El gobierno congeló el proyecto de ley sobre el financiamiento de las campañas electorales, que había anunciado en julio, al desistir de presentar la iniciativa para modificar las reglas del financiamiento electoral.
  Desde Cambiemos intentaron responsabilizar al peronismo por la decisión. “No tiene sentido avanzar con la segunda etapa de la reforma política cuando no se obtuvo la primera”, señaló un referente del PRO en el Congreso, aludiendo al freno que le puso el PJ al voto electrónico.
El 28 de julio pasado el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, presentaron formalmente el inicio del debate para reformar la ley de financiamiento de los partidos y las campañas, con la promesa de que antes de fin de año buscarían que fuera sancionada. El anteproyecto fue escrito por la diputada Silvia Lospennato, con el aval del jefe de asesores de Presidencia, José Torello, pero en el despacho de Adrián Pérez también trabajaron en uno propio.
Una de las intenciones del macrismo con este proyecto de ley era que las empresas puedan volver a aportar en las campañas electorales, hoy prohibido. La ley actual también impide las contribuciones de contratistas del Estado, aunque el año pasado Cambiemos lo infringió: según un informe de Chequeado.com, Macri recibió unos 3 millones de pesos de compañías con vínculos contractuales con la ciudad de Buenos Aires. En su proyecto de Reforma Política, los senadores peronistas Juan Manuel Abal Medina y Omar Perotti habían incluido un apartado sobre el financiamiento que aspiraba a prohibir todos los aportes privados para que las campañas se financien en igualdad de condiciones con recursos públicos. Pero esa iniciativa también quedó en el camino.    
La directora de la Fundación Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Julia Pomares reclamó que no se le quite impulso a la nueva normativa en la materia. “Es preocupante que para 2017 no haya una reforma al financiamiento”, señaló. Esta ONG valora los cambios que se hicieron en 2009, cuando se establecieron los espacios gratuitos en los medios audiovisuales para todos los partidos políticos, pero entiende que deben hacerse nuevas modificaciones. Cree, por ejemplo, que la prohibición de los aportes de empresas favorecen las contribuciones en negro y aspira, entre otras cosas, a que se restringa la posibilidad de hacer aportes en efectivo porque este tipo de contribuciones favorecen el lavado y no permite saber si el origen de la plata es lícito. Cippec propone también que se disponga de inmediato la información sobre ingresos y gastos de campaña (que ahora se rinde luego de las elecciones) y a que las provincias regulen el financiamiento para las elecciones locales, ya que la ausencia de ese marco permite justificar irregularidades en el plano nacional.