“Escuela tomada”, decían las letras pintadas en aerosol sobre la bandera tendida en la reja de entrada del edificio: la Escuela Media Nº 1, Julio Cortázar conmemoró el día del maestro con el quinto día de toma por parte de los alumnos. El jueves pasado, en asamblea, los estudiantes acordaron la misma medida de fuerza que ya se tomó en otras 17 escuelas porteñas, y a las que, según adelantaron los alumnos de la Cortázar, se sumarán más a partir de hoy. El motivo es la implementación de la reforma “Secundarias del Futuro”, que ya tiene fecha de inicio en 2018.
Para entrar en el edificio de la calle Bogotá 2765 había que cumplir el protocolo de seguridad dispuesto por los estudiantes: anotar en una lista nombre, número de documento, motivo de entrada y número de celular. El riguroso mecanismo de control se votó en asamblea, con sobradas razones; el viernes los voceros del Centro de Estudiantes, menores de edad, firmaron un acta sin saber que se podía aplicar un protocolo por parte del rectorado con el cual se presentaba una denuncia, en la que figuraban sus nombres, en una comisaría y una fiscalía (ver aparte). En tres ocasiones entraron a la escuela policías y ayer dos hombres que se presentaron como mantenimiento, también quisieron elaborar actas, acompañados por una escribana.
La última asamblea había terminado hacía pocos minutos; los estudiantes estaban dispersos entre el hall central de la escuela y el patio. De todas formas, el tiempo libre se fijó en 20 minutos, según figuraba en una cartelera con las actividades del día. La próxima cita es un plenario para debatir los puntos principales de la reforma con los padres. La principal resolución de la asamblea de ayer fue seguir la toma; el plazo, según los voceros del Centro de Estudiantes, dependerá de la voluntad del Ministerio. “Queremos tener una reunión resolutiva con la ministra Soledad Acuña en la que participen alumnos, padres, docentes y directivos. En esta escuela el Ministerio sólo recibió a los directivos, a los docentes no, a diferencia de otros colegios”, explicó Mateo, uno de los voceros del Centro, que son las autoridades máximas debido a que no hay presidente. Terminada la reunión, a los estudiantes les restaba acomodar y limpiar la escuela, cocinar y organizar el salón para pasar allí la quinta noche consecutiva.
Varios carteles colgaban en las paredes en el hall central; la mayor parte programáticos: reglas de convivencia, roles y comisiones del Centro, horarios, tareas a realizar. “Hoy tuvimos un taller de violencia institucional en el que participaron profesores y miembros del programa Jóvenes y Memoria; después tenemos la reunión con los padres. Vamos a hablar, además, sobre la idea de armar una radio abierta con docentes y padres”, detalló Mateo. Una bandera blanca, ubicada sobre la puerta, se destacaba por su tamaño y centralidad, “¿Dónde está Santiago Maldonado?”, decía en letras gruesas. “El otro día, cuando entraron los policías por última vez nos interpelaron por esa bandera”, contó otro vocero, Maxi. “Nos preguntaron si nosotros lo estábamos buscando a Santiago con tono intimidatorio. Lo mismo hicieron hoy los dos hombres que entraron presentándose como mantenimiento del Gobierno de la Ciudad”, agregó después. Mateo completó la anécdota: “Los dejamos entrar hasta la primera sala. Nos dijeron que si no los dejábamos avanzar iban a hacer un acta, les dijimos que la hicieran. Ahí uno salió, hizo una seña, y apareció una escribana. Mágicamente estaba ahí con una carpeta. Se pusieron a leer los carteles, nos preguntaban que significaba cada uno, y si nos parecía bien hacer la toma”.
“Desde el primer día de la toma los supervisores nos dijeron que los mayores de edad teníamos que firmar un papel para hacernos responsables de los menores. Nos dijeron que había un protocolo enviado por el Gobierno de la Ciudad, nos mostraron el mail”, recordó Agustín, vocero también. “Nosotros después de hablar con abogados y abogadas terminamos firmando, por una cuestión de evitar más problemas. Los cuatro voceros, que somos menores, firmamos el acta, eso fue un error. Las autoridades, según el protocolo, tenían que llevar el acta a una comisaría y a una fiscalía. Intervino el Consejo de niños, niñas y adolescentes, llamaron a los directivos para decirles que estaba prohibido que lleven nuestros nombres a la comisaría”, añadió.
Entre los padres que llegaron para la reunión estaba Edgardo Cavallo. “Los padres estamos acá para tratar de colaborar acá con los estudiantes y facilitarles la posibilidad de comunicación”, señaló, y opinó que la toma “es una medida extrema pero necesaria por el límite de fecha que pusieron en el Gobierno de la Ciudad del 30 de septiembre para cerrar con las escuelas que van a empezar el año que viene con el nuevo programa”. “Que se quiera aplicar en escuelas públicas y no en privadas profundiza la discriminación, la diferencia entre público y privado, y también entre clases sociales”, agregó Cavallo.
Informe: Juan Funes.
