El Gobierno apeló la medida cautelar dictada a nivel nacional a favor de los damnificados por el recorte de las pensiones por invalidez, que obligaba a restituir ese derecho. Pese a que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había asegurado que daría de alta el beneficio a todos los que habían sufrido la suspensión o eliminación, más de cien mil titulares siguen sin recibir la prestación. La apelación a la orden de la justicia de reponer los pagos da cuenta de la resistencia del Gobierno a restablecer las pensiones. Para más pesares de los pensionados, la jueza Adriana Camaratta, titular del Tribunal Nº 8 del juzgado de la Seguridad Social, otorgó la apelación con efecto suspensivo, por lo cual la cautelar no se aplica hasta tanto el tema se trate en la Cámara de Apelaciones.

Hasta el momento, Desarrollo Social restableció la mayoría de las pensiones suspendidas este año, pero dejó sin reponer las quitadas en 2016. Según había reconocido la cartera que conduce Stanley en un comunicado oficial, el año pasado se eliminaron 90.000 pensiones no contributivas. De acuerdo con cifras de la Fundación Soberanía Sanitaria, con la aceleración del proceso de eliminación y suspensión desde comienzos de 2017, la cifra ascendía a más de 175 mil, de los cuales el 72 por ciento corresponde a casos por invalidez, quienes además deben afrontar gastos de salud y sanitarios de hasta 40.000 pesos mensuales. Al darse de baja o suspenderse ese ingreso, también se interrumpen los planes de cobertura que brinda el Ministerio de Salud, tales como tratamientos de diálisis para las personas con insuficiencia renal crónica y farmacológicos inmunosupresores para pacientes trasplantados.

Distintas ONG realizaron presentaciones cautelares en diversos puntos del país, que fueron convalidadas en la Justicia, y a principios de mes hubo un primer fallo a nivel nacional. El Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 8, a cargo de la jueza Camaratta, había dado lugar a un pedido efectuado por la Red de Personas con Discapacidad (Asociación REDI) y ordenó al Ministerio de Desarrollo Social el restablecimiento de las pensiones de forma “inmediata”, en aquellos casos en que hubieran sido suspendidas “sin mediar resolución fundada previa”. Se trató del primer fallo con alcance en todo el país.

“Había sido un fallo ejemplificador y bajo duros términos, por lo que no entendemos que ahora acepte la apelación con carácter suspensivo sobre la cautelar”, explicó a este diario la abogada de REDI, Varina Suleiman. La apelación era esperada por los abogados de REDI, pese a que Stanley insistió en que se daría marcha atrás con el recorte de pensiones por invalidez, pero lo que descolocó a los especialistas es que se suspenda la cobertura legal a los damnificados hasta que la Cámara decida sobre el tema. De hecho, el fallo de Camaratta del miércoles pasado incluso disponía la conformación de una causa federal que agrupe a todos los reclamos en el territorio nacional.

La apelación no se hizo esperar y el jueves subsiguiente fue presentada por el Ministerio de Desarrollo y aprobada por la jueza, aunque en el sistema informativo recién se conoció durante la tarde de ayer. “La apelación es una clara demostración de la falta de voluntad política de cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, bajo el modelo social de discapacidad, reconoce el derecho a la protección social y a la vida autónoma (art. 28 y 19)”, según comunicó la Asociación REDI.

“Esto nos deja sin tutela judicial efectiva y esperamos que llegue a la Cámara de manera urgente, porque se está dilatando el envío”, detalló Suleiman. La letrada explicó que dar lugar a la apelación es algo habitual si se cumplieron los pasos necesarios, pero la orden debería haber sido sin efecto suspensivo sobre la cautelar. “El efecto de la medida es el principal problema para los damnificados que, en su mayoría, son por casos de invalidez”, agregó. Desde la Asociación comenzaron a preparar un escrito para acelerar el proceso rechazando la apelación que presentó la cartera de Stanley, dado el carácter urgente que reviste la necesidad de los afectados de contar no sólo con los 4000 pesos de asignación sino con los descuentos y cobertura sanitaria asociada a las enfermedades y las discapacidades de los daminificados.