La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció ayer que dará urgencia a la tramitación de una ley que permita levantar el secreto de los testimonios prestados ante la Comisión Valech, que documentó las torturas que sufrieron miles de chilenos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
“El conocimiento de la verdad es anterior a cualquier otro proceso para el reencuentro en una patria aún fracturada”, subrayó Bachelet en un homenaje al presidente Salvador Allende y a los demás caídos hace hoy 44 años, durante el golpe militar y la posterior dictadura que encabezó Pinochet. El acto homenaje fue en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, cercano a La Moneda, donde Bachelet recordó, entre otros, a Orlando Letelier, el ex canciller asesinado en su exilio en Washington el 21 de septiembre de 1976. La mandataria explicó que la urgencia del proyecto permitirá “avanzar en procesos que pueden estar detenidos y contribuir concretamente a la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares”. “Esta semana dotaremos de discusión inmediata el proyecto que levanta el secreto sobre antecedentes aportados a la Comisión Valech, para que esa información se pueda entregar a los tribunales, de manera de avanzar en procesos”, agregó Bachelet,
La Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) fue constituida durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) y estableció, en base a testimonios de víctimas, victimarios y testigos, que unos 33.000 chilenos fueron torturados y encarcelados por causas políticas durante la dictadura (1973-1990), pero determinó un secreto de 50 años sobre su contenido. Esta resolución impidió que las víctimas puedan aportar antecedentes cuando recurren a la justicia en busca de alguna reparación del Estado por el daño sufrido.
La presidenta remarcó: “No voy a permitir que se pretenda hacer ver el legítimo anhelo de justicia y de reparación de miles de familias en Chile como revanchismo”, luego de que hace unos días un grupo de ex jefes castrenses cuestionaran en una carta los juicios que llevan adelante los tribunales contra violadores de derechos humanos. Bachelet evitó referirse al eventual cierre de la cárcel de Punta Peuco, construida especialmente para violadores de los derechos humanos, y al envío de sus 130 internos a prisiones comunes, un compromiso que asumió al llegar por segunda vez a la Presidencia.
