda y no por razones de tiempo sino por lo que podría llamarse “el espíritu de época”, que acusa a los mapuches de violentos mientras el gobierno se alista para erradicarlos violentamente.

En ese marco el cinismo macrista-radical ahora se enfrenta a una de las más rigurosas pruebas de la política argentina: desaparecer a alguien aquí se paga. Pueden maniobrar y enturbiar como lo hace la montoministra conversa, y pueden proteger corporaciones de las que seguro forman parte. Pero en la Argentina desaparecer personas no es algo que quede impune. A la larga se paga. Y ésa es la sopa que están probando estos tipos.