En Uruguay, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el proyecto de ley que tipifica el femicidio como delito especialmente agravado, iniciativa que había sido impulsada por el Poder Ejecutivo y recibido modificaciones en el Senado. La norma establece una pena mínima de 15 años de prisión y una de 30 como máxima, y define el femicidio como agravante del homicidio cuando la víctima es mujer y se pueda acreditar que el crimen tiene componentes de odio en razón de género. También considera el peso de la existencia de conductas de violencia previas, violencia sexual o represalias luego de que la mujer se negara a establecer una relación de pareja. El proyecto recibió apoyos de los legisladores del FA y los partidos Nacional y Colorado. En 2017, hubo 20 femicidios.