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Fiel a la política de Cambiemos, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, negó la existencia del protocolo que criminaliza las tomas en los colegios, cuando en los hechos ya son tres los establecimientos cuyas autoridades aplicaron esa directiva, emanada del Ministerio cuya titular afirma que nunca hizo lo que hizo. El asesor tutelar Gustavo Moreno, defensor de los derechos de niños/as y adolescentes de la Ciudad, confirmó a PáginaI12 que Acuña –en respuesta a la intimación presentada el viernes por la Asesoría– aseguró que ella “no dio la orden de aplicar ningún tipo de protocolo”, incluyendo el que había sido derogado en 2012 por la Justicia y que fue reflotado en al menos tres colegios porteños. Moreno consideró “insatisfactoria” la respuesta porque los hechos “demuestran que el instructivo fue aplicado por autoridades escolares, en contradicción con lo que responde el Ministerio de Educación”. El asesor tutelar anticipó que hoy presentará un recurso judicial dado que “lo ya ocurrido en tres colegios constituye un perjuicio” para los alumnos que participan en las tomas, que alcanzan hasta hoy a 17 colegios.
Moreno sostuvo que la respuesta de la ministra es “de una ingenuidad palmaria, frente a los hechos concretos”. Acuña afirmó que el documento que llegó a las escuelas a través del correo electrónico de la Dirección de Educación Media “no fue emitido por ninguna autoridad del Ministerio”. En el colmo de la contradicción con lo realmente ocurrido, la autoridad ministerial sostuvo que “ningún responsable de un establecimiento educativo ha denunciado penalmente a un/a alumno/a en una comisaría”, cuando está probado que hubo denuncias en sede policial y en fiscalías. Como cierre, la ministra se comprometió a que “arbitrarán las medidas necesarias para esclarecer en sede administrativa el hecho”.
Moreno consideró que la respuesta “es insatisfactoria, además de desconocer que el instructivo sí fue efectivamente aplicado por autoridades escolares del Ministerio de Educación”. En este sentido, el asesor tutelar subrayó que “se ha comprobado que en la escuela Julio Cortázar” la rectora y la vicerrectora, ambas suplentes, “labraron un acta el 7 de setiembre (que se les hizo firmar a los estudiantes) aplicando el instructivo, diciendo que la toma implicaba usurpación y que las autoridades debían hacer la denuncia policial”.
El mismo viernes 8 de este mes, “el vicerrector a cargo del Rectorado de la Escuela Normal 2 Mariano Acosta, hizo la denuncia de la toma directamente ante el Ministerio Público Fiscal”. Otra muestra de la incoherencia de la respuesta ministerial es que “la toma de la escuela de bellas artes Manuel Belgrano fue denunciada y tramita ante la Fiscalía Penal 31 bajo causa judicial MPF 158.766”. Lo expuesto, precisó Moreno, “demuestra que el instructivo fue aplicado por autoridades escolares, en contradicción con lo que responde el Ministerio de Educación”.
El asesor tutelar puntualizó que la aplicación del protocolo impulsado en 2012 por el ex ministro de Educación porteño Esteban Bullrich “representa una vía de hecho prohibida por el artículo 9 de la ley de procedimientos administrativos”, por el hecho mismo de “no existir protocolo como dice el Ministerio”. De ser cierta la explicación oficial “la ministra debió haber dispuesto comunicar a todos los establecimientos secundarios acerca de la inexistencia de protocolo y que el instructivo que estaba circulando no podía ni puede aplicarse”. Moreno recalcó que “nada de eso hizo” la titular de la cartera de Educación.
El asesor tutelar dijo que, en este contexto, “es de una ingenuidad palmaria pensar que la denuncia de una toma no implicará en sí misma la denuncia de los/as alumnos/as”. Comentó que al haberse “denunciado un hecho deviene lógico que la autoridad policial o el fiscal buscará identificar a los autores”. En consecuencia, la denuncia ya efectuada en tres colegios va más allá de la intención de ponerle fin a la toma, sin sancionar individualmente a los alumnos que participan –como dijeron las autoridades de los colegios Julio Cortázar, Manuel Belgrano y Mariano Acosta sino que eso significa “la criminalización de los estudiantes”.
La respuesta de la ministra Acuña fue criticada duramente por José Machaín, consejero por la Legislatura en el Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. El consejero cita las palabras de la funcionaria porteña en el sentido de que la directiva no ha sido emitida “por acto administrativo alguno” y que por lo tanto, se trata de “un documento que carece toda validez y entidad legal”. Ante tal reconocimiento, Machaín afirma que Acuña estaría reconociendo que el protocolo “es trucho”, porque es evidente, según la información obtenida, que la comunicación ministerial llegó efectivamente a los colegios en conflicto.
Con anterioridad, Machaín hizo una presentación ante el fiscal general de la Ciudad, Luis Cevasco, a quien le pidió que “a la mayor brevedad y con carácter de urgente, instruya las Directivas Generales correspondientes a los Fiscales” bajo su órbita “para finalizar con las acciones que diversos fiscales están desarrollando, que significan una clara criminalización de la protesta” en las escuelas porteñas. Recordó que las tomas se realizan por motivos “estrictamente administrativos”, ya que los estudiantes se oponen a la reforma educativa impulsada por el Gobierno porteño. Machaín señaló que la presencia de los fiscales constituye “un claro accionar intimidatorio, tal como expuso el asesor tutelar Gustavo Moreno”. El asesor manifestó ante Cevasco que “es inadmisible que bajo instrucciones de dudosa legalidad” los fiscales “hayan emprendido acciones legales que significan imputaciones de delitos penales a menores de edad”, algo “reñido con el corpus normativo vigente en la República Argentina”.
