El Gobierno elevó ayer al Congreso su proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal, el cual implica un fuerte límite al gasto, al endeudamiento y a la contratación de personal en el sector público para las provincias. El objetivo es poder exhibir un recorte en el déficit presupuestario. La iniciativa fue presentada en la Cámara de Senadores por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien estuvo acompañado por su par Interior, Rogelio Frigerio. El proyecto obliga a las provincias a mantener constante el gasto corriente en términos reales (descontada la inflación), no aumentar la relación de cargos ocupados en el sector público, establecer pautas de fin mandato a los gobiernos provinciales para que no aumenten el gasto durante los últimos seis meses de administración y que no eleven la presión fiscal impositiva principalmente para las empresas, entre otros puntos. “Para que haya inversión necesitamos estabilidad, reglas de juego claras y ser solventes”, afirmó Dujovne, quien calificó la propuesta de revolucionaria, mientras que Frigerio auguró que su aprobación permitirá que baje el riesgo país. 

En una breve exposición en la Cámara alta, Dujovne realizó la presentación formal del proyecto de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, acordado con casi todas las provincias, con excepción de San Luis y La Pampa. El objetivo es aprobarlo este año antes de que se trate la Ley de Presupuesto 2018, que el mismo ministro presentará hoy en Diputados. Al comienzo de la reunión se firmó un acta entre los integrantes del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal para dar comienzo a la discusión parlamentaria, que suscribieron Dujovne y Frigerio, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y de Diputados, Emilio Monzó, junto a los ministros de Hacienda porteño, Martín Mura; de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Lisandro Nieri; y el de Economía e Infraestructura, Norberto Bruno. 

“Sin solvencia fiscal, es muy probable que de alguna manera terminemos afectando derechos de terceros, generando una de las tantas crisis que ha tenido la Argentina”, adelantó el titular de Hacienda. “La manera que tenemos de asegurarnos que vamos a ser solventes en el mediano y largo plazo es tener un tamaño del gasto público consistente, con una presión tributaria en el que Argentina pueda desarrollarse y crecer. Si no tenemos un Estado austero, bien enfocado en el gasto social, en definitiva vamos a estar a expuestos a eventos internacionales que no controlamos, con lo cual la única manera de garantizar la solvencia fiscal es teniendo un sector público que podamos financiar y que sea consistente con impuestos que sean pagables”, agregó. 

El proyecto

Según adelantó el ministro el proyecto busca “poner límite al crecimiento del gasto”. “Para la Nación vamos a mantener constante el gasto primario, en términos reales, de aquí en adelante; y para las provincias hay diferencias entre las que tienen superávit y las que cuentan con déficit financiero.” Según la iniciativa, las provincias que adhieren van a tener fuertes condicionamientos respecto de sus decisiones de gastos corrientes y de carácter de permanente. Para ello, primero deberán presentar a los 90 días de aprobado el Presupuesto Nacional en sus respectivas legislaturas, con carácter no vinculante, las proyecciones plurianuales para el trienio siguiente. 

El proyecto establece que la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional. Esta regla se aplicará para la etapa de presupuesto y de ejecución. Se excluyen los gastos que provengan de transferencias del Estado nacional por coparticipación o por préstamos con organismos internacionales. En el caso de las provincias con resultado deficitario, todo gasto primario estará limitado por al aumento del índice de precios minoristas. A partir del ejercicio fiscal 2020 las provincias que muestren una situación equilibrada no deberán cumplir con estos limitantes sobre el gasto. Durante los dos últimos trimestres del año de fin de mandato, no podrán realizar incrementos de gasto corriente de carácter permanente.

Los adherentes al Régimen de Responsabilidad Fiscal “se comprometen a no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público (en planta permanente, temporaria y contratada) existente al 31 de diciembre de 2017”, según el texto de 12 carillas del proyecto. Las jurisdicciones que hayan alcanzado un resultado financiero superavitario o equilibrado podrán incrementar la planta de personal siempre que esté asociada a nuevas inversiones que impliquen una mayor prestación de servicios sociales, como Educación, Salud y Seguridad.

También deberán comprometerse a no incrementar la presión fiscal sobre el sector productivo. “Acordarán la adopción de políticas tributarias, tendientes a armonizar y no aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento, con la finalidad común de lograr el crecimiento de la economía nacional y las economías regionales”, detalla la iniciativa.

Con el objetivo de evitar que se financien mediante la venta de activos o mayor financiamiento externo, se aplican límites a esas prácticas. En el primer caso, se incorpora un artículo que establece que “la venta de activos fijos deberá destinarse a financiar erogaciones de capital”. Sobre el endeudamiento, el proyecto prevé que las jurisdicciones adherentes tomen las medidas necesarias para que el nivel de deuda en ningún ejercicio fiscal implique que “los servicios (intereses y capital) superen el 15 por ciento de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios. Tampoco podrán emitir títulos en moneda extranjera. Las jurisdicciones que superen el 15 por ciento no podrán acceder a nuevo endeudamiento, salvo que se trate de refinanciamiento de los compromisos existentes.