Los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA nucleados en Memoria Activa y en Apemia, junto con el fiscal Leonardo Filippini, denunciaron ante la Cámara Federal que el Gobierno interfirió en la desclasificación de los archivos secretos de inteligencia sobre el ataque terrorista y paralizó la posibilidad de acceder a ellos a las querellas y a los investigadores de la Unidad AMIA y del Grupo Especial de Relevamiento de Archivos (Gerad) de la Procuración General. Lo plantearon ayer en una audiencia en la que fueron a reclamarles a los jueces que declaren la inconstitucionalidad del decreto 229/2017 con el cual el Poder Ejecutivo decidió trasladar bajo su control todos los archivos reservados de la ex SIDE que habían comenzado a ser analizados y constituyen pruebas judiciales de gran importancia. Además de señalar la injerencia gubernamental a través del Ministerio de Justicia en la tarea del Ministerio Público Fiscal, sostienen que el Estado argentino está incumpliendo su compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de desclasificar información secreta.

El Estado argentino reconoció su responsabilidad en el atentado a la AMIA ante la CIDH en 2005 y se comprometió a adoptar medidas concretas. La desclasificación de archivos, que era una de ellas, fue habilitada de manera amplia recién en 2015 a través de un decreto de Cristina Fernández de Kirchner. Los archivos secretos quedaron disposición de los fiscales que integran la Unidad AMIA y del Gerad, que comenzaron una tarea de procesamiento y digitalización de todo el material, que estaba en pésimo estado arrumbado y hasta cubierto por desechos de roedores en un edificio de la actual Agencia Federal de Inteligencia. Las querellas empezaron a tener acceso también a ese material (documentos, grabaciones, filmaciones, entre otras cosas). Entre los hallazgos, por ejemplo, valiosos para el juicio por el encubrimiento del atentado que se desarrolla en la actualidad, hay documentos que revelan que el supuesto organizador del ataque, el ex agregado cultural de lrán Moshen Rabbani, se reunía en la ex SIDE en junio de 1996, cuando ya era considerado un sospechoso clave. Lo recibía el ex número dos del organismo, Juan Carlos Anchézar. 

Pero todo el material, que ya contaba con un millón de documentos digitalizados por el Gerad, pasó a la órbita del Ejecutivo, en particular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado  a la AMIA del Ministerio de Justicia, a cargo del radical Mario Cimadevilla. Fue debido al decreto que cuestionan las querellas y los fiscales. Laura Ginsberg, de Apemia (Agrupación por el Esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA), fue quien planteó la inconstitucionalidad ante el juez a cargo de la causa sobre el atentado, Rodolfo Canicoba Corral, quien lo rechazó sin mayores explicaciones. Se sumaron al reclamo Memoria Activa, la agrupación de familiares 18 J y los fiscales. La discusión fue llevada al tribunal de alzada. En la audiencia, también estuvieron presentes representantes de Amnistía Internacional y la Comisión Provincial por la Memoria.  

Ginsberg, que fue una de las expositoras ante los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, explicó que además del control que buscaría el Poder Ejecutivo sobre material tan sensible, “tenemos sospechas de que puede haber un negocio gestándose para entregar los archivos a una empresa de software llamada Palantir que trabaja para servicios de inteligencia extranjeros” y que, puntualiza, pertenece “a la CIA, a la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) de Estados Unidos y está asociada al Mossad de Israel”.  Mostró documentación en la que se advierte que Cimadevilla estaría promoviendo esta privatización de los archivos secretos con una licitación que parecería a medida de la empresa en cuestión. 

La abogada de Memoria Activa, Soledad Ribeiro, expuso en línea con los principales argumentos de Apemia también las razones del planteo de inconstitucionalidad. “El Poder Ejecutivo pretende interferir en el proceso de desclasificación y en la custodia que está a cargo los investigadores de Ministerio Público Fiscal; esto paralizó todo”, dijo. Diana Malamud, cuyo esposo murió en el atentado, dijo: “Desde abril cuando fue publicado el decreto las querellas no pudimos acceder más a los archivos secretos”. Ribeiro aludió también del incumplimiento del compromiso del propio Estado Argentino ante la CIDH de realizar una desclasificación de archivos de un modo eficaz. Ginsberg, por su parte, advirtió: “No podemos esperar 23 años más para acceder a este material tan importante como prueba judicial.” 

El fiscal Filippini dijo que en un comienzo se contempló la posibilidad de que el decreto implicara un cambio de actores pero no algo sustancial. Con el tiempo, explicó, quedó claro que le Ejecutivo tuvo un cambio de comportamiento había introducido un obstáculo. Explicó que los fiscales cuentan con unos 300 mil documentos procesados a los que por la nueva situación no pudieron tener acceso las querellas. 

Una pregunta del juez Ballestero despertó caras de sorpresa: quiso saber si la Unidad del Ministerio de Justicia existía y estaba integrada. Le aclararon que existe desde el año 2000, sólo que en los últimos tiempos, con el gobierno actual, había transformado su comportamiento. Junto con el decreto en discusión promovió también un polémico proyecto de juicio en ausencia, que los familiares consideran un intento por simular una solución a la interminable causa por el esclarecimiento del atentado, dándolo por cerrado con los culpables iraníes, con un método -además- cuestionado en el mundo del Derecho.  

Todos los presentes le pidieron a la Cámara que no le devuelva el planteo a Canicoba sin pronunciarse, sino que directamente declare la inconstitucionalidad del decreto. Prometieron resolver a más tardar en 20 días.