El Gobierno publicó ayer un decreto modificatorio de la ley de blanqueo por el cual admite la incorporación al régimen de sinceramiento fiscal de cónyuges, padres e hijos menores de funcionarios y otros cargos políticos que se desempeñan actualmente y/o lo hicieron desde 2010 a la fecha. La exclusión de los familiares del blanqueo había sido uno de los puntos que el Frente Renovador e incluso parte del oficialismo como la Coalición Cívica-ARI habían exigido para la aprobación de la ley. Desde el FpV advirtieron a través de una conferencia de prensa que la situación beneficia directamente a Franco Macri, padre del presidente, integrante del directorio de gran cantidad de empresas radicadas en paraísos fiscales, entre las cuales se destacan las que salieron a la luz luego de los Panama Papers, razón por la cual está investigado por la Justicia. Advirtieron que podrían realizar una denuncia penal por el dictado de “un decreto contrario a una ley”.
El artículo 6 del decreto 1206 publicado ayer en el Boletín Oficial dice que “los sujetos comprendidos en el Artículo 83 de la Ley N° 27.260 podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional”. La ley referida es el “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, la norma ómnibus por la cual el macrismo ligó la liquidación de sentencias a los jubilados y la actualización de haberes a la posibilidad de vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y al régimen de sinceramiento fiscal. 
El artículo 83 de la ley de blanqueo establece que “quedan excluidos de las disposiciones los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados –es decir, de los políticos que hayan desempeñado cargos desde 2010–”. A contramano de lo que plantea en forma explícita la ley y de lo que había exigido la oposición, el Gobierno definió ayer que los familiares sí pueden integrarse al sinceramiento. El decreto aclara que los familiares podrán blanquear los bienes que acrediten que se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que asumieron el cargo político los cónyuges, padres y/o hijos, según el caso.
La exclusión de los familiares de la posibilidad de blanquear bienes y dinero, al igual que la imposibilidad que rige para funcionarios y ex funcionarios que hayan desempeñado funciones desde 2010, fue un reclamo de la oposición casi en conjunto. La modificación al proyecto oficial para excluir a los familiares directos fue negociada en su momento entre el Gobierno y el legislador del Frente Renovador, Felipe Solá. Varios diputados opositores consideraron que la exclusión se quedaba corta. Julio Raffo (FR) pidió que la imposibilidad se extendiera al conviviente, mientras que Axel Kicillof (Frente para la Victoria) planteó durante el debate que la exclusión llegara a los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente, alertando sobre el vínculo del presidente Macri con su primo Ángelo Calcaterra, empresario top de la obra pública.
El bloque de diputados del Frente para la Victoria salió a criticar la medida. “Con este decreto quieren modificar una ley para incluir a familiares de Macri”, denunció Héctor Recalde. “Macri quiere beneficiarse a él mismo y a su padre. Es bochornoso”, dijo Diana Conti, mientras que Darío Martínez agregó que “es un decreto generado para su familia. Hay 28 sociedades en donde aparece un Macri. En muchas, su padre”. Como botón de muestra, en las empresas Fleg Trading y Kagemusha, filtradas por los Panama Papers, Mauricio Macri aparecía involucrado junto a su padre en el directorio a pesar de no haberlas incorporado en su declaración jurada.
Ante la “evidente contradicción entre la ley votada por el Congreso y el decreto” que lleva la firma del presidente Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, la diputada María Emilia Soria adelantó que el bloque del FpV analiza la posibilidad de avanzar con una denuncia penal.
Los funcionarios que están excluidos del régimen del blanqueo son el presidente y vicepresidente de la Nación, gobernadores, vicegobernadores y jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, senadores y diputados nacionales, provinciales, concejales municipales y parlamentarios del Mercosur, jefe de gabinete de ministros y magistrado del Poder Judicial a nivel nacional, provincial y municipal, entre otros. La imposibilidad de ingresar al sinceramiento se extiende hasta los funcionarios que hayan desempeñado funciones desde 2010. Con el decreto de ayer, los familiares de esas personas sí podrán ingresar al blanqueo.