La Corte Suprema de Justicia realizó la audiencia pública sobre el saneamiento del Riachuelo, con la presencia de autoridades del gobierno nacional, bonaerense y de la Ciudad. Pese a la insistencia del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para exponer datos “precisos” sobre los indicadores del saneamiento y la atención de salud de los vecinos, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) se explayó en su presentación sobre los proyectos a largo plazo. A su vez, en Tribunales, agrupaciones vecinales protestaron por su nula participación en la auditoría.
A las diez y cinco de la mañana, entre gritos y silbidos provenientes desde el salón aledaño, en el que aguardaban vecinos de las zonas lindantes al Riachuelo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, dio por iniciada la audiencia pública por la limpieza del Riachuelo, tras la sentencia –dictada en 2008– que encomendó las tareas de saneamiento de la cuenca hídrica. Luego de las presentaciones de las autoridades gubernamentales, los cinco jueces del máximo tribunal indagaron al organismo responsable de la limpieza del Riachuelo, Acumar, por la falta de indicadores que permitan evaluar el proceso de saneamiento. Esta entidad conjuga el trabajo con los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: Nación, provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires.
Gabriela Seijo, vicepresidenta ejecutiva de Acumar, aseguró que “los indicadores requeridos son los métodos necesarios para valorar los resultados”. Sin embargo, Seijo comentó en su exposición ante el Tribunal que “tras el nuevo ‘plan’ del organismo, se han estado planteando nuevos indicadores, que dependen de cada proyecto en particular, sin un carácter definitivo”.
Ante las autoridades del Acumar y el ministro de Ambiente y Desa- rrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, los jueces también insistieron en que fuera precisada qué asistencia reciben los niños que residen en la Cuenca Matanza-Riachuelo. Según informó Lorenzetti, “el 34 por ciento de los chicos que viven allí sufren alteraciones psicomotoras”. Ante aquella pregunta por la atención médica, las autoridades del Acumar expusieron estadísticas sin responder específicamente la consulta, a tal punto que el juez Horacio Rosatti observó que “si no se puede establecer un diálogo con quien pueda responder preguntas es difícil hacer un seguimiento como necesita esta Corte”.
En el cuarto piso del Tribunal de Justicia, la primera presentación de la audiencia pública recayó en el Cuerpo Colegiado que interviene en la causa “Mendoza”, carátula del fallo judicial por el saneamiento del Riachuelo. Allí, un representante de distintas organizaciones sociales –entre ellas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Vecinos de La Boca, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Greenpeace– advirtió que “Acumar establece un deficiente control en relación con la contaminación del curso hídrico”.  Diego Morales, del CELS, explicó a PáginaI12 que “hasta el día de hoy, el saneamiento del Riachuelo no representa una política de Estado”. La Cuenca Matanza-Riachuelo afecta a más de 7.000.000 de habitantes.
Luego del Cuerpo Colegiado, en una exposición de quince minutos, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un informe sobre el estado de ejecución de las tareas encomendadas por la Corte Suprema de Justicia y calificó al proceso de saneamiento “de escasa consolidación, con falta de políticas públicas abiertas y de acceso a la documentación, a la vez que en los presupuestos auditados, se presenta grandes deficiencias, con programas que han finalizado y aún establecen actualizaciones de precios”.
La presentación de los representantes del Gobierno de la Ciudad generó controversias entre la audiencia: cuando Alberto Términe, encargado de la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo, exhibió estadísticas sobre el recorrido educativo propuesto por las autoridades porteñas, habitantes de distintas villas aledañas a la Cuenca denunciaron que los datos eran falsos. Tras el debate, las autoridades judiciales decidieron retirar a los vecinos con personal policial.
“Volvimos a reivindicar el pedido de participar de la audiencia y protestamos porque somos nosotros los verdaderos damnificados del estado del Riachuelo y aún así, no somos parte de esta causa. Mientras las autoridades especulan, la contaminación de la Cuenca se paga con sangre de los pibes”, dijo a este diario Paz Ochotello, una de las vecinas expulsadas de la audiencia.

Informe: Jeremías Batagelj.