El Ministerio de Educación negó la autenticidad de un instructivo que ordena a los directivos a denunciar la toma de escuelas ante la policía. Sin embargo, el protocolo –distribuido a través de canales oficiales, tal como reveló Página/12- fue aplicado en al menos cuatro de los 17 establecimientos escolares que fueron ocupados por sus estudiantes en rechazo de la reforma educativa propuesta por el Gobierno porteño. 

La asesora tutelar de primera instancia Mabel López Oliva, y el asesor tutelar de cámara Gustavo Moreno, presentaron un amparo “a fin de que se ordene el cese de la aplicación del instructivo que dispone que las autoridades escolares deben denunciar penalmente las tomas de los establecimientos educativos”. 

El 8 de septiembre, Moreno había intimado judicialmente a la ministra de Educación, Soledad Acuña, a que ratificara o desautorizara el instructivo que había llegado a todos los establecimientos de educación media de la Ciudad a través de una casilla oficial, [email protected], firmado por el Coordinador de Supervisores, Gabriel Cruz. Acuña contestó la intimación y negó la “existencia de cualquier tipo de protocolo y/o instructivo de toma de establecimientos educativos”. Además, descartó que el documento haya sido “emitido por ninguna autoridad del Ministerio” y, llamativamente, desconoció que el instructivo hubiera comenzado a aplicarse: “Ningún responsable de un establecimiento educativo ha denunciado penalmente a un/a alumno/a en una comisaría”. 

Acuña no tuvo en cuenta que el 7 de septiembre, en la escuela Julio Cortázar, las autoridades escolares labraron un acta, que fue firmada por los estudiantes, siguiendo los lineamientos del instructivo y advirtiendo que la toma implicaba una “usurpación” que debía ser denunciada ante la policía. Un día después, el 8, el vicerrector a cargo del Rectorado de la Escuela Normal 2 Mariano Acosta hizo la denuncia de la toma directamente ante el Ministerio Público Fiscal. Y la toma de la escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano fue denunciada en sede policial, mientras la causa tramita en la Fiscalía Penal 31.

“La ministra nos dijo que no se dictó ningún acto administrativo, pero el instructivo se está aplicando, hay denuncias penales contra los alumnos y el documento salió de una casilla oficial. Si la ministra tiene la voluntad de afrontar de manera activa el conflicto, debería hacer una comunicación pública e interna diciendo en forma clara que no se aplique el instructivo, cosa que no sucedió hasta ahora”, dijo López Oliva a Página/12.

Sobre la denuncia penal de la toma de las escuelas, la asesora tutelar aclaró que desde el Gobierno dicen “que no se ha denunciado a ningún niño, lo cual es verdad a medias porque al denunciar una toma, se abre una causa en una fiscalía, que debe identificar a los autores, es decir, a los alumnos”. “Nadie tiene más poder que la ministra para terminar con la confusión e investigar de dónde salieron esos mails. No hay que criminalizar la protesta de los estudiantes”, insistió.