En medio de un clima de máxima tensión entre el gobierno central español y el regional de Cataluña, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sus consejeros y los líderes de los partidos y las entidades secesionistas dieron comienzo a la campaña electoral del referéndum de secesión de España convocado para el 1º de octubre. 

El líder independentista dio el puntapié inicial de la campaña con un acto en la localidad costera de Tarragona, unos 100 kilómetros al sur de Barcelona, pese a que Madrid insiste en que la consulta es ilegal y a que el Tribunal Constitucional la suspendió a la espera de una decisión formal de la Justicia. Unas 7500 personas clamaron en favor de votar y constituir una nueva república. “Cualquiera que tenga un mínimo de sentido común y a 18 días del referéndum, ¿alguien cree que no votaremos? Pero, ¿qué clase de país se creen que somos? ¿Qué tipo de gente se creen que somos? ¿Qué creen  que pasará el 1º de octubre? ¡Claro que votaremos!”, exclamó Puigdemont. 

Puigdemont enumeró todos los intentos del Estado para frenar el referéndum y proclamó que no serán suficientes para evitarlo. A su vez, denunció la “querellocracia” del Estado español y reivindicó un Estado catalán en el cual no se prohibirán actos, no se perseguirán urnas ni papeletas, no se amenazarán alcaldes, ni se intimidarán medios que quieren informar. “En Cataluña esto no lo haremos”, aseguró. El presidente catalán ironizó también sobre el hecho de que el gobierno central haya advertido de que este acto de campaña era un delito: “Dijeron que este acto no lo haríamos y no sólo lo hemos hecho, sino que con la gente que hay fuera lo podríamos hacer dos veces. O tres, o las que hagan falta”.

La policía española y la catalana tienen orden de impedir los preparativos para la votación, y el miércoles la Fiscalía General ordenó que se cite a declarar como imputados a más de 700 de los aproximadamente 900 alcaldes catalanes que firmaron decretos o directivas para permitir la consulta en sus localidades. El delegado del gobierno central en Cataluña, Enric Millo, advirtió a Puigdemont que si abría la campaña cometería un delito, y aunque insinuó que la policía no impediría el evento en particular, no descartó que la Guardia Civil impida en los próximos días la celebración de actos de campaña de un referéndum que considera ilegal.

La apertura de la campaña, que duró dos horas, se celebró en un ambiente festivo. Con tres enormes banderas colgadas en las gradas en las que se leía “Hola Europa”, “Hola República” y “Hola nuevo país”, el público celebró la decisión de la alcaldesa Ada Colau de ceder los locales de la consulta y hubo constantes gritos de dimisión contra el alcalde socialista de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, fiel a la legalidad constitucional. El mitin es el primero de los tres grandes actos que todos los partidos secesionistas tienen previsto celebrar en esta campaña que empezó ayer y concluirá el día 29. Puigdemont participará hoy en el que se celebrará en el Teatro Principal de Badalona.

Antes de Puigdemont tomó la palabra el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, quien centró su intervención en la movilización del votante del “NO”: “Es importantísimo”. Junqueras explicó que tiene que trabajar para convencer a los que rechazan la independencia de que el referéndum del 1 de octubre también es para ellos. Argumentó que votar es democracia porque considera que el voto es la dignidad del pueblo, y llamó a los asistentes a erigirse en defensores del derecho a voto”de los detractores de la independencia. “¿Por quién se sentirán más respetados y más queridos? ¿Por aquellos que hacemos todo lo que podemos para que puedan votar y se escuche su voto, o por los que hacen lo imposible por no dejarles votar?”, se preguntó.

El presidente catalán dijo ayer al canal TV3 que el gobierno central del presidente Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular (PP), creó un clima de hostilidad y paranoia en torno a la consulta. El gobierno de Cataluña anunció que dejará de enviar al gobierno central el informe semanal de sus gastos y que a partir de ahora lo hará con periodicidad mensual. Junqueras comunicó esta decisión en una carta enviada al Ministerio de Hacienda donde informa sobre el cambio y que, en consecuencia, no remitirá ninguna información más hasta pasado el 1º de octubre.

En julio pasado el Ejecutivo español había reclamado informes semanales a las autoridades catalanas, con el objetivo de fiscalizar que ningún dinero fuera destinado a financiar la celebración de la consulta independentista.

En la misiva, el vicepresidente catalán argumenta que el requerimiento para remitirlos semanalmente constituye un control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia.  Con esta atmósfera política que crece en tensión, la policía española quiere reforzar la presencia de sus agentes en Cataluña con vistas al referéndum secesionista. La Dirección General de la Policía está pidiendo agentes voluntarios entre las distintas Brigadas para desplazarse a Cataluña en estas fechas, y decenas de policías ya respondieron al requerimiento. 

Por otra parte, la dirección de Correos (el servicio postal público español) envió un mensaje electrónico a los centros operativos de Cataluña en el que comunica que la empresa deberá abstenerse de realizar la admisión de envíos, o llevar a cabo cualquier acto que pudiera estar relacionado con la consulta catalana. La empresa recuerda en su misiva que el Tribunal Constitucional acordó la suspensión de toda la normativa que regula el Referéndum de Autodeterminación de Cataluña, al haber sido impugnada, lo que conlleva la de cualquier actuación o iniciativa que traiga causa del mismo. 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo ayer que la Unión Europea (UE) respetaría un triunfo del SÍ en el referéndum, pero advirtió que Cataluña no podrá convertirse en miembro del bloque al día siguiente. La postura causó sorpresa, porque cambia parte del argumento que se había dado hasta el momento de esta cuestión desde Bruselas.