La Justicia de Tucumán le puso el ojo al macrista Partido de la Justicia Social (PJS) para investigar la inclusión de personas fallecidas entre sus afiliados. El PJS es un armado político reciente, para participar en estas elecciones por lo que hizo su debut en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y responde al intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, un aliado del gobierno nacional, y cuya esposa, Beatriz Avila, marcha como segunda candidata a diputada nacional de Cambiemos. Mientras la justicia tucumana investiga catorce casos de supuestas irregularidades que integran la denuncia presentada por el secretario electoral del Juzgado Federal número 1 de Tucumán, Rogelio Rodríguez Busto, el vicepresidente del PJS, Walter Berarducci, negó en forma terminante cualquier ilegalidad y atribuyó el tema a “errores de tipeo”. El fiscal Carlos Brito pidió la indagatoria de varias personas, entre ellas Berarducci, a quienes imputó por “haber certificado en su calidad de actuarios por el Partido de la Justicia Social en las fichas de afiliación las firmas pertenecientes a personas que se encontraban fallecidas a la fecha de afiliación”.