El presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, calificó ayer de barbaridad la citación y amenaza de arresto de la fiscalía contra más de 700 alcaldes dispuestos a organizar el referéndum de autodeterminación prohibido, asegurando que se manifestará con ellos.

“Esto es una barbaridad. ¿Dónde, del mundo occidental o europeo, alguien puede pensar que deteniendo en el peor de los casos al 75 por ciento de los alcaldes del país está contribuyendo a solucionar el problema?”, dijo Puigdemont en una entrevista a la televisión pública catalana TV3. “Es una causa general, es una causa que recuerda a prácticas impropias de una democracia”, añadió. Mientras el presidente regional era entrevistado, algunos catalanes protestaban en sus balcones haciendo repicar cazuelas y sartenes contra la decisión del fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

En un nota Maza ordenó a los fiscales catalanes citar en calidad de investigados a los alcaldes dispuestos a cooperar en el referendo del 1 de octubre y, en caso de que no comparezcan, acordar su detención. La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) afirma que 712 alcaldes catalanes, de un total de 948, están comprometidos con la votación. Su presidenta, Neus Lloveras, denunció el hecho como muy grave y anunció una manifestación de protesta de los afectados el sábado en Barcelona. “Los acompañaré en ese acto”, dijo Puigdemont.

Los alcaldes que serán citados son aquellos que firmaron decretos para poner a disposición del gobierno catalán los locales necesarios para que se realice el referéndum. El ministerio público recordó que el Tribunal Constitucional suspendió hace unos días de manera cautelar la convocatoria del referéndum, prohibiéndolo de facto, y advirtió que las conductas dirigidas a su organización y celebración pueden constituir delitos de desobediencia, prevaricato y malversación de caudales públicos. El gobierno catalán del presidente Puigdemont pidió a todos la cesión de locales para la votación.

La presidenta de AMI respondió que los alcaldes de la asociación, que son la inmensa mayoría de los 712, acudirán a declarar, pero el partido antisistema y secesionista CUP, que apoya al gobierno catalán de la coalición separatista Junts pel Sí (Juntos por el Sí), anunció que sus 30 alcaldes no obedecerán a la Fiscalía. “Es un hecho insólito en Europa que hayan citado a más de 700 alcaldes por firmar un decreto de apoyo al Gobierno y al Parlament. Tenemos muy claro donde tenemos que estar y es al lado de la ciudadanía”, señaló Lloveras, quien es alcaldesa de la localidad de Vilanova i la Geltrú. La primera edil agregó que los alcaldes de AMI acudirán a declarar porque no tienen nada que esconder.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, llamó a los ciudadanos que sean citados como autoridades de mesa a no responder a la convocatoria. 

“Les pido a esas personas que no vayan, aunque les citen, porque sería un acto ilegal”, reclamó Rajoy en declaraciones a la prensa al término de una sesión parlamentaria. Asimismo, aseguró que intentó en reiteradas ocasiones negociar una salida con Puigdemont, pero que no fue posible porque el líder catalán no quiere renunciar al referéndum y eso es algo que ningún gobierno del mundo puede permitir. 

Por otra parte, un juez ordenó ayer el cierre de la página web que informaba sobre el referéndum. El portal dejó de funcionar, pero Puigdemont y otros dirigentes catalanes independentistas difundieron por la red social Twitter nuevos enlaces para la página que permitieron a los internautas esquivar así el cierre del dominio original llevado a cabo por la Guardia Civil española.