Ayer por la tarde, con un gran acto público en el Palacio de la Moneda, la presidenta chilena Michelle Bachelet promulgó la ley que despenaliza el aborto en tres causales (por violación, riesgo de vida de la madre e inviabilidad del feto). “Lo que aquí ha primado es la idea razonable, humana y comprensiva de que nadie más puede decidir, en tres situaciones difíciles, si ellas continúan o no con su embarazo”, dijo la presidenta ante más de mil personas, entre quienes se encontraban ministros del gobierno, políticos, referentes sociales, de la cultura y el espectáculo.
Bachelet advirtió que la sanción y la promulgación de la ley 21.030 “representa un paso histórico”. “Es un día largamente esperado por las mujeres en Chile. Hoy por fin firmamos la ley que permite interrumpir el embarazo en tres casos sumamente precisos y difíciles. Hablamos de una determinación delicada, personal e intransferible, una decisión que nunca es razón de festejo porque está precedida de dolor y angustia”.
La presidenta chilena recordó que, hasta ahora, para cada uno de los tres casos que regula la nueva ley “la respuesta oficial del Estado había sido el castigo, la condena y la denegación absoluta del derecho a decidir de las mujeres”.
“El Estado asume ahora un rol que es irrenunciable: garantizar derechos y alternativas para tomar las decisiones libremente. Estamos poniéndonos a tono con las legislaciones del mundo, que nos hicieron ver que la penalización a todo evento representaba un incumplimiento en materia de derechos humanos”, añadió la presidenta. Durante el acto, además, Bachelet recordó el largo proceso de tramitación parlamentaria y debate en la opinión pública que precedió a la sanción. “Durante estos años debatieron para encontrar una solución a los problemas valorando la opinión de todos, sin imponerle nada a nadie y sin atacarnos para quedarnos con la última palabra, por lo que Chile se ganó el derecho a discutir éste y todos los temas sin mordazas”, añadió. Antes de la promulgación, la ley pasó cuatro trámites legislativos, y la evaluación del Tribunal Constitucional.
