La Comisión Provincial por la Memoria solicitó ayer al juez federal de Esquel, Guido Otranto, que acepte al ingeniero en Telecomunicaciones Ariel Garbacz como perito de parte. El profesional aseguró contar con “datos sobre la zona en donde estuvo el teléfono celular de Santiago Maldonado el 2 de agosto”, pero no fue aceptado por Otranto ni por la fiscal que lleva el caso, Silvina Avila.
La CPM, querellante en la causa que dirige Otranto y que comenzó a partir del hábeas corpus que fue presentado cuando Maldonado desapareció –el 1º de agosto pasado–, presentó a Garbacz como perito de parte “en función de que puede llevar a cabo una pericia diferente a la solicitada a la Policía Federal, que puede aportar información sobre dónde estaba el teléfono de Santiago cuando se activó”, apuntó el titular de la CPM, Roberto Cipriano García.
Figura en el expediente que un amigo del joven desaparecido llamó a uno de los teléfonos de Maldonado el 2 de agosto, que alguien atendió, pero que no le hablaron y que, al cabo de 20 segundos, le cortaron. Garbacz aseguró a la prensa que a partir de un estudio de geolocalización era posible determinar en dónde se había activado ese teléfono y cuáles otros se encontraban cercanos, con el objetivo de que los dueños de esos otros aparatos puedan ser testigos o investigados. Según explicó Cipriano García, el estudio que puede realizar el perito propuesto trabaja con los datos que los aparatos celulares dejan en las antenas. En la causa constan tres líneas telefónicas que pertenecían a Maldonado, pero no hay certezas de que los dos aparatos alcatel que fueron secuestrados tras el allanamiento en la casa compartida en la que vivía el joven tatuador fueran de él.
