El Supremo Tribunal Federal de Brasil, la máxima corte del país, abrió una nueva investigación contra el presidente Michel Temer por corrupción, a la vez que el mandatario, involucrado en una seguidilla de acusaciones, lanzó un inédito alerta sobre un ataque al estado de derecho en el país por considerar que están siendo “violadas las garantías constitucionales”.

El choque de poderes en Brasil quedó en carne viva con la seguidilla de acusaciones contra Temer, entre ellas un informe de la Policía Federal, que actúa bajo órbita del Ministerio de Justicia, que elevó a la corte suprema un informe en el cual se acusa al presidente de participar de una asociación ilícita y de recibir sobornos de la empresa Odebrecht.

Horas después, el juez de la corte suprema Luis Roberto Barroso autorizó la apertura de una investigación contra Temer por corrupción y lavado de dinero por supuestos beneficios a una empresa en negocios con el puerto de Santos, el mayor de Latinoamérica.

Temer está acusado de beneficiar a la empresa Rodrimar con contratos con el gobierno, en base a la denuncia hecha por el fiscal general, Rodrigo Janot. El clima en el país quedó enrarecido en las últimas horas con la serie de novedades en los escándalos de corrupción, sobre todo porque es la última semana en el cargo del fiscal general Janot, quien aseguró tener munición para denunciar penalmente a Temer y someterlo a una votación en la Cámara de Diputados que determine si es alejado de la Presidencia.

Además, la corrupción como parte de la agenda política tendrá hoy un capítulo relevante con la declaración como procesado del opositor expresidente Luiz Inácio Lula da Silva ante el juez Sérgio Moro, en Curitiba, sobre un supuesto terreno que le iba a donar Odebrecht al exmandatario, que según la fiscalía forma parte de un soborno por contratos con Petrobrás (ver aparte).

Frente a una posible nueva denuncia de Janot antes de que éste deje el cargo el domingo, el Palacio del Planalto, lanzó ayer un contraataque con un comunicado oficial, en el afirmó que el país está viviendo en las últimas semanas “exactamente todo lo contrario” al estado democrático de derecho. “El estado democrático de derecho existe para preservar la integridad de los ciudadanos, para cohibir la barbarie de la sanción sin pruebas y para evitar la injusticia. En las últimas semanas, Brasil asiste exactamente a lo contrario”, dice el comunicado oficial.

La reacción se debe a una seguidilla de acontecimientos que involucran las acusaciones de corrupción contra Temer, entre ellos la detención del empresario Joesley Batista, dueño del frigorífico JBS, quien grabó de manera clandestina al jefe del estado y delató sobornos contra el gobernante. Ahora Batista está preso por haber omitido informaciones y su delación puede ser anulada.

La acusación más fuerte contra el jefe del Estado provino desde la Policía Federal, que entregó al Supremo Tribunal Federal un informe en el cual se afirma que Temer negoció sobornos y los recibió como parte de la estrategia de recaudación del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) en la Cámara de Diputados. Otra acusación contra Temer, que también tramita Janot, es la delación premiada del banquero del PMDB, Lucio Funaro, preso que busca beneficios a cambio de entregar al mandatario.

“Garantías individuales –dice el comunicado– están siendo violadas, a la luz del día, sin que exista la mínima reacción. Se llega al punto de intentar condenar personas sin escucharlas, sin concluir una investigación, sin chequear, sin pruebas reales”. El gobierno dijo que “facinerosos le roban la verdad al país, delincuentes construyen versiones para alcanzar un perdón, mismo que parcial, por sus innumerables delitos. Las reputaciones son destrozadas en conversaciones clandestinas”, en referencia a Batista, preso por presunto intento de engañar a la justicia a cambio de mantenerse en libertad. El comunicado de la casa de gobierno brasileña sostuvo que se criminaliza el anterior sistema de recaudación electoral.

“El sistema de contribución empresarial era legal, fiscalizado por la justicia electoral. Los desvíos deben ser condenados, pero no se pueden criminalizar aquellas acciones correctas protegidas por garantías constitucionales”, indicó el comunicado.