El presidente de Brasil, Michel Temer, volvió a ser denunciado ayer por corrupción ante la Corte Suprema por la fiscalía general. Casi tres meses después de la primera denuncia, que lo convirtió en el primer jefe de Estado del país en afrontar cargos penales durante su mandato.
El fiscal general, Rodrigo Janot, presentó cargos por asociación criminal y obstrucción a la Justicia en su nueva denuncia contra Temer ante el máximo tribunal del país, según detalló el Ministerio Público (fiscalía). Como en la primera ocasión, el Congreso tendría que levantar la inmunidad del presidente con una mayoría de dos tercios para que pueda ser juzgado. El paso es improbable, porque los aliados del líder conservador controlan ampliamente la Cámara.
El Congreso ya impidió a comienzos de agosto que Temer vaya a juicio por la primera denuncia, en medio de los graves escándalos de corrupción que sacuden al gigante sudamericano desde hace tiempo. Temer fue acusado ayer de formar parte de lo que la fiscalía calificó como el “PMDB de la Cámara”, un “organización criminal” formada por diputados del partido del presidente, el conservador Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que participaban en una trama de sobornos controlada desde el Parlamento.
“Michel Temer es acusado de haber actuado como líder de la organización criminal desde mayo del 2016”, señaló la fiscalía. El antiguo vicepresidente de Dilma Rousseff asumió entonces la jefatura de Estado, inicialmente de forma interina, por la destitución de la mandataria. Además de a Temer, Janot denunció a otros seis miembros del PMDB, entre ellos a dos ministros, el jefe de Gabinete, Eliseu Paldilha, y Wellington Moreira Franco, ministro jefe de la Secretaria General de la presidencia.
También están incluidos en la denuncia los colaboradores de Temer: el ex ministro de gobierno, Geddel Vieira Lima, detenido la semana pasada luego de que se le atribuyeran 16 millones de dólares en un apartamento en Bahía y el ex asesor personal de Temer, Rodrigo Loures, quien recibió una valija de 160 mil dólares de parte de JBS, cuyo gerente general, Ricardo Saud, también aparece denunciado. También figura el ex presidente de la
Cámara de Diputados, Eduardo Cunha y el ex ministro de Turismo, Henrique Alves. Todos formaron parte de la cúpula de poder del PMDB en los últimos años.
El caso fue elevado al Supremo Tribunal Federal (respecto a las personas con fueros) y la aparición de la denuncia había sido anticipada por el propio Temer, que en un comunicado acusó al fiscal Janot de llevar adelante un proceso contrario al Estado Democrático de Derecho. Desde que el PMDB de la Cámara de Diputados llegó a un acuerdo con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en 2006, según Janot, el grupo de Temer comete delitos en empresas públicas a las que accedió por ser parte del oficialismo parlamentario.
A finales de junio Janot denunció a Temer por tres cargos (corrupción pasiva, lavado de activos y organización criminal). Esa denuncia estaba basada en un testimonio del empresario Joesley Batista, dueño del gigante del sector de la carne JBS, que llegó entonces a un acuerdo de colaboración con la Justicia (delación premiada) para evitar ir a juicio. Batista admitió que su grupo empresarial pagó sobornos durante años al partido de Temer para asegurarse su apoyo político. La Justicia anuló sin embargo hace unos días el acuerdo de delación premiada de Batista por acusaciones de que éste escondió información y el empresario fue incluido ayer en la nueva denuncia junto con el directivo de JBS Ricardo Saud.
Temer niega los cargos y rechaza dimitir pese a la crisis institucional que puso en peligro la tímida recuperación económica brasileña, tras dos años de recesión (-7,4 por ciento entre 2015 y 2016). La denuncia contra el presidente está enmarcada en el caso “Lavo Jato” (“Lavado de autos”), una megacausa que investiga una enorme red de corrupción política desde hace más de tres años. En Brasil se esperaba desde hace días que Janot presentase una nueva denuncia contra Temer antes del final de su mandato como fiscal general este domingo.
La Corte Suprema allanó el miércoles el camino para la denuncia al rechazar un pedido de la defensa de Temer para retirar al fiscal de su caso acusándolo de actuar por intereses políticos. En el país se espera con expectación la posición que asumirá la próxima fiscal general, Raquel Dodge, designada por Temer, respecto a las denuncias contra el presidente. El mandatario nombró a Dodge en junio en contra del uso habitual de los últimos años, según el cual los fiscales brasileños presentaban una lista recomendando a los mejores candidatos para el puesto. Dodge era segunda en esa lista.
